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Aunque no se acreditó una mala praxis en la técnica de la extracción, la Cámara de Apelaciones condenó al profesional por no haber obtenido el consentimiento informado por escrito de la paciente. El tribunal reconoció una indemnización por la pérdida de chance al considerar que fue privada de su derecho a decidir si aceptaba o no el procedimiento