La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha reivindicado este sábado la "honestidad" y "total transparencia y responsabilidad" del sector en la aplicación de la rebaja del IVA en los carburantes por parte del Gobierno para hacer frente al impacto por el conflicto en Oriente Próximo, después de lo que considera un "aval" de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La entidad nacional expresa su "profunda satisfacción" por el comunicado de este viernes de la Comisión y afirma que esto prueba que "las estaciones de servicio están haciendo las cosas bien" y que la rebaja de los carburantes aprobada se ha trasladado al consumidor final "a costa de un notable estrechamiento de los márgenes comerciales de las instalaciones".
"Desde el primer día de la entrada en vigor de las medidas fiscales, hemos insistido en que nuestro sector estaba actuando con total transparencia y responsabilidad, absorbiendo gran parte del impacto para proteger el bolsillo de empresas y particulares", ha declarado el presidente de Ceees, Javier de Antonio, quien interpreta que el organismo les ha dado la razón "de forma inapelable".
Además, las estaciones de servicio critican la "presión a todas luces injusta" a la que dicen que se les ha sometido en los últimos meses, así como las "sospechas infundadas" sembradas "de forma irresponsable" por parte de algunos medios de comunicación, asociaciones de consumidores y miembros "destacados" de la Administración Pública.
"Lejos de las acusaciones de insolidaridad o de aprovechamiento comercial, el tejido empresarial de las estaciones de servicio ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en un contexto económico de enorme complejidad", sostiene la confederación en el comunicado.
En un informe publicado este viernes, en el que monitoriza más de 10.500 estaciones de servicio con disponibilidad de precios para gasolina 95 y gasóleo A, la CNMC concluye que la red de estaciones de servicio peninsular ha trasladado de forma generalizada la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno, si bien detecta una cincuentena de instalaciones que arrojan posibles comportamientos "anómalos".
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