Los tres ejes y las 20 medidas que promueve el programa de Jeannette Jara

Los tres ejes y las 20 medidas que promueve el programa de Jeannette Jara

Bajo el título de “Plataforma Programática Justa, Segura y Próspera” la propuesta de la candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista plantea el objetivo de que las familias chilenas “vivan en un país más justo, seguro y próspero para todos y todas, donde la vida no se trate solo de sobrevivir, sino de vivir con dignidad”. Se sostiene que “la vida hoy está marcada por el abuso. Sueldos que no alcanzan, barrios inseguros, sistemas de salud colapsados, pensiones aún insuficientes y un Estado que muchas veces parece estar lejos. Viajar horas para trabajar, ver cómo se esfuma el tiempo con la familia, vivir con miedo de enfermarse porque no hay cómo pagar” y que “eso no es justo”. Ante ello, se indica que “nuestro compromiso es que las familias trabajadoras de Chile tengan una vida digna”. “Esta candidatura representa una decisión colectiva: defender a las familias chilenas, a los trabajadores y trabajadoras, a las juventudes, a las mujeres, a las diversidades, a los pueblos indígenas y a todas las personas que, a pesar de tener lo menos, hacen lo más. Defenderlos es, en realidad, defender a nuestro país”, se señala en el documento. Los ejes fundamentales que se promueven son seguridad pública con enfoque social, fortalecimiento del sistema público de Salud y crecimiento económico y redistribución.

“El Siglo”. Santiago. 5/2025. El siguiente es el documento que expresa las propuestas programáticas de la candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista:

“Plataforma Programática Justa, Segura y Próspera”

Esta plataforma de gobierno nace con un compromiso claro: defender, recuperar y cambiar lo que más le importa a cada uno y una de nosotros, la posibilidad de que nuestras familias vivan en un país más justo, seguro y próspero para todos y todas, , donde la vida no se trate solo de sobrevivir, sino de vivir con dignidad.

La vida hoy está marcada por el abuso. Sueldos que no alcanzan, barrios inseguros, sistemas de salud colapsados, pensiones aún insuficientes y un Estado que muchas veces parece estar lejos. Viajar horas para trabajar, ver cómo se esfuma el tiempo con la familia, vivir con miedo de enfermarse porque no hay cómo pagar. Eso no es justo.

Nuestro compromiso es que las familias trabajadoras de Chile tengan una vida digna. Y para lograrlo, es necesario terminar con los abusos que se repiten cada día: sueldos bajos, viviendas precarias, altos tiempos de espera en salud, transporte indigno, falta de tiempo para vivir. No se trata solo de promesas: se trata de poner a las personas en el centro.

Hemos impulsado políticas públicas urgentes y necesarias: el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones, el copago cero, la Ley Papito Corazón, el pago de la deuda histórica a nuestros profesores y profesoras, la ley de 40 horas, entre muchas otras. Todo esto ha sido posible gracias a una férrea voluntad política de cambiar las cosas. Estas medidas no son promesas ni palabras vacías: son acciones concretas que hoy mejoran la vida de miles de familias trabajadoras en todo Chile.

Pero lo decimos con claridad: no es suficiente. Hemos avanzado, sí, pero sabemos que aún falta mucho para que todas las familias trabajadoras sean tratadas con justicia. Y también lo decimos con fuerza: ha sido la derecha la que ha impedido que avancemos más rápido y con más justicia: se han negado a una reforma tributaria justa para distribuir la riqueza, a mejores pensiones y tantos otros cambios necesarios para nuestro país. 

Hemos llegado a un momento decisivo para cada uno y cada una de nosotros. Lo que hemos logrado construir con tanto esfuerzo en estos años hoy está amenazado por una derecha que quiere retroceder en derechos que permiten las condiciones de vida digna para los chilenos y chilenas. Una derecha que busca que a los buenos estudiantes les sea más difícil salir adelante, que los y las trabajadoras no puedan reclamar mejores sueldos, que las mujeres pierdan el derecho a decidir sobre sus cuerpos, que las pensiones sigan siendo un camino rápido hacia la pobreza, y que los que más tienen acumulen aún más. No lo vamos a permitir.

