María Fernanda Carrascal rechazó fallo de la Corte que tumba la intervención de la EPS Sanitas: “¿Por qué ahora sí?”

María Fernanda Carrascal rechazó fallo de la Corte que tumba la intervención de la EPS Sanitas: “¿Por qué ahora sí?”

La representante a la Cámara aseguró que la decisión del alto tribunal “erosiona las funciones constitucionales” de la Superintendencia Nacional de Salud y del Gobierno

La decisión de la Corte Constitucional de tumbar la intervención forzosa que hizo la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Sanitas en abril de 2024 generó un amplio debate sobre las medidas implementadas para solucionar varios de los problemas que tenía la entidad en la prestación de servicios. Al respecto se refirió la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, en su cuenta de X.

De acuerdo con la congresista afín al Gobierno, la entidad promotora de salud sí presentaba serias fallas en la atención a los usuarios afiliados. La EPS tenía un patrimonio negativo, no contaba con una correcta gestión de la información de los usuarios y, además, algunos de sus gastos operativos no estaban debidamente justificados. “La intervención era un deber del Estado para cuidar el patrimonio público”, indicó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Pero, más allá del efectuar la intervención, desde la perspectiva de Carrascal, lo esencial es reformar todo el sistema de salud. “El hecho de que las intervenciones -todas, durante este gobierno y antes, motivadas por razones objetivas, apegadas a la ley- han antecedido las liquidaciones de las entidades, es evidencia de la imperiosa necesidad de una reforma a la salud que le dé al sector privado un papel funcional”, precisó la legisladora.

El sistema está permeado por varias problemáticas que requieren de atención inmediata, algunas de ellas centradas en la corrupción. De acuerdo con su explicación, la subcontratación es uno de los puntos que deben ser abordados en una reforma, puesto que esta figura involucra la intervención de “demasiados” actores en el sistema, los cuales tienen sus propias pretensiones de ganancia. Esto, termina afectando la prestación de los servicios.

Aunado a ello, no todos los territorios del país cuentan con atención en salud o, por lo menos, no es equitativa, por lo que se debe garantizar una cobertura y una calidad de la prestación de servicios más justa. Asimismo, es necesario velar por la protección de los derechos laborales de los profesionales de la salud, que, según han denunciado en protestas y ante los medios de comunicación, trabajan sin todo el material requerido e, incluso, sin el pago de sus salarios.

En ese sentido, insistió en que una reforma a la salud es esencial para poder recuperar el sistema, por medio del Estado y de la misma ciudadanía, a través de diversas veedurías. De igual manera, según Carrascal, sería la herramienta ideal para impedir que empresas privadas administren recursos públicos.

Así las cosas, aseguró que no está de acuerdo con la decisión que tomó la Corte Constitucional, pese a que reconoce que debe ser acatada. A su juicio, el fallo representa un desconocimiento de las responsabilidades que deben cumplir tanto la Superintendencia Nacional de Salud como el Gobierno nacional. Además, insistió en que es la primera vez que una intervención de este tipo se cae por la resolución de una acción de tutela.

“Aunque por supuesto respeto el fallo de la Corte, disiento absolutamente con él y denuncio que en la práctica funciona como una actuación política que erosiona las funciones constitucionales de la @Supersalud y del gobierno nacional en favor de una multinacional. Nunca habían prosperado las tutelas en contra de las intervenciones a las EPS ¿Por qué ahora sí? ¿Ustedes qué creen?”, aseveró.

Es importante indicar que, tras la intervención de la entidad a la EPS Sanitas, afiliados han denunciado un deterioro en la atención y la prestación de los servicios. Datos revelados por una fuente consultada por El Tiempo, indican que la EPS llegó a tener entre 22.000 y 23.000 quejas de los afiliados cada mes, desde que se efectuó la intervención.