El Ciudadano
El cabo de la Armada que atropelló a Manuel Rebolledo es el único condenado de su institución que podría ser liberado por «defender la patria».
El 21 de octubre de 2019, en la población Libertad de Talcahuano, el cabo primero de la Infantería de Marina, Leonardo Esteban Medina Caamaño, conducía un camión militar en medio del Estado de Emergencia. En un operativo destinado a controlar saqueos, el desvió el vehículo de la calzada e ingresó a un sitio eriazo para perseguir a un grupo de manifestantes, impactando de lleno al joven de 23 años Manuel Rebolledo Navarrete. El conocido como «El Polera», murió instantáneamente por las ruedas de la patrulla, convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos de violencia estatal en la Región del Biobío.
A casi siete años de aquel suceso, el nombre de Medina cobra una relevancia política inesperada al figurar como el único representante de la Armada en la lista de 102 uniformados condenados por hechos del estallido social. José Kast ya manifestó su intención de utilizar la facultad del indulto para aquellos funcionarios que, a su juicio, actuaron en defensa del país. Esta postura genera un choque directo con la oposición, quienes acusan la validación de la impunidad desde La Moneda.
Al momento del atropello, Medina formaba parte de las dotaciones desplegadas para el control del orden público, y tras el incidente, contó con el respaldo de sus superiores. El contraalmirante Carlos Huber llegó a declarar que el uniformado no tenía inconvenientes para retomar sus funciones, lo que permitió que el cabo continuara en servicio activo mientras la familia de la víctima pedía justicia.
En sus primeras declaraciones ante la Fiscalía, el infante de marina intentó instalar la postura de la fatalidad, asegurando que no tuvo intención de arrollar al joven y que todo fue un accidente en medio de la persecución. «Frené, esta persona resbaló y no lo vi más», sostuvo en su momento, sin embargo, los peritajes y un video captado por la empresa pesquera Frigorífico Pacífico mostraron que el vehículo no detuvo su marcha y que se dirigió directo a los pobladores que huían.
El proceso judicial contra el cabo estuvo marcado por una lentitud que la familia Rebolledo calificó como una estrategia de desgaste. Inicialmente fue formalizado por cuasidelito de homicidio, una figura que trata el crimen como una imprudencia temeraria. Esto le permitió transitar casi todo el proceso en libertad, con firma quincenal y arraigo, sin pasar un solo día en prisión preventiva. Para los padres de Manuel, esta disparidad de criterios fue una «burla» constante por parte de los tribunales de Concepción.
Recién en 2021 la Fiscalía reformalizó al marino por homicidio simple, solicitando incluso 12 años de cárcel, pero el Tribunal Oral en lo Penal desestimó la intencionalidad, condenándolo finalmente a una pena menor. Ante esto, Manuel Rebolledo Ibacache, padre de la víctima, denunció que «juegan con la gente pobre, habiendo una imagen queda a la vista que no fue cuasidelito, él aumentó la velocidad», tras conocer un fallo que permitió al agresor seguir en su hogar, asegurando que seguirían hasta el final.
A nivel político, incluso Michelle Bachelet se sumó en su momento para señalar que «hay un homicidio» evidente en los registros. Por otro lado, el respaldo institucional al cabo fue blindado por las autoridades de la época, como por el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, quien aseguró que en el actuar de las Fuerzas Armadas no hubo violaciones a los derechos humanos y que se cumplieron los protocolos. Esta narrativa es la que ahora retoma Kast para justificar posibles beneficios carcelarios.
Mientras el Ejército concentra 16 condenas y Carabineros 85 sentencias contra uniformados, Medina es el único marino en esta lista de posibles beneficiarios del indulto. Su caso representa la tensión entre la verdad jurídica que lo declaró culpable de homicidio, y la posición oficialista que busca bautizar a los condenados como héroes que cumplieron con su deber.
La sentencia definitiva de 541 días de presidio, ratificada por la Corte Suprema en 2023, ya contaba con el beneficio de remisión condicional, lo que en la práctica significó que Medina nunca pisó la cárcel. Sin embargo, su inclusión en los indultos de Kast buscaría limpiar su historial administrativo y eliminar las consecuencias de su condena. Para el actual Gobierno, borrar los antecedentes de Medina es un acto de «justicia» para quienes enfrentaron el estallido, mientras que para la población Libertad es la confirmación de la impunidad.
Actualmente, el cabo Medina sigue gozando de su vida familiar y profesional, una realidad que la familia Rebolledo contrasta con el vacío que dejó, sosteniendo que «su asesino goza de sus hijos mientras la hija de Manuel crece sin su padre». La posibilidad de un indulto presidencial no solo extinguiría su responsabilidad penal, sino que oficializaría el relato de que su actuar en Talcahuano fue un acto de servicio.
Leonardo Medina Caamaño ahora depende de La Moneda, donde la firma de Kast podría transformar a un condenado por homicidio en un «defensor de la patria» perdonado por el Estado.
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