El Ciudadano
Por Equipo de Investigación de El Ciudadano
El martes 19 de mayo de 2026, Trinidad Steinert dejó de ser ministra de Seguridad Pública. La salida era previsible desde la semana anterior, cuando leyó durante más de una hora un papel que claramente no conocía ante la Cámara de Diputados, sin poder proyectar el PowerPoint que traía preparado.
Ese instante, con la ministra de la cartera más emblemática del gobierno de Kast leyendo dubitativa ante el hemiciclo, se convirtió en la imagen síntesis de un fracaso de gestión que excedía con mucho lo comunicacional.
La sesión especial del 12 de mayo había sido convocada por 52 diputados de oposición para que la ministra rindiera cuentas sobre el plan de seguridad del gobierno, acusado de inexistente. Steinert llegó con una presentación en PowerPoint. La oposición le negó la unanimidad para proyectarla en 5 ocasiones. Lo que siguió fue una hora y 18 minutos de lectura continua de hojas sueltas.
Parlamentarios de distintos sectores la describieron como «una de las exposiciones más vergonzosas que hemos visto en el Congreso en mucho tiempo». Hubo quien la comparó a «una lectura al nivel de niño de quinto básico». Desde el oficialismo intentaron el blindaje habitual, pero incluso en ese bando hubo señales de incomodidad.
El problema no era el PowerPoint. Era que, sin él, la ministra no tenía nada. Un ministro que conoce su propio plan puede defenderlo sin apoyo visual, puede responder preguntas, puede articular la estrategia. Lo que la sesión reveló es que quienes diseñaron ese plan tampoco lo conocían en profundidad. La autocrítica de Steinert – dijo haber entendido que «en política hay que escuchar y explicar todas las veces que sea necesario» – era tardía y no respondía la pregunta de fondo: ¿Existía un plan real de seguridad, o solo páginas por leer?
Esa sesión dejó además en evidencia la sequía legislativa de la cartera. Parlamentarios de distintos sectores cuestionaron que el Ministerio de Seguridad no hubiese impulsado iniciativas legales propias ni consolidado una agenda legislativa coherente para enfrentar la criminalidad organizada.
En una institucionalidad cuya eficacia depende de la actualización permanente de marcos normativos, esa ausencia no es un problema comunicacional: es un vacío estratégico. Y tiene una explicación directa en la composición de los equipos que condujeron el ministerio durante sus primeros meses, ninguno de ellos con experiencia acreditada en gestión legislativa, formulación normativa o articulación parlamentaria.
Lo que no registró la prensa con la misma nitidez es lo que ocurrió en las horas previas a la salida de Steinert. La tarde del lunes 18 de mayo, un día antes de que Kast firmara el cambio de gabinete, la ministra designó un nuevo jefe de gabinete: el abogado Jorge Chocair, quien hasta ese momento se desempeñaba como jefe de asesores en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Un cargo que duró exactamente un día.
Ese dato menor condensa algo mayor: la implosión de una conducción que operó hasta el final con criterios de emergencia y confianza personal, sin arquitectura institucional de respaldo, y que dejó tras de sí una serie de huérfanos políticos y técnicos que hoy enfrentan escenarios muy distintos dentro de Teatinos 220.
El jefe de gabinete de un día y la subsecretaria sin ministra
La salida de Francisco Chambi, el constructor civil que Steinert había traído desde Tarapacá como su hombre de confianza y cuya polémica por haber viajado al extranjero con licencia médica se convirtió en un lastre político insostenible, dejó un vacío que se llenó con el abogado Jorge Chocair. El lunes 18 de mayo asumió. El martes 19 de mayo Steinert fue removida. La duración total del mandato de Chocair como jefe de gabinete: menos de 24 horas.
Chocair tiene un perfil más sólido que su antecesor. Abogado con experiencia en la Agencia Nacional de Inteligencia y en la Fiscalía Nacional, donde ejerció varios años y fue Coordinador del Grupo Especializado contra el Crimen Organizado del Mercosur. Tiene además vínculos con Renovación Nacional a través de su hermana, la exgobernadora provincial de Cordillera, Mireya Chocair.
Sin embargo, su trayectoria incluye también vinculación con el Partido Radical y una carrera académica destacada, lo que lo insertaba en un entorno ministerial fuertemente ideologizado hacia el republicanismo libertario de Kast. En un gobierno donde la confianza política es moneda de cambio, un hombre con ese pasado en un ministerio republicano ocupa, por definición, un lugar incómodo.
