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Laura López

Madrid, 17 abr (EFE).- Frustración, decepción y el sentimiento de ser víctimas de discriminación. Así se sienten muchos ciudadanos de origen saharaui que viven en España como solicitantes del estatuto de apátrida tras quedar excluidos de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno.

"Sentí que se me caía el mundo encima", relata a EFE uno de estos afectados, Larabas Mohamed Moulud, sobre el momento en que supo que la medida aprobada finalmente los dejaba fuera.

Nacido en El Aaiún en 1970, cuando el territorio era provincia española, es solicitante de apatridia desde agosto del año pasado pero teme que aún tenga que esperar mucho más. Como mientras tanto no tiene permiso para trabajar en el país, había puesto su esperanza en esta regularización.

Su caso es especialmente sangrante porque, al haber nacido en una colonia española, su familia tiene carnés de identidad o el libro de familia españoles mientras que él, a ojos de España, no tiene patria.

Desde que hizo su solicitud hace ocho meses, no volvió a saber nada del proceso, mientras vive de la ayuda que le ofrecen algunos familiares que tiene en España.

Su percepción es que el Gobierno ha borrado las palabras que se referían a su situación del real decreto sin ofrecerles ninguna solución, por lo que su vida y la de miles de personas como él han quedado "en el aire".

Los borradores en los que había trabajado el Ejecutivo incluían a los solicitantes de apatridia pero el dictamen del Consejo de Estado desaconsejó su inclusión y el texto definitivo dejó fuera al colectivo.

El estatuto de apátrida reconoce legalmente a toda persona que no es considerada como nacional suyo por ningún Estado. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones actualizados hasta diciembre de 2025, en España viven 11.516 personas apátridas, de las cuales al menos el 95 % son sahararuis.

El Gobierno defendió esta exclusión de última hora alegando que los apátridas ya tienen un procedimiento específico que los protege, pero organizaciones como la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara o Juventud Activa Saharaui denunciaron la situación de vulnerabilidad a la que esto les aboca.

Muchos ven esta exclusión como una discriminación respecto al resto de migrantes y, en especial, en relación a los solicitantes de asilo, que sí se pueden beneficiar de la medida, incluso sin renunciar a su petición de asilo hasta que reciban una resolución de la regularización.

La secretaria de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, Fatma El Galia, no entiende este "trato desigual" ante "situaciones idénticas" y solo ve un "acto de discriminación intencionado hacia el colectivo de sahararuis", señaló en una entrevista con EFE.

Es más, los peticionarios de protección internacional están más protegidos que los de apatridia, explica la letrada, ya que pueden trabajar a los seis meses desde su solicitud, mientras que los apátridas tienen que esperar una resolución sin este derecho reconocido.

"En esos dos o tres años ni tienen autorización para poder trabajar, ni tienen asistencia sanitaria ni pueden salir de territorio español... No hay garantía ninguna", precisa la abogada.

El estatuto de apátrida, cuando se concede, da permiso de residencia y trabajo por cinco años y acceso a todos los derechos que tiene cualquier extranjero con papeles en el país, pero el problema es que este procedimiento "no funciona", asegura El Galia, porque no se ponen los medios materiales y humanos necesarios para ello.

Para el director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, la exclusión de los apátridas de la regularización es "claramente una discriminación" para este colectivo pero, según precisó a EFE, no se trata de una exclusión automática de todas las personas saharauis.

En su opinión, existe la opción de renunciar a la petición de apatridia, lo que les colocaría en situación irregular, para solicitar la medida extraordinaria, aunque desde CEAR recomiendan el camino de la protección, ya que, si su regularización no es aprobada, quedarían desprotegidos.

Aún más en el caso de los saharauis, que enfrentan graves dificultades para, por ejemplo, aportar un pasaporte válido en España o conseguir un certificado de antecedentes penales de su país de origen, requisitos indispensables para la regularización.

Para Valiente, este sería un buen momento para mejorar el reglamento de apatridia en España e incorporar las mismas garantías que a los solicitantes de asilo. EFE

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