El 22 de junio de 2026, un comité independiente entregó al gobierno de Noruega un informe de 772 páginas que concluye que ese país nunca debió autorizar adopciones desde el Chile de la dictadura. Ese mismo día, en Santiago de Chile, la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno ultraderechista firmaba la resolución que puso fin a la unidad estatal creada —hacía apenas cuatro meses— para buscar a esos niños, hoy adultos.
“El Siglo”. Santiago. 05/07/2026. La mañana del 22 de junio de 2026, en Oslo, la jefa del Comité de Investigación sobre Adopciones Internacionales entregó al Ministerio de Infancia y Familia de Noruega el resultado de tres años de trabajo: el informe oficial NOU 2026:7, titulado «Responsabilidad, riesgo y confianza» (Forsvarlighet, risiko og tillit), una investigación de 772 páginas sobre cómo llegaron a ese país miles de niños adoptados desde el extranjero, y qué falló en el camino.
Ese mismo día, a más de 12.000 kilómetros de distancia, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chile firmaba la Resolución Exenta N°207, que puso término a la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI).
La unidad había sido creada formalmente cuatro meses antes. El cierre se conoció públicamente el 1 de julio, el mismo día en que el informe noruego completo llegó a los correos de la Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS), la organización que agrupa a madres biológicas y personas adoptadas que buscan reencontrarse. Para la fundación, la coincidencia es una señal «preocupante» sobre las prioridades del Estado chileno, justo cuando —sostiene— Europa comienza, país por país, a mirar de frente su responsabilidad histórica en este capítulo.
Hasta el cierre de este reportaje, la Subsecretaría de Derechos Humanos no había respondido a los cuestionamientos de la fundación ni a los hallazgos del informe noruego sobre el caso chileno.
Lo que concluyó Noruega
El comité noruego fue creado por el gobierno de ese país el 20 de junio de 2023 para determinar si hubo fallas en el control estatal sobre las adopciones internacionales. De los aproximadamente 70 países desde los cuales Noruega adoptó menores, el comité priorizó doce para una revisión exhaustiva. Chile fue uno de ellos, y el informe le dedicó un capítulo completo: el número 11.
Sus integrantes viajaron a Chile en octubre de 2024, revisaron archivos de las autoridades noruegas y de Adopsjonsforum —la organización privada que intermedió las adopciones— y entrevistaron a los involucrados. Mientras la investigación avanzaba, Noruega mantuvo suspendida la mayoría de sus adopciones internacionales.
Las conclusiones sobre Chile son categóricas. Según el informe, entre 1985 y 2016 se tramitaron 314 adopciones de niños chilenos hacia Noruega a través de Adopsjonsforum, la gran mayoría de recién nacidos. Y el comité concluye que las autoridades noruegas no hicieron evaluaciones suficientemente rigurosas antes de permitirlo: cuando en diciembre de 1988 se otorgó la autorización general de mediación para Chile, el país vivía bajo una dictadura militar con —dice el documento— un grado significativo de corrupción, represión política y graves violaciones a los derechos humanos fundamentales. A juicio del comité, no era responsable otorgar esa autorización en ese momento.
El informe va más allá: sostiene que las autoridades noruegas toleraron, en los primeros años, un sistema de adopciones que ni siquiera se ajustaba a la legislación chilena vigente. Al menos 15 niños llegaron a Noruega antes de que entrara en vigor, el 10 de mayo de 1988, la Ley 18.703, la primera norma chilena que reguló específicamente la salida de menores del país con fines de adopción en el extranjero. Hasta entonces, el mecanismo operaba mediante el nombramiento de los solicitantes extranjeros como tutores del niño y una autorización judicial de salida: la adopción propiamente tal se constituía después, en el país receptor.
El marco legal chileno de la época agrava, hasta hoy, las posibilidades de reconstruir lo ocurrido. La Ley 16.346, vigente desde 1965 hasta 1988, instauró el secreto de la adopción y ordenaba destruir los antecedentes que pudieran vincular al adoptado con su filiación de origen. Durante más de dos décadas, los registros que hoy permitirían a miles de personas conocer su historia se eliminaron por mandato de la propia ley. Es una de las razones por las que, para muchas víctimas, el cruce de huellas genéticas es la única vía de reencuentro que queda.