El episodio es uno de los más elocuentes del período Steinert: una institución que debía conducirse con criterios de continuidad y mando técnico terminó designando jefe de gabinete a alguien que ejerció el cargo menos tiempo que un ciclo de noticias.
Quien queda en el escenario más delicado tras la salida de Steinert es la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana Olguín. Abogada penalista, militante del Partido Nacional Libertario -con su militancia suspendida para asumir el cargo-, Quintana había compartido carrera con Steinert en el Ministerio Público, donde surgió una amistad férrea. Esa cercanía fue su mayor activo dentro del ministerio. Con Steinert fuera, se convirtió en su mayor pasivo.
La noche del 12 de mayo, durante la catastrófica sesión en la Cámara, Quintana estuvo al lado de Steinert. Fue ella quien guiaba la alocución de la ministra, quien le indicaba las páginas, quien sostenía su figura en el hemiciclo. Esa imagen sintetizaba la dinámica real de la conducción del ministerio: la ministra como figura visible, la subsecretaria como soporte operativo real.
Con la salida de Steinert, ese rol se convirtió en un lastre. En el oficialismo reconocen que Quintana queda en el «escenario más incómodo», precisamente por su cercanía con la exministra y por sus propios errores comunicacionales: haber dicho que los reportes de homicidios se publicaban para que la gente «tomara resguardos» – frase que la oposición leyó como llamado a la autotutela – y haber descartado las críticas parlamentarias al plan de seguridad señalando que los diputados esperaban «un libro anillado».
Lo que complica aún más su posición es que, como libertaria, no cuenta con el respaldo orgánico del Partido Republicano ni de la centroderecha tradicional. El PNL la defiende públicamente, pero esa defensa no tiene peso dentro del gabinete.
La cercanía personal entre Quintana y Steinert agravó ese cuadro más allá de lo razonable. Fuentes internas del ministerio describen una subsecretaría que operó en modo de incondicionalidad hacia la ministra, concediéndole cuanto requería (recursos, personal, incluso la reorganización física del edificio cuando Steinert solicitó cambiar de piso al asumir), sin que esa generosidad se tradujera en una contraprestación técnica hacia el sistema.
El resultado fue una subsecretaría debilitada en sus propias capacidades y subordinada a la agenda del gabinete ministerial. Ahora, con Steinert fuera, Quintana debe responder por decisiones que tomó en ese marco. Y debe hacerlo sola, sin el paraguas político que la cubrió durante dos meses.
La destrucción del sistema que la ley mandató construir
Hay un problema que antecede a cualquier evaluación de personas y que define el escenario real que enfrenta el nuevo ministro Martín Arrau: la Ley 21.730 no es un texto declarativo. Es una ley con mandatos concretos, plazos y responsabilidades institucionales específicas.
Entre ellos, la implementación del Sistema Nacional de Seguridad y Prevención, la puesta en marcha del Sistema Integrado de Información Delictual (que debía articular en tiempo real los datos de Carabineros, PDI, Gendarmería, Fiscalía, SII, Aduanas, el Registro Civil y el Servicio Nacional de Migraciones) y la operación de la Secretaría Técnica que coordina a los organismos del sistema.
Durante la gestión de Steinert y Quintana, ninguno de esos mandatos registró avances verificables. El Sistema Integrado quedó en suspenso después de la desvinculación abrupta del ingeniero que lideraba su desarrollo: el proyecto no fue traspasado, no fue documentado formalmente, no fue reasignado a ninguna unidad con capacidad equivalente. Según funcionarios del ministerio, a la fecha no ha registrado avance alguno.
Para entender cómo se llegó a ese punto, es necesario examinar las decisiones administrativas que lo hicieron posible. La Unidad Estratégica Ministerial, la única instancia con capacidad real de planificación a largo plazo y gestión de datos integrados, fue disuelta desde el primer mes de gestión.
El Departamento de Gestión Estratégica de la SPD, que actuaba como soporte técnico de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional, fue eliminado del organigrama sin reemplazo equivalente. En su lugar se instaló personal de confianza del gabinete ministerial para asumir las funciones de planificación estratégica, interoperabilidad de sistemas y elaboración del llamado Plan Maestro de Seguridad comprometido durante la campaña.
