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Un estado de excepción que podría durar 8 meses sin consultar al Congreso y una eventual lista de organizaciones criminales que provocó duras críticas por su posible elaboración son parte de las propuestas presentadas por el gobierno en su reforma constitucional pro seguridad. El proyecto desató airadas críticas y también fuertes apoyos en el Congreso y sigue sin convencer del todo al propio oficialismo.