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Un proyecto envuelto en cuestionamientos desde su origen
Eco Egaña es uno de los desarrollos inmobiliarios más grandes de la RM:
- US$300 millones de inversión,
- tres torres de 32 pisos y otra de 26,
- 1.752 departamentos y 198 oficinas,
- emplazado junto a la estación de metro Egaña.
Desde su anuncio ha enfrentado fuerte resistencia ciudadana y críticas por su impacto urbano.
En 2021, el Tribunal Ambiental ordenó retrotraer parte de su evaluación ambiental para estudiar efectos de sombra y refractación. Y en 2022, la Comisión de Evaluación Ambiental del gobierno de Gabriel Boric rechazó el proyecto, obligándolo a paralizar obras.
La entonces alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, fue una de sus principales opositoras e incluso ingresó antecedentes al SEA por presuntas incongruencias en la documentación de Fundamenta.
La operación judicial: pagos millonarios y la caída de Sergio Muñoz
El proyecto tomó un giro decisivo en 2023. Según una investigación de CIPER, la inmobiliaria —a través de Plaza Egaña SpA— pagó más de $600 millones a sociedades ligadas a los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber.
De ese monto, $410 millones se vincularon directamente a la estrategia legal para recusar al ministro Sergio Muñoz, quien ya había fallado en contra de Fundamenta.
La recusación fue presentada por el abogado Marco Fuentes, cercano a Vargas, y tuvo efectos inmediatos:
- El fallo adverso para la inmobiliaria nunca se publicó.
- La ministra Ángela Vivanco asumió la sala y pidió integrar al ministro Diego Simpertigue, dejando fuera a Soledad Melo.
- Ambos fallaron a favor de Fundamenta, destrabando el proyecto.
Tras esto, Lagos y Vargas —hoy en prisión preventiva por el caso bielorruso CBM— representaron a Plaza Egaña en una demanda civil contra el Estado por $25 mil millones.
Para CIPER, los patrones del caso Fundamenta y el caso CBM son prácticamente idénticos: mismos abogados, mismas prácticas y beneficios millonarios para conglomerados privados.
Acusan a inmobiliaria Fundamenta de imputación falsa contra exministro Sergio Muñoz
El brazo político: aporte del gerente de la constructora DLP a Sichel
Mientras la arista judicial avanzaba, otra trama se movía en la arena electoral.
La Unidad de Investigación de BioBioChile reveló que Martín Larraín Vacarezza, gerente de Finanzas de la constructora DLP —contratista principal de Eco Egaña— donó:
$3 millones a la campaña de 2024 del actual alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.
El aporte es el sexto más alto recibido por el jefe comunal, quien hoy deberá otorgar la recepción final del proyecto cuando termine su construcción.
Sichel respondió de forma escueta:
“Las donaciones son públicas y están en el Servel de forma transparente”.
Durante la campaña, el alcalde había declarado estar en contra de “proyectos urbanos de alto impacto como Eco Egaña”, aunque señalaba que poco podría hacer como autoridad “porque ya está judicialmente resuelto”.
Larraín, por su parte, dijo solo que se trataba de un aporte personal y que “no corresponde abordar mis preferencias políticas”.
¿Un entramado de poder?
El caso Eco Egaña ya no sólo es un conflicto urbanístico. Hoy aparece como un entramado donde se cruzan:
- Intereses inmobiliarios millonarios,
- presiones judiciales,
- recusaciones estratégicas,
- abogados investigados por coimas,
- aportes políticos en momentos clave,
- y conflictos laborales.
Con nuevos antecedentes que vinculan a la inmobiliaria Fundamenta y a la constructora DLP con influencias políticas y maniobras judiciales, el proyecto Eco Egaña se consolida como uno de los casos emblemáticos de cómo la obra pública y privada se entrelaza con decisiones del Estado.
El impacto de estas revelaciones seguirá marcando a Ñuñoa y al país.
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