Ese personal incluía a Daniela Oyarzún Eihhorst, quien hasta antes de asumir se desempeñaba como ayudante en la Universidad Adolfo Ibáñez, sin ejercicio profesional previo; y a Sergio Pavez García, cuya trayectoria incluye supervisión de proyectos de turismo y labores en cobranzas comerciales, sin conocimiento previo en materias de gestión pública o estadísticas.
El resultado de esas designaciones no sorprendió a quienes conocen el sector. El plan de seguridad que el gobierno elaboró como documento programático (el mismo que Steinert no pudo defender sin PowerPoint ante la Cámara) debió ser sometido a una revisión técnica exhaustiva por parte de los equipos profesionales del ministerio antes de poder publicarse. Las correcciones requeridas fueron de tal magnitud que el documento inicial no era el producto terminado que debía presentarse, sino un borrador con déficits sustantivos que exigieron trabajo intensivo de subsanación.
Ese proceso no es inusual cuando el equipo que diseña el plan carece de experiencia en la materia. Lo inusual es que ocurra en el ministerio con el mandato más sensible del gobierno, cuyo jefe político llegó a la presidencia prometiendo que la seguridad era la emergencia que justificaba su existencia.
Pero el problema no se agota en quienes elaboraron el plan. Se extiende a quienes debían sostener la infraestructura de datos que lo alimenta y a quienes deben administrar los recursos con que el sistema opera.
Paulo Adrián Garbisu ocupa la jefatura subrogante de la División de Estudios de la SPD, que es la unidad que produce los datos estadísticos del Ministerio (encuestas de victimización, análisis de tendencias delictuales, evaluación de programas, indicadores de gestión) sobre los cuales debería apoyarse el Sistema Integrado de Información Delictual.
La palabra clave es «subrogante»: Adrián ejerce el cargo de manera interina porque, según fuentes internas, no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la Ley para ser designado Jefe de División titular. Su perfil académico (sociólogo de la PUC con máster en Filosofía) tiene méritos propios, pero no sustituye la experiencia acumulada en gestión de estadísticas delictuales, coordinación interinstitucional de sistemas de información o dirección de equipos técnicos especializados.
La División de Estudios ha sido históricamente conducida por profesionales con trayectorias de años en el sistema de justicia criminal o en organismos de investigación con roles sustantivos en producción de datos de seguridad. Adrián rompe ese patrón no por méritos excepcionales, sino por afinidad política. Y lo hace en el momento en que esa División debe proveer la base estadística sobre la cual se sostendrá cualquier intento de reconstruir el Sistema Integrado.
Sigue en la lista Ricardo Gajardo Espinoza, cercano a Steiner, y actual jefe de la División de Administración y Finanzas, quien proviene de un cargo de administración interna en la Fiscalía de Tarapacá.
Su experiencia en administración y logística es real; el problema es que el DAF de la subsecretaría con mayor presupuesto y personal del Ministerio no es una unidad de administración convencional. Es la instancia que debe validar licitaciones de proyectos tecnológicos, contratos de servicios informáticos y ejecución de recursos en una institución donde las inversiones más relevantes son precisamente en tecnología y datos, es decir, en los componentes que sostienen el Sistema Integrado de Información Delictual.
Sin experiencia en tecnología pública ni en gestión de proyectos de alta complejidad, Gajardo enfrenta una contradicción estructural: debe aprobar decisiones técnicas que no puede evaluar con criterio propio.
El resultado previsible es la dependencia de los proveedores, la incapacidad de fiscalizar la calidad del trabajo contratado, y una brecha de control que en proyectos tecnológicos de esta sensibilidad puede tener consecuencias de largo plazo.
En la práctica, el sistema que debía articular la inteligencia delictual del Estado chileno está siendo administrado – en su dimensión presupuestaria y contractual – por alguien cuya vida profesional transcurrió en la administración interna de una fiscalía regional.
Completa la lista Carlos Guitart, coronel en retiro del Ejército, quien ocupa hoy la jefatura de gabinete de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Su llegada refleja una tendencia más amplia dentro de la instalación del Ministerio de Seguridad: la incorporación de exuniformados y figuras de confianza política en espacios de conducción civil vinculados a la seguridad pública.