Frente a esto, esta candidatura representa una decisión colectiva: defender a las familias chilenas, a los trabajadores y trabajadoras, a las juventudes, a las mujeres, a las diversidades, a los pueblos indígenas y a todas las personas que, a pesar de tener lo menos, hacen lo más. Defenderlos es, en realidad, defender a nuestro país.

Este programa quiere hablar del futuro compartido que sí podemos construir. Un futuro que será posible cuando haya unidad, cuando se implementen soluciones concretas y cuando se responda a las necesidades urgentes de un país que, aunque produce riqueza, todavía la reparte de manera injusta.

La convocatoria que hacemos es a no dejarse vencer. A defender lo que hemos logrado con lucha, a sumar fuerzas para lo que aún nos falta, a volver a soñar juntos con el país que merecemos. Porque solo unidos podremos avanzar hacia un Chile mejor.

Sabemos que la realidad nacional se ha vuelto incierta, pero también sabemos que la unidad que construyamos será más fuerte que el miedo. Y con ella, podremos avanzar hacia un país más seguro, más próspero y más justo. Para avanzar juntos hacia un futuro mejor.

Este programa es una invitación a caminar juntos y juntas. A no conformarnos con administrar lo posible, sino a transformar lo necesario. A creer que es posible un Chile distinto, construido desde las grandes mayorías, con futuro, justicia y esperanza.

Los ejes de nuestra propuesta

Para avanzar hacia un país más justo, el Partido Comunista propone un programa de gobierno estructurado en tres ejes fundamentales: Desarrollo guiado por la demanda interna, Barrios dignos y Ciudadanía plena. Estos ejes representan una apuesta por reorganizar las prioridades del modelo de desarrollo chileno, colocando en el centro el bienestar de las personas y no las utilidades de unos pocos. Cada uno de ellos aborda un aspecto esencial de la vida social, y su articulación permite construir una visión de país en la que el desarrollo no sea sinónimo de desigualdad, sino de prosperidad compartida.

Modelo de desarrollo guiado por la demanda interna parte de una premisa sencilla y poderosa: cuando a las y los trabajadores les va bien, al país también le va bien. Esto implica aumentar los ingresos de las familias mediante políticas de fortalecimiento del empleo, negociación colectiva, aumento sostenido del salario mínimo, y participación democrática en las decisiones económicas. Un país bien remunerado tiene mayor capacidad de consumo, de organización y de construcción de comunidad. La economía crece con todos y todas nosotras, desde el trabajo y la producción con justicia.

Barrios dignos responde a las condiciones concretas en las que se desarrolla la vida cotidiana. Porque no basta con tener empleo si se vive en zonas sin servicios, con transporte precario, sin acceso a salud o con escuelas abandonadas. Apostar por barrios dignos es garantizar que todas las familias, sin importar dónde vivan, tengan derecho a un entorno seguro, con infraestructura adecuada, acceso a servicios y espacios para vivir bien. Es también reconocer que la desigualdad no solo existe en los ingresos, sino en los territorios. Los barrios verdes, seguros, y con niños y niñas jugando deben ser para todos y todas. Los barrios y las familias de Chile deben ser felices.

Ciudadanía plena es la base política de este proyecto: sin participación, sin derechos garantizados, sin instituciones legítimas y cercanas, no hay transformación posible. La democracia no es solo el derecho a votar cada cierto tiempo; es también el derecho a participar de la vida social, económica y territorial. Esto incluye no sólo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales y culturales: el derecho a decidir, a organizarse, a cuidar, a participar, a vivir sin miedo y el derecho a la seguridad. Pero, sobre todo, el derecho a no retroceder en los derechos.

Estos ejes se traducen en tres grandes desafíos:

1. La seguridad pública con enfoque social: La mejor estrategia en seguridad pública es priorizar inteligencia policial, presencia del Estado en los territorios y fuerte prevención social. Se trata de desarticular las redes del crimen organizado, devolver el control de los barrios a las comunidades, y entender que la seguridad se construye con dignidad, no con miedo.
2. El fortalecimiento del sistema público de Salud: La estrategia debe centrarse en fortalecer la red pública de salud como columna vertebral del sistema, con inversión directa en atención primaria, reducción de listas de espera y dignificación de los trabajadores sanitarios. No se trata de reemplazar lo privado, sino de garantizar que nadie se quede atrás por falta de recursos.
3. Crecimiento económico y redistribución. Más empleos decente y mejores salarios: Para mejorar sueldos y empleos se requiere una política de inversión pública estratégica, combinada con un nuevo pacto social laboral que dignifique el trabajo.

