La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) inició un nuevo ciclo: nueva presidenta, renovación de equipos directivos y la agenda regulatoria más densa de su historia. Siete frentes convergen en 18 meses: Basilea III, finanzas abiertas, ciberseguridad, protección de datos, nuevos estándares internacionales de reporte en sostenibilidad, regulación fintech e inteligencia artificial. Los directorios de las principales empresas chilenas lo saben. Las condiciones de crédito, el costo de los seguros y la gestión de datos de clientes dependen de cómo la CMF gestione esta convergencia.
Entre los directorios de empresas reguladas y no reguladas hay una inquietud creciente. No es resistencia a la regulación: es preocupación por la claridad y la estabilidad de las reglas. Esta columna recoge esa inquietud en siete preguntas. Es una invitación a la nueva CMF a responderlas.
La primera es de gobernanza pura. La CMF exige a las empresas composición, independencia y gestión de riesgos en sus directorios. Es natural que un cambio de gobierno traiga renovación, pero los directorios necesitan saber que el regulador que les exige continuidad institucional también la cultiva internamente. El regulador financiero del Reino Unido separa funciones políticas de técnicas para proteger la confianza en las transiciones. ¿Establecerá la nueva CMF un protocolo de transición que sea referencia para el sector público chileno?
La segunda afecta a toda empresa que usa servicios bancarios. El Sistema de Finanzas Abiertas debía arrancar en julio de 2026 y se reprogramó a 2027. Para una minera o un retailer que depende del crédito, la promesa de finanzas abiertas es concreta: más competencia entre oferentes, mejores condiciones, evaluaciones de riesgo más precisas. Pero los directorios no pueden planificar inversiones sobre plazos que cambian. Brasil logró 150 millones de usuarios en tres años con su sistema de pagos instantáneos. ¿Cuándo contarán las empresas chilenas con un calendario de implementación que puedan considerar definitivo?
La inteligencia artificial plantea una tercera pregunta, menos visible pero más consecuente. Los algoritmos ya definen la evaluación de riesgo crediticio, la tarificación de seguros y el riesgo de contraparte. Un modelo puede encarecer el crédito de una agroindustrial sin que su directorio conozca los criterios. Aún no existe normativa para IA en decisiones financieras en Chile. ¿Desarrollará la CMF la capacidad de supervisión tecnológica que permita auditar estas decisiones?
La cuarta nace de una convergencia que merece atención. En diciembre de 2026 entra en vigor la Ley de Protección de Datos (con multas de hasta el 4% de los ingresos), mientras la Ley de Ciberseguridad ya exige estándares reforzados y el Sistema de Finanzas Abiertas pide a los usuarios compartir información. Tres lógicas superpuestas, aún no articuladas. Para cualquier empresa que maneja datos de clientes, la pregunta es práctica: ¿cómo se cumple simultáneamente con abrir, proteger y asegurar datos?
Esa superposición conduce a una quinta pregunta. CMF, Banco Central, Agencia Nacional de Ciberseguridad, futura Agencia de Protección de Datos y Unidad de Análisis Financiero: cinco organismos con jurisdicción sobre el sistema financiero. Navegar esas exigencias simultáneas consume recursos que podrían destinarse a innovación. En Estados Unidos y Europa existen mecanismos formales de coordinación entre reguladores. ¿Liderará la CMF la creación de uno en Chile?
La sexta toca el mandato mismo del directorio. La adopción obligatoria de los nuevos estándares internacionales de reporte en sostenibilidad exige que los directorios integren riesgos climáticos en su estrategia. Pero reportar no es lo mismo que gestionar, y muchos comités de auditoría aún no tienen la competencia para cuestionar lo que la administración les presenta. Un referente de calidad ayudaría a distinguir cumplimiento formal de gestión real. ¿Publicará la CMF un ranking de calidad de estos reportes que eleve el estándar de toda la plaza?
La séptima las contiene a todas. La CMF es la institución cuya credibilidad sostiene la confianza en que las reglas son estables, claras y predecibles. Los directorios pueden adaptarse a regulaciones exigentes si son coherentes y si quienes las dictan gobiernan con el mismo rigor que exigen. ¿Será esta la CMF que lidere con el ejemplo?
La diferencia la hace la gobernanza. Siempre la gobernanza.
*El autor de la columna es profesor y director del Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad, ESE Business School
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