Los 26 teléfonos que la Fiscalía interceptó en el caso ProCultura

Los 26 teléfonos que la Fiscalía interceptó en el caso ProCultura

Fue a finales de septiembre del 2024 que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta una de las tantas diligencias con las que se indaga presuntos delitos de corrupción por la adjudicación de fondos públicos de organismos estatales a la fundación ProCultura, encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín.

La diligencia requerida por el fiscal era para interceptar las llamadas de 26 líneas telefónicas, de propiedad de 17 personas. “Existen fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que hubieren cometido o participado en la preparación o comisión, en un hecho punible que mereciere pena de crimen, y la investigación lo hiciere imprescindible", argumentó la Fiscalía al tribunal.

Además de eso, Cooper agregó: “a juicio de este fiscal, surge la necesidad de realizar diligencias pertinentes para establecer la participación de los sujetos referidos en el ilícito que se investiga, por lo que la interceptación solicitada a las compañías telefónicas resultan relevantes para las líneas precisas de investigación llevadas a cabo”.

En ese requerimiento, el Ministerio Público entrega el listado de nombres de los dueños de las líneas que buscaba interceptar. A dicha solicitud, el tribunal accedió el 2 de octubre del año pasado.

Los 26 números

El primer número que la Fiscalía solicitó interceptar es el de Allan George Mix Vidal, presidente del último directorio de ProCultura. Mix es médico urgenciólogo, jefe de urgencia del Hospital Salvador -donde trabajó Larraín- y hasta ahora se desempeña como presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia.

La segunda interceptación solicitada por la Fiscalía fue a tres números, de diferentes compañías, del psiquiatra y director ejecutivo de ProCultura, Alberto Larraín Salas. Esta diligencia, derivaría en que la PDI detectaría que una de las líneas era ocupada por la expareja de este, la también psiquiatra Josefina Huneeus.

En la familia del psiquiatra, también se interceptó a Alberto Federico Larraín Lohmayer, padre del director ejecutivo de la fundación.

En el listado de los 26 teléfonos, además, aparece el número de María Constanza Gómez Cruz, representante legal de ProCultura, en contra de quien el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en esta causa. A ella se suma una de las fundadoras y secretaria de la fundación, Patricia Ilonka Csillag Pimsteim, quien es fotógrafa y reconocida “gestora cultural”.

La jefa de finanzas de ProCultura, María José Maturana Valenzuela, así como la abogada y secretaria de la organización, María Eugenia Sabbagh Vidal, también fueron “pinchadas” por la policía civil.

Misma diligencia que se siguió en contra de José Sergio Villarroel Miranda, contador auditor de la organización de Larraín; de Johny Fabián San Martín Flores, administrador general y de Emilio Pablo Marinao Fuentes, subdirector ejecutivo y coordinador general de varios proyectos de la fundación.

El Ministerio Público además requirió al tribunal intervenir las llamadas del encargado territorial del área de Vivienda y Ciudad Identitaria, Pablo Andrés Durán Romero; de Francisco Alejandro Fuentes Araya, jefe del Circuito Lorca de la fundación; Nicolás Francisco Ormeño Matus de Vivienda y Ciudad, Salvador Eduardo Nuñez Pérez, encargado territorial de la zona central de ProCultura.

Por último, se “pinchó” las comunicaciones de María Teresa Abusleme Lama, directora de estudios de la RM en la ONG, así como también de Macarena Paz Fernández Génova, director regional de Magallanes y de Enrique Ariel Aracena Reyes, quien se desempeñaba como chofer.