El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga anunció la entrega de una recompensa de US$5.000 a trabajadores y funcionarios vinculados al proceso electoral que aporten información “veraz y comprobable” sobre eventuales irregularidades en los comicios recientes.
A través de redes sociales, el abanderado de Renovación Popular sostuvo que el país “merece elecciones transparentes” e instó a quienes tengan antecedentes sobre posibles fraudes o sabotajes a presentarlos bajo garantía de confidencialidad. La propuesta se da en medio de un escenario electoral estrecho, con más del 90% de las actas escrutadas y una diferencia de menos de 10.000 votos respecto de su contendor, Roberto Sánchez.
El ofrecimiento apunta a funcionarios de organismos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones, además de personal de empresas vinculadas al proceso. López Aliaga ha insistido en los últimos días en la existencia de irregularidades, pese a que misiones internacionales han valorado la transparencia general del proceso, aunque reconociendo dificultades técnicas y desconfianza ciudadana.
El candidato también solicitó la renuncia del jefe del organismo electoral y la anulación de la votación, argumentando que problemas logísticos durante la jornada —que debió extenderse en algunos centros— habrían afectado significativamente su resultado. Según sus declaraciones, estas fallas le habrían significado la pérdida de cerca de 500.000 votos.
Sus llamados a desconocer los resultados han generado reacciones en el ámbito judicial, incluyendo acciones legales impulsadas por un grupo de abogados que buscan sanciones en su contra.
En paralelo, el expresidente José Jerí manifestó públicamente su respaldo a López Aliaga en caso de que avance a una eventual segunda vuelta. En un mensaje difundido en redes sociales, señaló que, pese a diferencias políticas, considera que el candidato representa una opción en un contexto de inestabilidad institucional.
El escenario político peruano continúa marcado por alta rotación presidencial y tensiones entre poderes del Estado, con múltiples cambios de gobierno en la última década. Mientras avanza el escrutinio final, el país se mantiene atento a la definición de los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial.
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