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El Noveno Juzgado Civil de Santiago dictaminó que el Estado de Chile deberá indemnizar con un total de  $51.200.000 a D.E.A.L., a quien le fue arrebatado un ojo tras ser impactado por una bomba lacrimógena lanzada por un efectivo de Carabineros, en el marco de una manifestación registrada en la capital noviembre de 2019, durante la revuelta social.

En la resolución, el juez Patricio Ponce Correa acogió parcialmente la demanda, tras establecer que, en la especie, se configura la responsabilidad del Estado por falta de servicio y ordenó que la víctima reciba $1.200.000 por daño emergente y $50.000.000 por concepto de daño moral, cifras que serán reajustadas según el índice de precios al consumidor hasta su pago efectivo.

Los hechos que motivaron la acción se remontan a la tarde del 12 de noviembre de 2019, en pleno estallido social que conmocionó a Chile a partir del 18 de octubre de ese año. Aquel día, D.E.A.L. se dirigió al sector de Plaza Italia con la intención de sumarse a las manifestaciones. Cerca de las 19:30 horas, mientras intentaba cruzar la calle Ramón Corvalán, escuchó disparos provenientes de un grupo de Carabineros, por lo que decidió resguardarse tras un paradero de buses ubicado sobre la Avenida Bernardo O’Higgins.

Fue en ese punto donde recibió el impacto directo de una bomba lacrimógena, disparada mediante una carabina lanza gases, que impactó con violencia en el costado izquierdo de su rostro, a la altura del ojo, cuando miraba hacia el piquete policial que se encontraba a solo unos 20 metros de distancia.

Las consecuencias fueron devastadoras. Según consta en el fallo del juez Ponce Correa, el proyectil le provocó fracturas nasales y un trauma ocular severo que derivó en la pérdida total e irremediable de la visión del ojo izquierdo. Ningún funcionario de Carabineros le prestó auxilio; fueron otros manifestantes quienes lo trasladaron a una ambulancia que lo condujo a la Clínica Santa María.

Allí se confirmó la gravedad de las lesiones, que requirieron una evisceración del globo ocular —es decir, el vaciado quirúrgico del ojo—. En enero de 2020, D.E.A.L. recibió la implantación de una prótesis ocular definitiva, y en marzo de ese mismo año fue dado de alta. Además, tuvo que someterse a una segunda intervención para enderezar su tabique nasal producto de las fracturas.

Pérdida total e irremediable de la visión en el ojo izquierdo

El tribunal, tras realizar una inspección personal del demandante y analizar la prueba testimonial, concluyó que las secuelas trascienden lo meramente físico. “El demandante sufrió la pérdida total e irremediable de la visión de su ojo izquierdo, debiendo someterse a la evisceración del globo ocular y al uso permanente de una prótesis, lo que constituye una alteración corporal de carácter definitivo, con repercusiones funcionales y estéticas evidentes”, sostiene el fallo.

Los testimonios dieron cuenta de un cambio significativo en su vida cotidiana: disminución de su autonomía, limitaciones para realizar actividades laborales —especialmente trabajos en altura, su oficio habitual, que requiere percepción de profundidad—, mareos constantes, dificultades para conducir vehículos y para subir y bajar escaleras con normalidad.

El magistrado subrayó que el daño moral no necesita una prueba directa del sufrimiento, pues “basta para su configuración la acreditación de hechos que permitan inferirlo conforme a las reglas de la experiencia”.

En este caso, la pérdida irreversible de un órgano sensorial y el impacto emocional, social y laboral derivado configuran una afectación que “se proyecta en el tiempo como una alteración permanente en la forma en que el demandante se desenvuelve en su vida diaria”. El tribunal rechazó, la demanda por lucro cesante y eximió al Fisco del pago de costas.

La sentencia, que condena al Estado por la falta de servicio de sus agentes, se convierte en un nuevo precedente sobre las agresiones perpetradas por Carabineros durante la represión contra os ciudadanos que participaron en las movilizaciones de la revuelta social.

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