Licencias falsas en sector público: Un escándalo que exige medidas de fondo

Licencias falsas en sector público: Un escándalo que exige medidas de fondo

El reciente informe de la Contraloría General de la República en el que da cuenta de que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios del Estado viajaron al exterior pese a estar con licencia médica, no solo impresiona por el abultado número de personas involucradas -posiblemente uno de los escándalos de corrupción más masivos de los que se tenga registro en el país-, sino que además impacta por la escala de instituciones comprometidas. De las más de 700 entidades indagadas en el informe, se descubrieron casos en la propia Moneda, además de 14 ministerios, 24 subsecretarías, casi la mayor parte de los municipios, múltiples corporaciones municipales, y también los gobiernos regionales, entre otros. Irónico resulta que ni siquiera el Consejo de Defensa del Estado o la propia Contraloría estuvieran exentas de registrar algunos casos.

Qué duda cabe que el ente contralor ha hecho un trabajo en extremo valioso al llevar a cabo esta indagación -para cuya metodología tuvo el acierto de cruzar datos de funcionarios que solicitaron licencia versus las salidas y entradas al país-, pero está claro que este escándalo no puede limitarse solo a la aplicación de estrictas sanciones, sino que es también el momento de pensar en medidas de mucho mayor alcance, que aborden el problema de raíz, porque es un hecho que el sistema de licencias -particularmente en el sector público- se ha convertido en una fuente de drenaje de recursos mediante el uso fraudulento, lo que se potencia producto de las graves fallas que han quedado a la vista en materia de fiscalización.

La propia Dirección de Presupuestos (Dipres) acreditó en un reciente estudio sobre ausentismo laboral que, en el caso del sector público, se tramitan alrededor de 3,1 licencias por cotizante, mientras que en el privado dicha cifra alcanzó a 1,3, lo que se traduce en que el ausentismo en el sector público alcanzara un promedio de 31,8 días por cotizante. A propósito del reciente escándalo, la jefa de la Dipres señaló que tras la pandemia se ha observado un alza especialmente preocupante en el ausentismo, ejemplificando que esto se ha traducido en más de 8 millones de días perdidos al año, implicando que el Estado solo en 2024 debió gastar más de US$ 350 millones por concepto de suplencias y reemplazos.

Las razones de por qué el sector público presenta tasas de licencias médicas muy superiores al sector privado no han sido bien justificadas, y más allá de situaciones que podrían explicar determinados casos particulares, es altamente factible que la actual normativa para el sector público fomente el mal uso de las licencias y abra espacio para prácticas corruptas. Así, mientras en el sector privado los trabajadores que solicitan licencia no solo están afectos a un tope para el cálculo del subsidio, sino que en el caso de aquellas licencias menores a 11 días hay una carencia de los primeros tres días que debe ser absorbida por el trabajador, en el sistema público el subsidio considera el pago de la remuneración íntegra, y sin carencias por licencias inferiores a 11 días, todo lo cual es absorbido por el Estado. Tal diseño es un incentivo para que las licencias además se alarguen indefinidamente. Esto es algo que debería ser corregido cuanto antes, y salvo situaciones excepcionales, todos los trabajadores deberían ser regidos por las mismas reglas. En ese orden de cosas, cabría esperar que los gremios del sector público no se conviertan en una traba para una reforma de este tipo.

El gasto que el país destina a licencias médicas representa el 1% del PIB -la mitad de la cotización de salud se destina de hecho a estos fines-, por lo que es indispensable contar con mecanismos de fiscalización mucho más efectivos. Sorprende que se hayan podido producir casos en que un grupo de médicos hayan emitido miles de licencias, o se hayan llevado a cabo fraudes tan cuantiosos como el que acaba de ser objeto de un proceso penal, el mayor en su tipo, donde el monto defraudado con licencias falsas alcanzó los $40 mil millones. A partir del informe de Contraloría no debería ser difícil detectar a los médicos que otorgaron licencias falsas, y sobre ellos también cabría esperar duras sanciones, reiterando la importancia de que se refuercen las fiscalizaciones a los médicos que emiten licencias.

Pero si algo ha quedado en claro a partir de este episodio es que si el propio Estado no cambia radicalmente la forma de fiscalizarse a sí mismo, ningún esfuerzo o cambio legislativo será suficiente. Desde luego, ningún ministerio ha sido capaz de explicar hasta ahora cómo fue posible que cientos de sus funcionarios incurrieran en estas prácticas, en total impunidad. De particular gravedad resulta el antecedente revelado por este medio en orden a que durante una década la Superintendencia de Seguridad Social mantuvo inactivo el convenio con la PDI para fiscalizar licencias médicas, lo que de haber ocurrido previsiblemente estos fraudes se habrían detectado antes, un hecho del cual el gobierno se debe hacer cargo y los parlamentarios a su vez evaluar si acaso hay mérito para una eventual acusación constitucional. Por otra parte, la enorme cantidad de casos de fraude registrados en municipios y gobiernos regionales también debe llevar a preguntarse en la forma cómo dichos organismos llevan a cabo las auditorías y el control de los recursos públicos a su cargo.

La consternación que el informe de Contraloría ha producido en la ciudadanía debería ser la oportunidad para que las distintas candidaturas presidenciales desplieguen propuestas no solo para prevenir los fraudes con licencias médicas, sino cómo abordar la corrupción en el sector público. Eso debe implicar abordar temas de gran envergadura, como por ejemplo el actual estatuto administrativo -que se ha transformado en una suerte de camisa de fuerza para efectos de modernizar el Estado-, robustecer los mecanismos de fiscalización y racionalizar el gasto público. Sobre este último punto, resulta evidente que este exceso de licencias médicas y los consiguientes días perdidos por ausentismo injustificado reflejan que en el aparato público -que ya cuenta con cerca de un millón de funcionarios- existe demasiado personal sobrante, lo que hace imperioso que sea abordado como una prioridad para efectos de reducir el gasto fiscal, y es algo en lo que se esperaría que todas las candidaturas tengan propuestas audaces.