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La estrategia llevada adelante por el gobierno busca no solo analizar los planes de inversión de las firmas de las que es propietario el Estado, sino también determinar qué carga fiscal directa o indirecta pueden representar. Para ello, ha avanzado en el diagnóstico integral del portafolio, ha homologado los criterios de comparación y entregará lineamientos a los directorios.