El Ciudadano
«Esta es una treta para no expropiar Colonia Dignidad y mantener ese enclave alemán”, afirmó el abogado Winfried Hempel al referirse a los $47 mil millones que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha empleado como argumento para suspender el proceso.
Hempel nació en el asentamiento y representa a las víctimas de los crímenes y violaciones a los derechos humanos registrados desde los inicios de la década de 1960 hasta los años 90 y a su juicio la cifra de tasación planteada por el gobierno de José Antonio Kast resulta exagerada.
“Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan”, anunció Poduje el fin de semana, descartando continuar con el proceso que instruyó la administración del expresidente Gabriel Boric y que afecta a 117 hectáreas del enclave alemán, con la finalidad de convertirla en un sitio de memoria.
“Solo la parte urbana se estima en $47 mil millones. No los tengo», afirmó, defendiendo la tesis de que la medida responde a la falta de recursos disponibles.
En conversación con DW, el abogado indicó que dicha cifra se desprende de un cálculo en el que cada hectárea tendría un valor de $800 millones, un momento muy superior al precio en la zona de la comuna de Parral, Provincia de Linares, donde está situado el enclave y que ronda los $50 millones por hectárea.
«Cifras inexplicables» demuestran falta de voluntad política
En la misma línea, Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, planteó que no se cuenta con una base pública que permita verificar el valor que indicó el ministro de Vivienda y señaló que el freno a la expropiación no responde a una simple decisión administrativa
«Más bien, lo que se observa es la utilización del argumento económico como justificación política para frenar la expropiación”, afirmó.
Ante lo irrisorio que resultan los 47 mil millones planteados por la administración de Kast, la asociación, en conjunto con otras organizaciones solicitaron que se lleva acabo una nueva tasación, tomando en consideración la existencia de cotizaciones previas que no han sido publicadas ni contrastadas. Entre ellas, figura la que en 2028 encargó Alemania a la GIZ, su agencia especializada en cooperación para el desarrollo sostenible y cuyos valores se distancian notablemente del monto informado por el titular de vivienda-
«El ministro Poduje señala no tener dinero para hacer tasaciones y prefiere quedarse con cifras inexplicables demostrando falta de voluntad política. Utiliza el argumento del alto costo sin transparentar una cifra oficial ni permitir que el proceso de tasación se complete en condiciones técnicas normales”, cuestionó la dirigenta.
«Para las víctimas, esto es una señal de abandono. Les dice que incluso cuando el propio Estado reconoce oficialmente un lugar como escenario de secuestro, tortura y desaparición forzada, ese reconocimiento puede ser relativizado por razones políticas o presupuestarias”, señala la historiadora a DW.
Pese al freno impuesto por gobierno de ultraderecha, destacó que las organizaciones de la sociedad civil «seguirán trabajando en el desarrollo del futuro sitio de memoria en la ex Colonia Dignidad, así como en la búsqueda de verdad y justicia para los crímenes que allí se cometieron”.
Compromiso del Estado de Chile con el caso de la Colonia Dignidad
Desde Alemania, la psicóloga, historiadora e investigadora de Colonia Dignidad, Evelyn Hevia, planteó que ante la tesis de «emergencia» que ha presentado la administración de Kast desde su llegada a La Moneda, que ha incluido recortes presupuestarios a Ministerios y un aumento histórico en el precio de los combustibles, no era de extrañarse que anunciara la suspensión del proceso de expropiación del enclave fundado en 1961 por el líder nazi Paul Schäfer y posteriormente convertido en un centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura cívico militar de Pinochet.
A su juicio era esperable que «proyectos de esta naturaleza y con los costos que eso implica fueran detenidos”.
No obstante, recordó que el Estado de Chile en tanto «tiene un compromiso con el caso de la Colonia Dignidad«.
«No solo tiene que ver con saldar las deudas en materia de memoria, de justicia y de verdad de las víctimas, sino también es la posibilidad de dar respuesta a las víctimas que todavía viven en ese lugar y disputan la herencia del patrimonio”, declaró a DW.
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