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Vivimos en ciudades que han priorizado el flujo de vehículos en el diseño urbano, en conjunto con la segmentación de territorios según funciones residenciales que pocas veces fueron pensadas de manera integrada. Una de las consecuencias más silenciosas de esta lógica es la producción espacial de “desiertos alimentarios”: territorios donde el acceso a alimentos frescos y nutritivos es limitado o inexistente. En Chile, particularmente en el Gran Santiago, este es un síntoma más de una inequidad territorial profundamente arraigada, con repercusiones directas en la salud pública y la calidad de vida de millones de personas.

La evidencia dice que existe una correlación espacial significativa entre la falta de acceso a alimentos saludables y mayores tasas de enfermedades cardiovasculares. Estos desiertos no se distribuyen de manera uniforme por las ciudades de Chile. Como en casi todos los estudios de este tipo, también afectan con fuerza a comunas periféricas y de menores ingresos; pero los encontramos, de manera sorprendente, en barrios de altos recursos. Esto nos indica que el problema va más allá del nivel socioeconómico individual, es un asunto de diseño urbano, de planificación, de conducta y también de justicia.

Frente a este fenómeno, la planificación urbana puede aportar soluciones, pasando desde un enfoque meramente regulador del espacio a una herramienta activa de salud pública. El campo disciplinar del urbanismo es fundamental para diseñar intervenciones efectivas y específicas, que actúen a la escala correcta: ya sea incentivando ferias libres en un barrio, mejorando las rutas de transporte público hacia mercados de abasto o protegiendo los espacios que dan vida a los comercios locales que ya proveen de alimentos saludables a sus comunidades.

Abordar los desiertos alimentarios es un acto de responsabilidad sanitaria con la comunidad. Implica reconocer que el derecho a una alimentación sana es un componente esencial del derecho a vivir en un entorno saludable. Desde las universidades y las profesiones vinculadas al territorio, tenemos el deber ético de formar profesionales capaces de leer e interpretar correctamente estas realidades para involucrarnos con soluciones creativas y colaborativas. Luego, hay un rol fundamental de los tomadores de decisión. Aportar con miradas integradas y sostenibles, donde urbanistas, nutricionistas, gestores públicos y la ciudadanía trabajen juntos para construir entornos que promuevan la salud de forma intrínseca, puede generar una diferencia a favor de territorios más saludables. La ciudad nutritiva es más justa.

Francisco Vergara es el director del Núcleo de Investigación Centro de Producción del Espacio de la Universidad de Las Américas.