El Ciudadano
Cumple en el penal de Colina 1 una condena de 11 años por mutilar a una menor de edad, transformándose en un perfil que el Ejecutivo busca indultar.
La tarde del 21 de noviembre de 2019, en la intersección de Gran Avenida con Américo Vespucio, Luis Antonio Castillo Fernández descendió de un furgón policial y golpeó con su luma el rostro y el tórax de una niña de 14 años que regresaba a su casa tras cotizar telas para su graduación.
Castillo no era un novato en la institución, ya que al momento del ataque ostentaba el grado de suboficial mayor, el escalafón más alto para el personal de nombramiento institucional. Su carrera se había forjado principalmente en la zona sur de Santiago, desempeñando funciones en la 39º Comisaría de El Bosque, un territorio marcado por la complejidad social y la alta frecuencia de procedimientos operativos.
Pese a ser un funcionario de la «vieja escuela», acostumbrado al control territorial bajo una lógica de autoridad rígida, su hoja de vida quedó manchada no solo por la agresión a una menor, sino por las irregularidades administrativas detectadas durante la investigación, donde se reveló la ausencia de hojas de ruta y la desaparición de registros audiovisuales de su unidad aquel día.
La justicia fue tajante al desestimar cualquier contexto de peligro para el uniformado. El fallo que lo envió a prisión estableció que Castillo actuó de manera injustificada y contraria a todos los protocolos internos. «Procedió a golpear en la región frontal del cráneo, en el ojo derecho y en el tórax a una niña de solo 14 años», dice la sentencia que ratificó su responsabilidad penal.
Aunque algunas fuentes mencionan el uso de una escopeta antidisturbios, el proceso judicial acreditó que Castillo utilizó su bastón de servicio, conocido como luma, para propinar un golpe seco y directo al rostro de la víctima. Este impacto fue suficiente para causar una conmoción retinal y uveítis traumática, derivando en una ceguera legal irreversible.
La vida del exsuboficial cambió de los cuarteles a los tribunales, manteniendo un perfil bajo y silencioso durante los casi seis años que duró el proceso. En agosto de 2025, escuchó su sentencia de 11 años de presidio, una de las penas más altas dictadas contra un agente del Estado por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, ingresando finalmente a Colina 1.
Su figura cobra una nueva y polémica relevancia bajo la administración de José Kast, pues el mandatario lo habría incluido implícitamente en su discurso de «defensa a quienes protegieron la patria», sugiriendo que casos como el suyo podrían ser objeto de la facultad presidencial del indulto, bajo la postura de que los uniformados operaron en un escenario de presunta violencia extrema.
Sin embargo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, y diversos juristas vinculados a la Comisión Chilena de Derechos Humanos han recordado que, en el caso específico de Castillo, los tribunales descartaron explícitamente que el exsuboficial estuviera bajo amenaza. Al respecto, el presidente Kast declaró en entrevistas que “en algunos casos de esa violencia extrema sí voy a utilizar la facultad del indulto para personas que defendieron la patria”.
Desde la vereda opuesta, la senadora Fabiola Campillai, también víctima de trauma ocular, es enfática en rechazar estos beneficios, señalando que «el Presidente de la República tiene el deber de respetar la justicia y no puede premiar con impunidad a quienes destruyeron vidas y familias», tras conocerse las intenciones del Ejecutivo de revisar las condenas.
El perfil de Castillo se completa con el rastro de dolor que dejó en su víctima. Mientras él espera una firma presidencial que le devuelva la libertad, la joven arrastra las secuelas de un acoso escolar y un intento de suicidio motivado por la mutilación. La justicia estableció que el daño no fue solo físico, sino que alteró permanentemente el desarrollo personal y social de una adolescente que ni siquiera protestaba.
Luis Castillo Fernández representa la máxima tensión entre la verdad judicial y la voluntad política de un gobierno que busca cerrar la historia del estallido social mediante el perdón a los victimarios.
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