La acción judicial apunta a irresponsabilidades de varias instituciones relacionadas con la investigación como Carabineros, Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), junto con el SML por la demora en la gestión para identificar el cuerpo.

El caso

Luis Felipe Correa, joven de 19 años, desapareció el pasado 20 de agosto de 2025. El joven se habría dirigido desde su domicilio en San Bernardo hasta la casa de una amiga en Viña del Mar, aunque nunca llegó a su destino. Bajo esta consigna, la familia presentó una denuncia por desaparición al día siguiente y, como su última ubicación conocida era Viña, se montó un operativo de búsqueda en dicha ciudad.

Correa murió el 21 de agosto tras caer a las vías de la Línea 1 del Metro. Sus restos fueron entregados ese mismo día por Carabineros al SML, aunque no se pudo identificar su identidad.

De acuerdo al SML, las huellas fueron enviadas al Registro Civil ese mismo día “para cotejo de identidad e identificación”. Pero no hubo respuesta inmediata. Así, Correa se quedó en calidad de NN y recién 75 días después se logro confirmar que era él.

El organismo afirmó que, dada la demora en la respuesta por parte del Registro Civil sobre la identidad de la víctima, el 15 de septiembre ingresó un nuevo requerimiento para agilizar el proceso, aunque no hubo respuesta.

La respuesta llegaría recién el 4 de noviembre -a más de dos meses de su desaparición- momento en el que el Registro Civil entregó una respuesta sobre las huellas dactilares de la víctima, confirmando su identidad. Los restos fueron entregados a la familia el día 6 del mismo mes.