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SEÑOR DIRECTOR:

El reciente rechazo de la Contraloría General de la República al reglamento de la llamada “Ley Uber” es un buen recordatorio que más allá de las voluntades que puedan existir —legítimas por lo demás—, el Ejecutivo está obligado a respetar lo mandatado por la normativa vigente.

La ley señalada tardó cerca de seis años en aprobarse, tiempo que evidencia lo complejo que resultó para Congreso y gobiernos de distintos colores políticos equilibrar los intereses que en ella chocaban.

La respuesta de la CGR nos recuerda que, en esta materia, más que reinventar, el Ejecutivo debe implementar.

Roberto Flores

Ingeniero civil industrial