La relación entre estos tres ejes permite construir un proyecto coherente y transformador: si hay salarios dignos, hay poder económico en las manos de las familias; si hay barrios dignos, hay condiciones materiales para el bienestar de las familias; si hay ciudadanía plena, hay fuerza política para sostener y profundizar los cambios. No se trata de tres caminos paralelos, sino de un mismo proyecto de país, abordado desde lo económico, lo social y lo democrático.

Esta articulación no sólo ofrece una estrategia de transformación estructural, sino que también acerca las metas de un gobierno a las preocupaciones concretas de las personas. Lo que muchas veces se presenta como grandes debates ideológicos, aquí se traduce en cuestiones simples y profundas: tener un sueldo justo, vivir en un barrio seguro, sentir que el Estado te respeta y te escucha. Es un programa que no se queda en la promesa abstracta, sino que ofrece respuestas tangibles a la vida real.

Este enfoque le entrega a un futuro gobierno una hoja de ruta sólida y clara, capaz de conectar con las necesidades materiales de las grandes mayorías, pero también con sus anhelos más profundos: dignidad, seguridad, igualdad y esperanza. Es un proyecto que no se limita a administrar lo existente, sino que transforma lo necesario. Para que Chile avance, es imprescindible garantizar condiciones justas para vivir. Y para eso, no basta con crecimiento económico; se requiere un nuevo pacto social, territorial y democrático que ponga la vida en el centro. Esta plataforma busca recuperar la preocupación principal de los chilenos y chilenas: que la vida de nuestra gente sea más feliz, más segura y más próspera.

MEDIDAS PRIORITARIAS

1. Chile trabaja con justicia. Se impulsará la reducción de la jornada laboral a 40 horas en el sector público, la negociación colectiva ramal y la libertad sindical. Se avanzará hacia un salario vital, fortaleciendo la conciliación laboral y la sala cuna universal. Además, se revisará la subcontratación y las causales de despido para recuperar la estabilidad en el empleo. Se promoverán ambientes laborales libres de violencia, con perspectiva de género.
2. Con seguridad y justicia derrotamos al miedo. Fortaleceremos Carabineros y PDI con control civil, formación en derechos humanos y persecución efectiva. Recuperaremos los barrios tomados por el narcotráfico, invirtiendo en infraestructura, cultura y presencia estatal permanente. Cortaremos el acceso a armas para delincuentes y condenados por violencia intrafamiliar. Modernizaremos el sistema penitenciario, enfocándolo en rehabilitación real y aumentando la capacidad carcelaria. Blindaremos nuestras fronteras contra el tráfico ilícito. Enfrentaremos con firmeza la ruta del dinero que genera el narcotráfico. Impulsaremos una ley de levantamiento del secreto bancario. Erradicaremos la violencia de género como prioridad nacional. Seguridad, orden y justicia para proteger a las familias de Chile.
3. Debemos asegurar nuestro futuro. Consolidaremos un Seguro Social solidario para la vejez con financiamiento tripartito, se creará un inversor estatal sin fines de lucro, y pondremos término a las AFP. Regularemos el riesgo financiero de los fondos y se establecerá un seguro obligatorio para proteger a los cotizantes. Además, proponemos adelantar a 60 años el acceso de las mujeres al pilar solidario y se fortaleceremos la PGU con un enfoque reparativo y universal.
4. Un país que cuida y protege. Impulsaremos una reforma del sistema de salud para avanzar hacia un modelo universal, integrado y solidario. Reduciremos listas de espera,a través de la reducción de los tiempos de espera, de los tiempos de entrega de exámenes y la ampliación del número de especialistas. Ampliaremos la red pública de salud mental y aumentaremos de forma sostenida el presupuesto en salud pública. Fortaleceremos la atención primaria en salud (APS) profundizando la estrategia APS universal y mejorando la integración y coordinación con los demás niveles de atención. Fortaleceremos un Sistema Nacional de Cuidados con enfoque de género y derechos humanos, apoyando económicamente a las personas cuidadoras no remuneradas.
5. Desarrollo con Justicia y Sostenibilidad. Proponemos un nuevo modelo de desarrollo productivo basado en industrialización, tecnología y sustentabilidad. Fortaleceremos el rol estratégico del Estado en sectores clave como el cobre, el litio y energía, impulsando la empresa nacional del litio y una transición ecológica justa. Además, apoyaremos la ciencia, la innovación pública, la economía cooperativa con enfoque de género y democratizaremos el acceso al crédito para pequeñas empresas y cooperativas.
6. Nuevo pacto por la educación. Firmaremos un nuevo pacto educativo, fortaleciendo la educación pública en todos los niveles y poniendo al centro el bienestar de las comunidades. Impulsaremos trayectorias educativas continuas y dignas, implementaremos el plan Escuelas como Espacios Seguros para prevenir la violencia escolar, fortaleceremos la salud mental en escuelas y modernizaremos el financiamiento hacia un modelo basal justo. Impulsaremos el rol público de las universidades, asegurando acceso, cuidados y bienestar estudiantil.
7. Vivir mejor, vivir con dignidad.. Aumentaremos la oferta de Centros de Día, crearemos el «Pase Mayor» para transporte a tarifa mínima e impulsaremos precios preferenciales en eventos culturales y deportivos, promoviendo la autonomía, participación y calidad de vida de las personas mayores. En este marco el sistema nacional de cuidados considerará especialmente mecanismos de apoyos para la plena autonomía y autovalencia de las personas mayores.
8. Autonomía y derechos, sin retrocesos. Garantizaremos la autonomía económica de mujeres y diversidades con empleo digno e inserción laboral inclusiva. Aseguraremos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ampliaremos el acceso a la salud sexual y reproductiva, e implementaremos una Educación Sexual y Afectiva Integral. Fortaleceremos el Sistema Nacional de Cuidados y haremos de la erradicación de las violencias de género una prioridad estatal. Garantizaremos los derechos de las diversidades sexogenéricas por medio del fortalecimiento institucional basado en el marco de los derechos humanos, interseccionalidad e igualdad sustantiva
9. Ordenar el territorio, habitar con dignidad. Promulgaremos una Política Nacional de

