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Fue tras la junta de accionistas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) que la ciudadanía se enteró de lo sucedido: la Refinería Aconcagua informó a la Superintendencia de Medio Ambiente que sí había cumplido el plan medioambiental, pero en la práctica no lo hizo y manipuló esos antecedentes. La empresa, los directores y el gerente general enfrentan ahora la posibilidad de ser juzgados bajo la nueva Ley de Delitos Económicos, y la compañía arriesga multas por hasta $ 8 mil millones.