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La reciente aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial ha provocado reacciones encontradas en Honduras. Mientras sus promotores sostienen que busca brindar seguridad jurídica a las inversiones y proteger la producción nacional, diversos sectores sociales y organismos internacionales advierten sobre posibles efectos en los conflictos agrarios y los derechos de comunidades campesinas e indígenas.