Ordenamiento Territorial con participación ciudadana vinculante y crearemos un Banco de Suelo Público. Impulsaremos el modelo de «Ciudad Digna» y ciudades de 15 minutos, asegurando servicios básicos cerca de los hogares. Construiremos viviendas públicas a precio justo, apoyaremos cooperativas de vivienda, fortaleceremos el arriendo protegido y fiscalizaremos estrictamente el mercado inmobiliario, priorizando a mujeres y sectores vulnerables. Desarrollaremos un plan dirigido a los  comite de vivienda para que accedan dentro de nuestro periodo a  viviendas sociales.

• Un nuevo pacto con la naturaleza. Lideraremos una transformación ambiental profunda, cerrando progresivamente las termoeléctricas a carbón, expandiendo las energías renovables públicas y priorizando el consumo humano del agua. Promoveremos una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre, fortaleceremos la economía circular y aplicaremos plenamente el Acuerdo de Escazú. Crearemos una nueva Ley de Protección de Glaciares y un ente autónomo de bases ambientales.
• Infancias libres, futuro seguro. Crearemos un Sistema Nacional de Protección Administrativa para niñas, niños y adolescentes, extendiendo Chile Crece Contigo hasta los 13 años y la atención pediátrica en el sistema público hasta los 18 años. Garantizaremos el acceso universal a tecnologías de la información, propondremos el derecho a voto desde los 16 años y reformaremos la Ley de Municipalidades y el Servicio de Protección Especializada para fortalecer la participación, protección y bienestar de niñas, niños y adolescentes.
• Redistribuir para crecer. Impulsaremos un sistema tributario progresivo, elevando impuestos a los súper ricos, eliminando privilegios tributarios. Reconoceremos y remuneraremos el trabajo reproductivo y de cuidados como pilar económico. Aumentaremos la inversión pública en infraestructura, educación, salud y tecnología, fortaleciendo el rol del Estado con enfoque de género, justicia social y equidad territorial.
• Chile se la juega. Impulsaremos una política nacional del deporte que garantice el acceso universal, gratuito y continuo a la actividad física, con enfoque de género, edad y discapacidad. Aseguraremos 60 minutos diarios de actividad física escolar, desarrollaremos infraestructura priorizando comunas con déficit, y financiaremos el deporte comunitario, adaptado y patrimonial. Crearemos centros de alto rendimiento regionales, reconoceremos derechos laborales a deportistas y reformaremos la ley para devolver los clubes de fútbol profesional a sus hinchas.
• Mano firme contra la corrupción. Fortaleceremos la Ley de Transparencia endureciendo las sanciones por corrupción, regulando las “puertas giratorias” entre el sector público y privado y protegiendo efectivamente a los denunciantes. Modernizaremos el sistema de compras públicas para asegurar trazabilidad y excluir a empresas condenadas por corrupción. Crearemos observatorios anticorrupción ciudadanos, impulsaremos presupuestos participativos e impulsaremos la pérdida de derechos políticos para quienes cometan actos de corrupción con recursos públicos.
• Chile necesita partidos que se pongan de acuerdo. Reformaremos el sistema político fortaleciendo partidos programáticos, estableciendo listas cerradas, la pérdida de escaño en caso de renuncia o expulsión. Eliminar la inhabilidad de dirigencias sindicales, gremiales y vecinales para postular al parlamento. Aseguraremos la paridad de género en todos los niveles de representación, reservaremos escaños para pueblos indígenas e impulsaremos mecanismos de participación ciudadana como iniciativas populares de ley, derogación de leyes, consultas y plebiscitos locales abiertos a extranjeros residentes.
