En la novela La Tregua, Mario Benedetti describe los monótonos días de Santomé, un empleado público a punto de jubilarse, que lleva décadas atrapado en un trabajo burocrático. La rutina es el telón de fondo permanente: planillas, jefes, compañeros mediocres, el conteo regresivo hacia la jubilación.
Se ha descrito con suficiente extensión las dificultades que enfrenta la renovación y construcción de nueva infraestructura hospitalaria, producto de la captura de grupos de interés en Monumentos Nacionales, Servicio de Evaluación Ambiental y el propio Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, en el mismo corazón del sector hay instancias que dificultan el progreso y emprendimiento, comprometiendo el acceso a la salud de la población. Destacable, en primer lugar, es la exigencia de autorización sanitaria explícita para cualquier centro de salud, vacunatorio, clínica, hospital, sea público o privado. Como dice su nombre, esta autorización es un requisito sin el cual no se pueda iniciar las operaciones de un servicio que puede ayudar eficazmente a la comunidad. En el demonio autopoiético (Maturana-Valenzuela) de la burocracia y el afán por alimentar el monstruo de la papelería y documentos, se produce un sinsentido en el cual la población pierde y se retarda la inversión en salud, área, además, de desarrollo económico muy relevante para el país.
Esta autorización sanitaria depende de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, que no tienen plazo para responder. Se dio, por ejemplo, la paradoja que al inicio de la pandemia había cuatro grandes hospitales en Chile terminados, pero que no contaban con esta autorización, lo que demoraría el inicio de las actividades en ocho meses. Se corrigió con una Alerta Sanitaria.
La falta de rigor en los plazos de entrega de la autorización es lamentable. Existen normas iterativas o claramente inútiles que deben ser revisadas en una crisis como la que vivimos. Como se ha señalado, los temas de salud constituyen una verdadera emergencia. Hay que mirar no solo a los directivos que dirigen los centros y servicios de salud, sino también las estructuras obsoletas que impiden que los problemas se resuelvan con la celeridad que se requiere.
La asimetría autobenevolente del Estado respecto a la autorización sanitaria no deja de ser paradójica, ya que en el sector privado es absolutamente exigible que cada centro de salud cuente con ella. Sin embargo, a la fecha, más de la mitad de los centros de salud familiar no cuentan con este permiso y es poco probable que cumplan, la mayoría de ellos, con las condiciones mínimas para satisfacerla.
No es el caso de derogar el requisito de la autorización. Es un mecanismo adecuado para garantizar la calidad y seguridad de los pacientes. Sin embargo, es necesario modernizar y hacer a las autoridades respectivas conscientes y responsables administrativamente del daño que provocan. Efectivamente, hay que dejar “la tregua” y pasar en verdad del trabajamos para nosotros, al trabajando para usted.
Por Jaime Mañalich, médico
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