La jueza de Temuco y el préstamo
Entre los hallazgos más delicados del capítulo chileno figura la relación entre el representante legal de Adopsjonsforum en Chile —un abogado cuya identidad el informe no divulga, conforme a su política de anonimización de fuentes— y la jueza de menores de Temuco, en el sur del país, la misma autoridad que decidía si un niño podía ser declarado en situación de abandono y a qué familia extranjera se le asignaba.
Según la propia solicitud que Adopsjonsforum presentó a las autoridades noruegas en 1987, ese abogado recibía US$1.000 por cada caso tramitado. Y de ese juzgado de Temuco provino la mayoría de las primeras cien asignaciones de niños que la organización recibió en Chile.
El informe documenta que el abogado otorgó a la jueza un préstamo personal, además de un anticipo para un viaje que finalmente no se concretó. El comité no pudo establecer el monto exacto del préstamo ni si fue devuelto —precisamente porque, al no realizarse el viaje, no quedó un registro claro de esa transacción—, pese a haber consultado al propio representante legal y a los dos responsables de Adopsjonsforum para Chile en ese período, quienes dijeron no recordar el asunto. Lo que sí quedó establecido es que Adopsjonsforum nunca informó de estos pagos a las autoridades noruegas, como el comité estima que debió hacer.
La evaluación del comité es severa: un préstamo canalizado a través de un abogado que se beneficiaba económicamente de cada asignación, entregado a una jueza que concentraba las decisiones sobre la adoptabilidad de los niños y su destino, creó un riesgo considerable de corrupción en el proceso de adopción y de que las consideraciones económicas primaran por sobre el interés superior del niño, además de aumentar el riesgo de que se vulneraran el consentimiento informado de los padres biológicos y el principio de subsidiariedad, que obliga a agotar las opciones de cuidado en el país de origen antes de enviar a un niño al extranjero.
El comité concluye, en suma, que el riesgo de que se hayan cometido delitos, ilegalidades u otras irregularidades en las adopciones tramitadas desde Temuco entre 1987 y 1995 es alto. Según informes consultados por este medio, hay acusaciones de personal del tribunal de Temuco de esa época en contra de la fallecida jueza Tatiana Román Beltramín, señalando que ella se quedó con más de 180 millones de pesos solo por concepto de adopciones internacionales que realizaba en contacto con agencias de Suiza, Suecia y Noruega, entre otras.
«Atrasada social y culturalmente»
El informe noruego también se detiene en el lenguaje de las resoluciones judiciales chilenas de la época, y lo que encuentra retrata una mentalidad. Las resoluciones del juzgado de Temuco describen a las madres biológicas —jóvenes, pobres, muchas de ellas empleadas domésticas— en términos que el documento califica de denigrantes, y que sugieren una asociación entre pobreza y falta de capacidad moral, cultural o social para criar. Una resolución de 1988 describe a una madre como una mujer que muestra claros signos de atraso social y cultural, «como es de esperar cuando se vive en extrema pobreza». Otra, de 1989, consigna que la madre exhibe un coeficiente intelectual muy bajo y que su familia vive en una casa hacinada e insalubre.
En al menos veinte de los casos examinados, los niños eran de origen indígena —posiblemente más, advierte el comité, porque el dato no siempre se consignaba—, y ese origen aparecía en los expedientes como justificación para descartar la adopción dentro de Chile. Una fórmula se repite en las resoluciones: debido a su «ascendencia araucana», no fue posible ubicar al niño en una familia chilena.
Para el comité, es probable que la jueza de Temuco compartiera, total o parcialmente, los prejuicios del régimen militar contra los pueblos originarios, y la idea de que la adopción podía ser una «solución» a ese supuesto problema.
Y hay un hallazgo que conecta directamente con el patrón que las madres chilenas denuncian desde hace más de una década: el comité identificó una adopción hacia Noruega en la que el niño habría sido arrebatado a su madre al momento de nacer, bajo el argumento de que había nacido muerto. El caso es de Temuco.
Para la Fundación Hijos y Madres del Silencio, ese hallazgo no es una sorpresa: confirma con un documento oficial extranjero lo que la organización dice haber documentado durante años a través del testimonio de decenas de madres. Mujeres a quienes se les informó en el hospital que sus hijos habían nacido muertos, sin que jamás se les entregara un cuerpo ni un certificado de defunción verificable.