Más allá de su experiencia militar y de su cercanía con sectores del republicanismo y el entorno político de Johannes Kaiser, su trayectoria no registra experiencia acreditada en gestión pública civil compleja, articulación legislativa ni conducción de políticas públicas interinstitucionales. Y es precisamente ahí donde comienzan las dificultades de un cargo que exige capacidades políticas y técnicas distintas a las del mando militar tradicional.
La situación adquiere una dimensión especialmente sensible al considerar que Guitart, como coronel en retiro, ya percibe una pensión financiada por Capredena, sistema sostenido mayoritariamente con recursos fiscales. A esa renta vitalicia – que, según estimaciones basadas en datos públicos sobre coroneles en retiro, bordea los $3,5 millones mensuales – se suma ahora una remuneración superior a los $6 millones como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En conjunto, el Estado desembolsa cerca de $9,5 millones mensuales para financiar ambas rentas, una cifra que incluso algunos meses supera la remuneración del Presidente de la República.
El debate, sin embargo, no se agota en el monto: la controversia radica en que ese nivel de recursos públicos termina respaldando un cargo estratégico cuya conducción exige capacidades políticas, legislativas y técnicas que no aparecen acreditadas en la trayectoria profesional del funcionario.
Fuentes consultadas para este reportaje describen que esa falta de experiencia política quedó particularmente expuesta en la incapacidad del equipo de gabinete para construir respaldos, ordenar interlocuciones y sostener un diálogo político efectivo para la dupla Steinert-Quintana dentro del Congreso y del propio oficialismo.
La ausencia de articulación legislativa, la dificultad para contener las crisis comunicacionales y la precariedad de las redes políticas internas terminaron profundizando el aislamiento de ambas autoridades en los momentos más complejos de la gestión.
En ese contexto, la presencia de perfiles sin experiencia previa en negociación política o gestión civil no solo debilitó la conducción estratégica del ministerio: también redujo su capacidad de construir gobernabilidad institucional en torno a la implementación del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La herencia de Arrau: Un sistema por construir sin quién lo construya
Martín Arrau llegó al Ministerio de Seguridad el 19 de mayo desde el MOP, donde ya había demostrado capacidad ejecutiva. Ingeniero civil industrial, exintendente de Ñuble, exconstituyente, republicano de confianza directa de Kast: su perfil es notoriamente más técnico y más político que el de Steinert. Según información publicada, Kast le dio libertad para modificar su equipo de subsecretarios si lo estima conveniente. Eso incluye a Quintana.
Los primeros movimientos de Arrau sugieren un estilo diferente: revirtió la distribución física del edificio que Steinert había modificado, volviendo al piso 4 donde operó el primer ministro Luis Cordero, y transmitió confianza a Quintana pidiéndole continuar avanzando. En el entorno de la subsecretaria destacan que logró aprobar la primera ley de seguridad del gobierno en el Congreso esta semana y que su despliegue territorial ha sido constante.
Son argumentos reales. Pero no responden a la pregunta técnica más relevante: ¿Puede Quintana conducir la implementación de los sistemas que la Ley 21.730 exige, después de haber sido parte activa del proceso que desmanteló las unidades que debían hacerlo?
El nuevo ministro hereda un escenario de alta complejidad técnica. Debe propender a la implementación del Sistema Nacional de Seguridad sin las unidades especializadas que debían ejecutarla, porque su antecesora las disolvió. Debe retomar el Sistema Integrado de Información Delictual sin el equipo de ingenieros que lo desarrollaba y sin documentación formal del estado de avance del proyecto. Debe articular una agenda legislativa sin funcionarios con experiencia en gestión parlamentaria en posiciones clave.
Y debe tomar decisiones sobre un equipo humano que en buena parte no fue construido para la tarea institucional que tiene por delante, sino para la lealtad política de una gestión que ya terminó.
La salida de Steinert no fue solo el fin de una ministra. Fue el fin de una lógica de conducción: instalar operadores de confianza en posiciones técnicas, disolver las unidades que requerían conocimiento especializado, y administrar la seguridad pública como si fuera un dispositivo de comunicaciones políticas.
Los huérfanos de esa lógica son varios y tienen nombre: Quintana, que defiende una posición incómoda sin red política propia y cargando el peso de las decisiones de desmantelamiento; Chocair, que asumió un cargo que duró menos que un ciclo de noticias; Chambi, que sigue en el ministerio como asesor; Guitart, Pavez, Gajardo, Adrián: todos en posiciones para las que sus trayectorias no los prepararon, sostenidos por la lealtad política de una administración que ya no existe.
