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SEÑOR DIRECTOR:

Cuando discutimos sobre cargas tributarias y el traspaso forzoso de recursos desde sus creadores y dueños al Estado, no solo estamos hablando de un pacto tributario sino también de uno social y político.

Cada gobierno ha tenido la noble intención de crear las condiciones que permitan mayor inversión y empleos, sin embargo para esto existen recetas diametralmente distintas. El gobierno del Presidente Boric, en la lógica que lo inspiraba, optó por la retórica del aumento de impuestos y una política de gasto público expansivo con cierta indiferencia ante el resultado deficitario de sus presupuestos. Esta actitud fue evaluada por los chilenos en las urnas y, en consecuencia, la candidatura de continuidad perdió las elecciones.

Hace pocos días, el nuevo gobierno presentó su proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional con una propuesta novedosa: alivio tributario para atraer inversión, generar crecimiento y dinamizar el mercado laboral para enfrentar la cesantía. Ante ello, la respuesta de cierta oposición ha sido la exigencia de compensaciones a la declarada realidad de menores ingresos fiscales.

Todos sabemos que una menor recaudación se puede compensar por vía de deuda, aumento de impuestos, crecimiento económico y reducción del gasto público. Los dos primeros caminos han sido ampliamente aplicados en gobiernos anteriores y los resultados están a la vista: 3 de 4 años deficitarios en la administración Boric, una deuda cuyos intereses le cuestan al país del orden de cuatro mil millones de dólares anuales y 850.000 personas que buscan, pero que no encuentran, empleo. Más allá, desde 2014 se han aumentado permanentemente los tributos y la recaudación fiscal, excluyendo los ingresos mineros, no ha aumentado.

Cumpliendo el mandato ciudadano, el Presidente de la República ha presentado un proyecto que opta por una receta diferente. Una apuesta por disminuir la carga tributaria y volver a poner como eje la inversión y la creación privada de empleo. Al mismo tiempo, el ministro Quiroz ha liderado una intensa política de reducción del gasto público, que ya ha comprometido casi US$ 2.000 millones de ajuste fiscal. Se trata de compensaciones a las que no estamos habituados en nuestro país pero que, al mismo tiempo, están en el núcleo del ideario político y social de quienes triunfaron en las elecciones y cuyos resultados han sido positivos en diversos tiempos y latitudes.

Julio Isamit

Director ejecutivo Res Publica, académico Derecho USS