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La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucionales cuatro artículos de la Ley de Escuelas Protegidas, desató una oleada de críticas desde la oposición que calificó el revés judicial como un «estrepitoso fracaso» del Gobierno de José Antonio Kast y advirtió que “legislar a tontas y a locas» no beneficiará a la educación ni al país.

La sesión del martes en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados estuvo marcada por el contundente portazo del órgano jurisdiccional que con su fallo tumbó disposiciones clave de la cuestionada normativa impulsada por La Moneda entre las que figuran la pérdida del beneficio de la gratuidad universitaria por cinco años para los estudiantes condenados por delitos graves; la revisión de mochilas; así como la prohibición del uso de capuchas y elementos que dificultaran la identificación facial de los estudiantes.

El Tribunal estimó que excedían los márgenes constitucionales, afectando garantías fundamentales como la igualdad ante la ley, el derecho a la educación, la privacidad y el debido proceso, lo que obligará al Ejecutivo a promulgar la ley excluyendo las normas objetadas.

Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar y apuntaron directamente a la forma en que el Gobierno condujo la tramitación legislativa. La diputada Emilia Schneider (FA) fue una de las voces más duras al recordar que durante todo el proceso se presentaron advertencias reiteradas sobre el diseño del proyecto.

«Lo dijimos en innumerables ocasiones, presentamos más de 70 propuestas para mejorar este proyecto, invitamos voces técnicas que criticaron esta iniciativa y el Ministerio de Educación les dio un portazo», denunció la parlamentaria, evidenciando el desprecio que a su juicio mostró el Ejecutivo hacia las observaciones técnicas y de fondo planteadas por la oposición.

 «Quienes pierden con este estrepitoso fracaso son las comunidades educativas»

El cuestionamiento de Schneider no se limitó al contenido del proyecto, sino que se extendió a la metodología legislativa empleada por el Gobierno. La frenteamplista sostuvo que el debate legislativo no fue considerado en su mérito y que existieron críticas sistemáticamente desatendidas durante la discusión. «Se nos dijo mucho que estábamos tratando de dilatar o entorpecer, pero lo cierto es que estábamos velando porque este proyecto se ajustara al marco normativo del país», afirmó, aludiendo a los requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional por la oposición que finalmente resultaron en el fallo.

La diputada calificó la estrategia gubernamental con una frase que resonó con fuerza en la comisión: «Legislar a tontas y a locas no le va a traer beneficio ni al país ni a la educación chilena» y enfatizó que los impactos negativos de esta decisión judicial recaen directamente en las comunidades educativas, quienes terminan siendo las principales perjudicadas por lo que describió como un «estrepitoso fracaso» de la administración de Kast.

«Quienes pierden con este estrepitoso fracaso son las comunidades educativas, no somos nosotras ni nosotros«, sentenció, en declaraciones recogidas por Diario U. de Chile.

El diputado Juan Santana (PS) se sumó a las críticas y cuestionó el resultado legislativo de la iniciativa, señalando que el proyecto no tendrá efecto alguno en las comunidades educativas y además contiene normas ilegales para el marco constitucional. Santana respaldó las advertencias previas al afirmar que «todos los expertos habían advertido lo mismo, pero decidieron igualmente pasar la planadora».

Frente a este escenario, la ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que desde La Moneda esperarán conocer el fallo completo del ´órgano jurisdiccional antes de definir una postura. «Claramente acá hay un fundamento que todavía no conocemos y por lo tanto nos impide pronunciarnos más a fondo sobre el fallo del Tribunal Constitucional», explicó la secretaria de Estado.

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