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Fiel a su estilo y a sus promesas de campaña, el gobierno del presidente Kast está partiendo con el acelerador a fondo, lo cual tiene desconcertado al mundo opositor, que está reaccionando con críticas puntuales sin mirar el cuadro global. En el caso de la tributación a las empresas lo que se está proponiendo es la disminución del impuesto a las utilidades desde 27 por ciento a 23 por ciento, complementado con la propuesta de regresar al esquema de plena integración tributaria entre personas y empresas, y que permite a las personas utilizar como crédito tributario el impuesto de primera categoría pagado por las empresas en las que son socios.

Habiendo amplio consenso técnico en cuanto a la necesidad de reducir el impuesto que pagan las empresas -el exministro Marcel presentó un proyecto en esa línea, consciente de que Chile estaba perdiendo competitividad a causa de ello-, ya están surgiendo críticas a la propuesta a partir de análisis parciales. La primera crítica se centra en que si bien la rebaja en el impuesto tiene un efecto positivo en la inversión, y por ende en el crecimiento económico, la mayor recaudación que se obtendría por esta vía no sería suficiente para compensar lo que se deja de recaudar por la disminución de la tasa. Esta es una crítica vacía, por cuanto nadie desconoce que el efecto neto en recaudación es negativo, y por tanto obviamente será necesario buscar elementos de compensación por el lado de reducciones permanentes en el gasto, de eliminar exenciones, de aumentar los controles a la evasión, etc. Una segunda crítica apunta a que se trataría de una medida regresiva, por cuanto los beneficiarios pertenecen a los sectores de más altos ingresos. Hace ya muchas décadas que los avances de la ciencia económica permitieron demostrar que quienes paga realmente los impuestos -lo que se conoce como incidencia tributaria- no son necesariamente aquellos a los que la ley identifica, como lo serían los dueños de las empresas en este caso, sino que la carga efectiva va a depender de cuáles sean las condiciones de mercado de los distintos factores productivos. En el caso de un país como Chile, un impuesto más alto a las utilidades de las empresas lo que logra es que los capitales locales fluyan hacia otras latitudes -conocemos varios casos-, y los que verdaderamente terminan pagando el costo son los trabajadores como consecuencia de un menor empleo y de remuneraciones más bajas.

Pero más allá de las cifras, que son un elemento fundamental -especialmente en lo relativo a las finanzas públicas-, no hay que perder de vista lo que subyace a todo lo que se está anunciando, y que no es otra cosa que el de transformar nuevamente a la empresa privada en el motor del proceso de desarrollo, en un contexto de libertad de emprendimiento, pasando el Estado a desempeñar un rol eminentemente facilitador. Esta es una diferencia sideral con lo que fue la tónica en el gobierno anterior, y es esto lo que augura un futuro mucho más promisorio.

Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES), U. del Desarrollo