• Supervisión y justicia en servicios estratégicos. Fortaleceremos la regulación estatal de servicios básicos como agua, electricidad, gas y telecomunicaciones, garantizando tarifas justas y calidad obligatoria en todo el país. Crearemos una fiscalización independiente con capacidad efectiva de sancionar abusos y promoveremos la participación ciudadana en la supervisión de empresas. Protegemos a los sectores más vulnerables con subsidios diferenciados y evaluaremos la creación o fortalecimiento de empresas públicas en áreas estratégicas.
• Conectar Chile, integrar regiones. Impulsaremos la expansión ferroviaria con proyectos como Santiago–Melipilla, Biotrén hasta Lota y el tren Valparaíso–Santiago, conectando regiones y reduciendo desigualdades territoriales. Avanzaremos en electromovilidad, expandiendo las flotas de buses eléctricos y creando una red nacional de carga sustentable. Modernizaremos la red logística y portuaria con el programa Barcazas para Chile y obras estratégicas en puertos.
• Justicia y futuro para transformar. Fortaleceremos el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada, asegurando su continuidad y recursos. Garantizaremos financiamiento a los Sitios de Memoria, promulgaremos una ley que prohíba el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, ampliaremos las atribuciones del INDH, estableceremos un mecanismo permanente de calificación de víctimas y capacitaremos transversalmente a funcionarios públicos en derechos humanos para consolidar el «nunca más» como base democrática.
• Ruralidad integrada al desarrollo. Promoveremos una agenda transformadora para reducir las brechas de desarrollo en los territorios rurales, basada en un enfoque de justicia y equidad estructural. Impulsaremos una modificación profunda al Sistema Nacional de Inversiones, que permita una asignación de recursos más pertinente a las realidades y necesidades de las comunidades rurales, incorporando criterios de descentralización. Promoveremos la generación de condiciones habilitantes —como el acceso al agua, energía y servicios básicos— junto con una política robusta de conectividad digital y territorial, que permita integrar a los territorios rurales. Asimismo, fomentaremos la diversificación productiva sustentable, apoyando iniciativas agroecológicas, economías locales y emprendimientos innovadores. En este camino, reconocemos a las y los jóvenes rurales como pilares del desarrollo rural, por lo que se priorizará su participación activa, el acceso a tierras, financiamiento y formación, garantizando su protagonismo en el desarrollo rural inclusivo y sostenible.
• Un futuro digno y con sentido: acceso al primer empleo con salario mínimo vital, contrato estable y formación pagada; apoyo estatal a proyectos juveniles productivos, culturales y tecnológicos; trayectorias educativas continuas y gratuitas con bienestar estudiantil asegurado; prioridad en cooperativas de vivienda y arriendo protegido; ciudades de 15 minutos con espacios seguros, cultura, salud mental y transporte nocturno; políticas efectivas de prevención de violencia de género y educación sexual integral; el protagonismo en la transición ecológica mediante empleos verdes.

 

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