El mecanismo fue descrito por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile en su informe anual de 2023: las sustracciones ocurrían desde maternidades y hospitales públicos, desde hogares de protección a cargo del Estado y desde domicilios particulares, con la participación —por acción u omisión— de funcionarios de salud, asistentes sociales, religiosos, personal consular y jueces. La salida al extranjero se concretaba principalmente por dos vías: la entrega de la tuición del menor a un tercero para que pudiera viajar, o la inscripción de un falso certificado de defunción, para que posteriormente se inscribiera al niño o niña sin padres comparecientes y con los nombres y apellidos de sus futuros padres en el extranjero.
Nadie sabe con certeza cuántas víctimas hay. Las estimaciones que maneja el propio Estado chileno dan cuenta de la magnitud de esa incertidumbre: en 2018, el entonces ministro en visita extraordinario Mario Carroza habló de cerca de 20.000 casos; su sucesor en la causa, Jaime Balmaceda, declaró que no existían antecedentes suficientes para estimar el universo de afectados y que solo podía remitirse a los alrededor de 1.100 casos investigados en la megacausa judicial; el actual ministro en visita Alejandro Aguilar confirma que mantienen datos de, al menos, 23 mil casos y solo desde 1983, y unas 1600 denuncias que se tramitan actualmente.
Los casos comenzaron a conocerse masivamente en 2014, a partir de una serie de reportajes del medio de investigación chileno CIPER. Desde entonces se formaron organizaciones de víctimas a ambos lados del Atlántico, y la dimensión internacional del fenómeno no ha dejado de crecer: solo en Suecia hay más de 2.200 adoptados de origen chileno; el gobierno francés registra 1.736; Dinamarca, poco más de un centenar; Suiza, alrededor de 500; y en Italia, uno de los principales destinos, las organizaciones estiman cifras muy superiores a los 500 casos documentados, aunque no existe un registro oficial consolidado.
El espejo europeo: investigar, reconocer, prohibir
El informe noruego no es un hecho aislado. Es el eslabón más reciente de una cadena de investigaciones oficiales que, en menos de una década, ha recorrido Europa. El propio NOU 2026:7 dedica una sección a revisarlas, y la secuencia dibuja un patrón nítido.
Países Bajos fue el pionero. La Comisión Joustra, creada en 2019, publicó en febrero de 2021 un informe que definió la adopción ilegal de niños —incluidos los chilenos— como un problema estructural: concluyó que las autoridades neerlandesas conocían las irregularidades desde los años sesenta y no intervinieron cuando había razones para hacerlo, y recomendó abolir el sistema de intermediación privada. En abril de 2024, la cámara baja neerlandesa aprobó poner fin a las adopciones internacionales de manera progresiva.
Suecia creó su comisión en octubre de 2021, después de que el diario Dagens Nyheter publicara la serie «Niños a toda costa» sobre menores llevados a ese país sin el consentimiento de sus padres, entre ellos chilenos sacados durante la dictadura. La investigadora Anna Singer entregó en junio de 2025 un informe de dos tomos y unas 1.500 páginas que examinó siete países de origen —Chile entre ellos, con visita a terreno incluida— y concluyó que hubo niños adoptados sin consentimiento libre e informado, algunos declarados falsamente muertos, con casos confirmados de tráfico de menores en cada década desde los años setenta. La comisión propuso prohibir toda adopción internacional y que el Estado sueco pida disculpas públicas a los afectados.
Dinamarca revisó sus adopciones desde Chile ya en 2021, a través de su autoridad central, la Ankestyrelsen. Su informe sobre el período 1978-1988 detectó posibles ilegalidades en 111 adopciones de niños chilenos —incluidos indicios de métodos de remoción ilegal e incentivos económicos a profesionales, con pagos que según la prensa danesa llegaron hasta los US$3.000 por niño—. Tras el hallazgo, el gobierno designó un enviado especial para gestionar con Chile los reencuentros, y desde 2023 ofrece a los adoptados acompañamiento para revisar sus expedientes, contactar al país de origen y recibir apoyo psicológico. En octubre de 2024, las autoridades danesas pusieron término definitivo a las adopciones internacionales en el país.
Suiza encargó a investigadores universitarios un catastro que, publicado a fines de 2023, encontró indicios de adopciones ilegales desde diez países de origen —Chile incluido— entre los años setenta y noventa, y estableció que las autoridades suizas estaban al tanto. El Consejo Federal reconoció las irregularidades y lamentó que sus autoridades no asumieran suficientemente sus responsabilidades. En enero de 2025, el gobierno suizo decidió prohibir las adopciones internacionales.
