El Ciudadano
2025: Ley Lafkenche, modelo global de derechos indígenas y conservación marina, sobrevive al asedio legislativo y judicial en Chile
APORTES Y RECONOCIMIENTO GLOBAL DE LA LEY LAFKENCHE
En 2025, la Ley 20.249 o Ley Lafkenche se consolidó como un referente mundial. El informe anual de la ONU sobre océanos y derechos humanos, elaborado por la Relatora Especial Astrid Puentes Riaño, la reconoció como un «modelo ejemplar» y un «estándar global» para la protección de los derechos indígenas y la gobernanza oceánica inclusiva.
Puentes destacó que esta ley, lograda tras décadas de lucha mapuche-lafkenche, permite a las comunidades gestionar el maritorio para actividades como la pesca y ceremonias, protegiendo sus vínculos culturales, espirituales y económicos con el mar.
Su implementación demuestra una gobernanza inclusiva y sostenible. En Hualaihué, el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Mañihueico-Huinay, el más grande de la zona con 83 mil hectáreas, integra en su Plan de Administración a 19 comunidades indígenas, 32 sindicatos de pescadores, 55 miticultores y decenas de otros actores locales.
Este modelo, también es parte de la realidad de lugares como Apiao y Caulín, donde la realidad demuestra la compatibilidad entre los usos ancestrales, la pesca artesanal y otras actividades económicas, armonizando la conservación con el desarrollo local.
El año cerró con un hito administrativo positivo: la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) dio luz verde al ECMPO bi-regional «Tirúa-Danquil», solicitado por veinte comunidades mapuche-lafkenche de las regiones del Biobío y La Araucanía. Este avance consolida un reconocimiento histórico a la gestión territorial ancestral.
EL ASEGIO POLÍTICO, JUDICIAL Y MEDIÁTICO PARA DEBILITARLA
Paradójicamente, mientras era aclamada internacionalmente, la Ley Lafkenche enfrentó en Chile una ofensiva sistemática para su modificación o eliminación. El año comenzó con un fallo crucial del Tribunal Constitucional (TC). El 9 de enero de 2025, el TC declaró inconstitucional el artículo 48 de la Ley de Presupuesto 2025, una indicación impulsada por parlamentarios de Renovación Nacional, encabezado por Mauro González, que buscaba suspender por un año la tramitación de nuevos ECMPO. El Tribunal sentenció que la norma «vulnera derechos indígenas» y que «no puede utilizarse la vía financiera de la Ley de Presupuestos para innovar en el contraste con leyes vigentes».
A pesar de este revés, el lobby para modificar la ley avanzó en el Congreso. El 29 de abril, la Comisión de Intereses Marítimos del Senado, despachó en particular un proyecto de reforma a la Ley 20.249, impulsado por senadores como Fidel Espinoza y Carlos Kuschel, entre otros. La moción, tramitada sin consulta indígena –requisito del Convenio 169 de la OIT–, busca, entre otros puntos, limitar las solicitudes e incluir el «silencio negativo». Lorena Arce, del Observatorio Ciudadano, advirtió que «ninguna de las modificaciones propuestas son necesarias», señalando que los problemas son administrativos, no legislativos.
La industria salmonera fue identificada como la principal impulsora de este cambio. Loreto Seguel, del Consejo del Salmón, y Tomás Monge, de SalmonChile, argumentaron públicamente que la ley genera «incertidumbre» y «conflictividad». Sin embargo, datos oficiales desmienten las acusaciones de abusos: una solicitud de información a Sernapesca reveló que, en 17 años de vigencia, no existe ni una sola denuncia formalizada por mal uso o infracción en los ECMPO. “Legislar sobre rumores sin pruebas es un acto de irresponsabilidad y racismo institucional”, se denunció desde la Plataforma de Espacios Costeros.
La ofensiva también tuvo un componente político-mediático agresivo. Siendo candidato presidencial, en tiempos de campaña, José Antonio Kast afirmó que la ley «se presta para abusos» y propuso vetar solicitudes pendientes. Johannes Kaiser del PNL, fue más lejos, proponiendo su eliminación y tildándola de «indigenismo antichileno».
En medios, diarios como El Mercurio publicaron titulares como “Rechazan solicitudes… que ponían en riesgo 368 concesiones acuícolas”, información que el geógrafo Álvaro Montaña calificó como «una tergiversación, una noticia falsa», recordando que la ley prohíbe otorgar ECMPO sobre concesiones vigentes.
A nivel territorial, las comunidades sufrieron dilaciones y rechazos arbitrarios. En Aysén, la CRUBC desató un fallo de la Corte Suprema y rechazó por segunda vez los ECMPO de las comunidades Antünen Rain y Pu Wapi, ignorando sus propuestas de reducir en un 50% las áreas solicitadas para compatibilizar con concesiones salmoneras.
En Los Lagos, el Gobernador Regional Alejandro Santana fue denunciado ante los tribunales por la «dilación ilegal y arbitraria» en la votación de los ECMPO Linao y Chadmo, manteniendo los procesos paralizados por más de 13 meses.
La violencia tampoco estuvo ausente: el dirigente williche Miguel Raín, de Caucahué (Chiloé), recibió amenazas de muerte en julio de este 2025, vinculadas a su defensa de un ECMPO, caso por el cual el diputado Jaime Sáez solicitó protección urgente al INDH.
Finalmente, pueblos como el Chango manifestaron su firme rechazo a cualquier modificación, señalando que un proceso sin consulta «constituye una grave vulneración de nuestros derechos colectivos».
A pesar del asedio, la resistencia indígena y el fallo del TC de enero de 2025 se erigieron como los principales bastiones en defensa de esta ley, que cierra el año como un símbolo de lucha global y un modelo bajo fuego cruzado en su propio país.
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