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El programa de unos 2.200 millones de dólares prioriza la asfixia financiera de las organizaciones criminales, el fortalecimiento de la seguridad en el sistema penitenciario, la mejora de la investigación y esclarecimiento de homicidios y la lucha contra el tráfico de armas. Desde el año 2000, Brasil ha elaborado 10 planes nacionales de seguridad pública. En el caso de Lula, se trata de su cuarto intento.