El Ciudadano
Por Sharun Uttamchandani Mujica, cientista político
La introducción de los municipios en la gestión de la seguridad pública ha sido un proceso agresivo, en el que nunca se había visto una transferencia tan abundante de competencias – formal o informalmente- hacia las municipalidades, y consecuentemente, a los alcaldes.
Y, es de toda lógica entenderlo, las municipalidades están facultadas y obligadas para asegurar el apropiado uso del Bien Nacional de Uso Público. En esta línea, en diferentes instancias institucionales y políticas de discusión, los alcaldes de la RM han consensuado horizontalmente en que las personas que pernoctan en la calle en rucos (o, también denominados con elegancia viviendas/asentamientos precarios o informales) son uno de los principales problemas de las comunas metropolitanas.
Lo anterior se ha tomado la agenda de discusión pública y política en diferentes escenarios. Uno de ellos ha sido el campo de la comunicación política, donde la estrategia de los municipios ha sido destacar este problema en redes sociales, matinales de televisión y otros canales.
En estos procedimientos no solo se ha relevado un problema y catalogado como un nuevo fenómeno, sino que se ha identificado un enemigo claro y, al parecer, poderoso. Tan poderoso es el habitante del ruco que la performance ha requerido que sean los mismos alcaldes quienes se hagan presentes para enfrentarse al agente de disrupción.
Así, los vecinos de Ñuñoa, Puente Alto y Peñalolén han podido ver en diferentes pantallas a sus alcaldes enfrentándose verbalmente a quienes ocupan indebidamente el espacio público. Algunos alcaldes hasta han vestido el chaleco antibalas para ello. Todo lo anterior dentro de la narrativa de municipios y alcaldes en terreno.
El escenario anterior ha propiciado la apertura de un ciclo de discusiones que nos devuelven a los 90, época donde aun se castigaba la vagancia como un delito tipificado en el Código Penal.
Entre las posturas invertidas en el debate se pueden registrar 2 iniciativas legislativas que transitan en la misma materia. Por un lado, un grupo de diputados de derecha, liderados por Claudia Mora (RN), directamente proponen que la sola instalación de un ruco sea sancionado con presidio menor en su grado mínimo.
Asimismo, el diputado y presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, propuso un proyecto impulsado con el patrocinio y diagnóstico de la alcaldesa de San Miguel. Este específica con algo más de claridad que la tipificación delictual tendrá lugar cuando el ruco (y su habitante) porten armas, hayan cometido delito o se levante sospecha de su comisión.
Ambos proyectos adolecen, por un lado, de problemas de contenido, y por otra parte, de dificultades en su aplicabilidad (además de consecuencias operativas graves).
En primer lugar, el bien jurídico a proteger es sumamente difuso en ambos casos, asumiendo que las Municipalidades -apoyadas por las policías- ya cuentan con las facultades y obligaciones para el despeje del espacio público. Por otro lado, los proyectos advierten que su prioridad está en aquellos rucos en que se registran delitos. Acá la confusión aparece porque se está volviendo a tipificar delitos que ya están integrados en el Código Penal, como los asociados a droga, receptación o armas.
Sin embargo, la verdadera dificultad detrás de estos proyectos tiene que ver con su aplicabilidad, su carácter operativo.
En primer lugar, ambos proyectos proponen el presidio menor en su grado mínimo. Lo anterior supone una sobrecarga al sistema penal sin siquiera conocer los resultados que podría tener esta aplicación.
Esta sobrecarga supone la saturación de los procedimientos policiales de Carabineros, saturación de los calabozos de las Comisarías, la saturación de las diferentes Fiscalías Locales, para que, probablemente, estas personas no cumplan en la cárcel la condena anunciada en los proyectos de ley. Por lo tanto, el riesgo a que esta legislación constituya una lamentable letra muerta resulta ser muy alto.
El problema de la gente que vive en la calle es una tragedia, no solo por la afectación al colectivo y al espacio público, sino que también porque son innegables los nexos que los rucos sostienen con redes más complejas de criminalidad, siendo el eslabón más débil y vulnerable en cadenas de poder y violencia.
Así, es sabido que las personas que viven en estos espacios, dadas ciertas dependencias a las drogas y problemas de salud mental críticos, recurren a labores de primera línea de narcotraficantes, de revendedores de especies robadas, de desarmadurías que comercian con materias robadas, entre otras.
En definitiva, los incentivos (o, como dicen algunos: la oferta) para la actividad delictual es mayor, y depende de la coordinación entre las instituciones del Estado reducir y desbaratar oportunamente estas redes.
Finalmente, lo que llama la atención es que, una vez más, el Estado chileno en su conjunto está pensando fórmulas fracasadas para acabar por aquellas afectaciones tan molestas para la prensa, la opinión pública y el desempeño de la política.
Aumentar penas o tipificar nuevos delitos ha sido el corazón de todas las agendas cortas que han prometido liquidar, de una vez por todas, el delito en Chile, sin éxito claramente. Pero no, acá lo que aparece es la necesidad de una verdadera política de salud mental, adicción a las drogas, y, por sobre todo, acceso a la vivienda.
Para ello existen programas, centros de pensamientos, universidades y una masa de profesionales que se dedican a la intervención, tratamiento y entendimiento de la profunda realidad del drama que ha llevado a miles de personas a vivir en la calle.
Que el problema haya tomado la relevancia que tiene es una oportunidad para que el Estado en su conjunto disponga de recursos de manera seria en pensar las causas del drama. Entonces, resulta necesario que las políticas que avancen en esta línea logren ser inteligentes a la hora de identificar realmente el fenómeno delictual asociado, y no la sola expresión puntual del problema.
Al mismo tiempo, resulta aun más importante un programa de intervención integral que sea responsabilidad del Estado, mediante el Gobierno Central, no de las capacidades y voluntades de los municipios.
Sharun Uttamchandani
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