Francia publicó en marzo de 2024 el informe de una misión interministerial que asumió las prácticas ilícitas del pasado como una realidad establecida y formuló 28 recomendaciones de reparación, entre ellas ampliar las facultades del organismo estatal de búsqueda de orígenes, abrir la discusión sobre el acceso a pruebas de ADN —hoy severamente restringido por la ley de bioética francesa— y presentar un proyecto de ley para que los delitos asociados a adopciones ilegales no prescriban antes de la mayoría de edad del adoptado.
Incluso Bélgica se sumó: tras el informe de un panel de expertos en 2021 —que recomendó, entre otras medidas, ampliar los plazos de prescripción para poder perseguir judicialmente las malas prácticas del pasado—, la región de Flandes acordó en abril de 2026 una legislación que elimina gradualmente las adopciones internacionales hacia fines de 2027.
El saldo de una década: seis países con investigaciones o revisiones oficiales concluidas que reconocen fallas de sus propios Estados, cuatro que han decidido terminar o prohibir las adopciones internacionales, y uno —Suecia— cuya comisión pidió disculpas públicas de Estado.
Chile: el Estado que se recomendó a sí mismo lo que ahora desmantela
Chile no ha estado inmóvil, pero la comparación con los países receptores es incómoda. Y el episodio de la UBAFI tiene un antecedente que lo vuelve aún más difícil de explicar: la unidad materializaba recomendaciones que el propio Estado chileno se había formulado por escrito.
En el plano legislativo, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó en 2019 que entre 1950 y 2000 se produjeron en el país, de forma recurrente, adopciones irregulares e ilegales. En el plano judicial, desde 2018 existe una investigación penal a cargo de ministros en visita extraordinarios —primero Mario Carroza, luego Jaime Balmaceda y actualmente Alejandro Aguilar—, la causa rol 1044-2018, que acumula alrededor de 1.600 episodios en indagación por hechos ocurridos entre 1965 y 2005. Recién en junio de 2025 se dictó el primer procesamiento por sustracción de menores, junto con una solicitud de extradición. Hasta la fecha, no hay condenas.
En el plano ejecutivo, el presidente Gabriel Boric instruyó la creación de una Mesa Interinstitucional de Trabajo sobre Adopciones Forzadas o Irregulares, constituida por resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en marzo de 2024 e integrada por ocho instituciones públicas, desde el Registro Civil hasta el Servicio Médico Legal y la Cancillería. En 2025, esa Mesa emitió un informe oficial de recomendaciones que contiene el reconocimiento más explícito que el Estado chileno ha puesto por escrito hasta ahora: la información disponible, dice el documento, «permite tener certeza de la ocurrencia de estos actos y que su materialización significó violaciones a los derechos humanos» de las víctimas, perpetradas por redes de implicados públicos y privados que incluyeron a autoridades religiosas, funcionarios de hospitales, del Poder Judicial y de instituciones de acogida.
Sobre esa base, la Mesa recomendó al gobierno un paquete de medidas concretas: un acto público de reconocimiento encabezado por el Presidente de la República, calificado de urgente por la avanzada edad de las madres que buscan; la creación de una orgánica estatal de búsqueda de orígenes por vía administrativa, para quienes no quieren o no pueden recurrir a la justicia; un Banco de Huellas Genéticas operado por el Servicio Médico Legal; el fortalecimiento presupuestario de las instituciones involucradas, expresamente en el proceso presupuestario de 2026; y una Comisión de Verdad y Reparación cuya creación, sugirió la Mesa, debía consagrarse por ley precisamente «para asegurar que la implementación de esta iniciativa no se condicione a la voluntad de las autoridades de turno».
Un año después, el balance es este: el acto de reconocimiento presidencial no se ha realizado, la Comisión de Verdad no existe, el Banco de Huellas Genéticas —comprometido desde febrero de 2026— no ha comenzado a operar, y la unidad de búsqueda que encarnaba la principal recomendación fue desmantelada por la Resolución Exenta N°207 a los cuatro meses de su creación. La advertencia de la propia Mesa sobre la «voluntad de las autoridades de turno» terminó describiendo el destino de su recomendación estrella.
No es la primera vez. En 2020, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Servicio Médico Legal anunciaron un plan piloto para agilizar la localización de víctimas mediante un banco de huellas genéticas, inclusive se tomaron 58 muestras en un plan piloto, pero nunca se implementó, sin que se conozcan los motivos, según consigna el propio informe de la Mesa.