El huérfano más relevante, sin embargo, no tiene nombre propio. Es el Sistema Nacional de Seguridad. Es el Sistema Integrado de Información Delictual. Es la arquitectura técnica que la Ley 21.730 mandató construir y que la gestión Steinert-Quintana desmanteló en tiempo récord, con la eficiencia involuntaria de quien no sabe lo que destruye.
Arrau llega a un edificio con organigrama pero sin musculatura. La pregunta que Chile debería hacerse no es solo quién ocupa hoy las sillas de Teatinos 220. Es cuánto tiempo más puede el país darse el lujo de pagar por la improvisación organizada de quienes llegaron prometiendo la emergencia, pero nunca construyeron la respuesta.
Desde la perspectiva de Fenaminsa (la Federación de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines, que siguió de cerca el proceso legislativo que dio origen a la Ley 21.730), lo más preocupante del escenario descrito en este reportaje no es la rotación de autoridades ni los traspiés comunicacionales. Es algo más profundo y más difícil de reparar: la desvalorización sistemática del conocimiento especializado dentro de una institucionalidad que, por mandato legal, debía fortalecerse precisamente en capacidades técnicas.
Para quienes trabajaron en el desarrollo del Sistema Nacional de Seguridad y del Sistema Integrado de Información Delictual, resulta difícil comprender cómo se justificó la desvinculación de más de 40 profesionales y especialistas cuando ni siquiera existía claridad pública sobre la existencia, el alcance o el formato del supuesto Plan Maestro de Seguridad que debía orientar la nueva arquitectura institucional.
Desde la perspectiva de Fenaminsa, uno de los aspectos más preocupantes de la gestión de Ana Victoria Quintana no ha sido únicamente el debilitamiento de las capacidades técnicas de la Subsecretaría, sino también la incomprensión conceptual respecto del rol que cumplen los sistemas de información en seguridad pública.
Para la federación, la subsecretaria confundió reiteradamente datos con información estratégica. Esa confusión quedó en evidencia al referirse a los reportes de homicidios como ‘datos duros’, omitiendo que la categoría homicidio no constituye un dato primario, sino información elaborada a partir del procesamiento y validación de registros policiales, periciales y judiciales que permiten atribuir un deceso a la acción de terceros.
La distinción no es menor. En seguridad pública, los datos aislados carecen de utilidad si no existen procesos de análisis, interoperabilidad y contextualización técnica que permitan transformarlos en información confiable para la toma de decisiones.
Esa falta de comprensión quedó particularmente expuesta cuando Quintana sostuvo públicamente que los reportes de homicidios permitirían a la ciudadanía «tomar medidas de autocuidado», trasladando implícitamente la responsabilidad de la seguridad hacia las personas y acercándose peligrosamente a una lógica de autotutela.
Desde esa mirada, el problema no fue únicamente comunicacional, sino expresión de una conducción que redujo sistemas complejos de análisis criminal a instrumentos de difusión pública, debilitando precisamente las capacidades técnicas que la Ley 21.730 buscaba consolidar.
El desmantelamiento que documenta este reportaje tiene, además, consecuencias que se prolongan más allá de los nombres propios. Lo que se pierde cuando se disuelven unidades especializadas no es solo el trabajo acumulado: es la confianza interinstitucional que hace posible que el sistema funcione.
Que Carabineros comparta datos con la PDI, que la PDI los cruce con el SII, que la Fiscalía acceda a inteligencia criminal en tiempo real. Esa confianza no se instala con un decreto. Tampoco se recupera con un nuevo organigrama. La alerta que deja Fenaminsa es precisa: «La precarización del conocimiento técnico dentro del Estado termina impactando directamente la capacidad pública para responder a fenómenos criminales cada vez más complejos». Eso es exactamente lo que está en juego en Teatinos 220.
Por eso, reiteramos: La pregunta que Chile debería hacerse no es solo quién ocupa hoy las sillas de Teatinos 220. Es cuánto tiempo más puede el país darse el lujo de pagar por la improvisación organizada de quienes llegaron prometiendo la emergencia pero nunca construyeron la respuesta.
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