En 2021 el gobierno de Piñera entregó fondos para diseñar un sistema de búsqueda de parentescos; el contrato terminó rescindido porque entregaban esa potestad a una organización civil que compraría test de ADN comerciales internacionales, a toda vista inconstitucional. La UBAFI fue así la tercera iniciativa estatal de búsqueda que muere antes de dar resultados en seis años.
El INDH lo dijo sin rodeos en su informe anual de 2023: el Estado chileno aún no reconoce formalmente como víctimas a los adoptados ilegalmente entre las décadas de 1960 y 1990, y está lejos de cumplir su deber de contribuir a establecer la verdad y facilitar los reencuentros. El reconocimiento escrito de la Mesa, valioso en el papel, no se ha traducido en la calificación de víctimas ni en reparación. Y una investigación periodística internacional publicada por CIPER en 2025 advirtió algo más inquietante: las adopciones irregulares de niños chilenos no son solo un asunto del pasado; uno de los últimos casos denunciados data de noviembre de 2024.
En ese contexto nació la UBAFI. Según la Fundación Hijos y Madres del Silencio, la unidad no fue un gesto discrecional de buena voluntad: además de responder a las recomendaciones de la Mesa, su origen se ancla en un mandato establecido en la Ley de Reajuste del Sector Público de 2026, que encomendó a la Subsecretaría de Derechos Humanos realizar investigaciones administrativas cuando lo requiera el Poder Judicial, además de brindar acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a las víctimas. La organización vincula ese mandato al derecho a la identidad consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño —ratificada por Chile en 1990— y al principio de subsidiariedad del Convenio de La Haya de 1993.
La unidad alcanzó a existir cuatro meses durante el proceso de cambio de gobierno. La Resolución Exenta N°207, firmada el 22 de junio, la desmanteló. Según la fundación, la resolución no elimina la obligación legal del Estado, pero lo deja sin el equipo técnico para cumplirla.
Las exigencias y las preguntas sin respuesta
La Fundación Hijos y Madres del Silencio exige formalmente al gobierno chileno la reversión inmediata de la Resolución Exenta N°207 y el restablecimiento de la unidad con los recursos necesarios; la puesta en marcha efectiva del Banco de Huellas Genéticas, recomendado por la propia Mesa Interinstitucional y comprometido desde febrero de 2026; una explicación pública y detallada de los criterios que llevaron a desmantelar la unidad apenas cuatro meses después de su creación, y del destino de las funciones y casos que tenía en curso; la revisión de las adopciones hacia Noruega a la luz del informe NOU 2026:7, en coordinación con la investigación penal del ministro Aguilar; y garantías de que las funciones de búsqueda sean efectivamente asumidas por otra instancia del ministerio.
La fundación subraya el contraste central de esta historia: el país receptor reconoce institucionalmente, en un documento de Estado de 772 páginas, las fallas de sus propias autoridades; el país de origen, el mismo día, desmantela la única unidad especializada en investigar esos casos y apoyar los reencuentros, en contra de lo que sus propias instituciones habían recomendado.
Detrás de la disputa administrativa hay una urgencia biológica que las organizaciones repiten en cada entrevista: las madres que buscan a sus hijos —y los hijos que buscan a sus madres— envejecen. La propia Mesa Interinstitucional invocó la avanzada edad de las madres para justificar la urgencia de sus recomendaciones. Cada año que pasa sin un sistema estatal de búsqueda, sin huellas genéticas cruzadas, sin acceso ordenado a archivos que en parte fueron destruidos por mandato legal, es un año menos para los reencuentros que todavía son posibles y que la misma fundación ya ha realizado, sin recursos y solo trabajo voluntario, casi 400.
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Este reportaje se elaboró sobre la base del informe NOU 2026:7 del Comité de Investigación sobre Adopciones Internacionales de Noruega, al que este medio tuvo acceso; el Informe de Recomendaciones sobre Adopciones Forzadas o Irregulares de la Mesa Interinstitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile (2025); los informes de las comisiones investigadoras de Países Bajos (2021), Suecia (2025) y Dinamarca (2021) y las revisiones oficiales de Suiza (2023) y Francia (2024); el informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de Chile (2019); el Informe Anual 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos; y las declaraciones públicas de la Fundación Hijos y Madres del Silencio.
La entrada Los niños que Chile no buscará: el Estado cierra unidad de adopciones ilegales el mismo día que Noruega reconoce sus errores se publicó primero en El Siglo.
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