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Durante nuestro periodo a cargo del Ministerio de Seguridad Pública me reuní con comités de seguridad vecinales. Desde Arica, pasando por las Compañías en la Serena, La Pintana, lo Prado, San Francisco de Mostazal, Talca, Talcahuano, Lanco o Puerto Varas, lo que todos los vecinos y vecinas siempre nos pidieron fue “más carabineros”. Pero para lograr esto no basta una sola medida. Se requiere avanzar, al mismo tiempo, en cuatro líneas: retener policías, formar más policías, liberar funcionarios de tareas que no requieren formación policial y optimizar la dotación disponible. Durante el gobierno anterior se avanzó en estos cuatro elementos, y sería una buena medida perseverar en estas políticas de Estado.

En primer lugar, retener. Formar un carabinero toma tiempo, recursos y experiencia institucional. Por eso son relevantes las medidas destinadas a alargar la carrera, mejorar incentivos al desempeño y favorecer la permanencia. En esa línea se ubica el proyecto de carrera policial de Carabineros, boletín 17.535-25, así como los bonos mensuales creados para Carabineros y la PDI durante 2025 (Ley 21.724 y 21.749), y continuados como política pública en 2026, como puente hasta que se despachen las leyes que modernizan las carreras policiales de manera permanente. También destaca la actualización de la Gratificación Especial de Riesgo para Carabineros que prestan servicios fuera de la Región Metropolitana, la que no aumentaba desde el año 2011, sumando desde el año 2023 progresivamente a todas las regiones del país. De esta manera, al año 2025 todas las regiones del país alcanzaron un 20% de gratificación de riesgo que es el máximo que permite la ley. A esto se suman los esfuerzos por revisar las licencias médicas, sus causas y el apoyo a la salud mental, ámbito en que se ha anunciado un plan de salud integral institucional.

También es importante formar más policías. Sumado al proyecto de ley de carrera policial ya referido, deben sumarse el proyecto de ley del gobierno anterior sobre modernización del ingreso a la PDI (Boletin N°17.371-25), que busca sumar a la institución profesionales con carreras afines a los diferentes focos investigativos actuales, quienes cursarán la carrera de detectives por menos años, dinamizando el ingreso de personas con miradas multidisciplinarias) y la ley de “agentes policiales” que generó el aumento más importante de dotación para la PDI desde su creación, permitiendo aumentar la formación de 60 a 250 agentes por año calendario (Ley N°21.731).

Entre las medidas de gestión se aumentó la capacidad de formación de Carabineros en 800 plazas anuales adicionales, a través de varias iniciativas de optimización arquitectónica y presupuestaria. El gobierno actual ha planteado elevar este valor a 1.000, lo que solo puede ser celebrado, porque mantener políticas de Estado en seguridad es el objetivo principal por el que fue creado el Ministerio de Seguridad Pública. Quedó en ejecución el proyecto de infraestructura de Carabineros denominado “Carretera de la Educación”, mediante el cual se pretende contar con una escuela de formación por región, lo que permitirá aumentar por sobre estas cifras las capacidades de formación en los próximos años.

En tercer lugar, es importante liberar policías. La presencia policial no aumenta solo con nuevos egresos. También aumenta cuando los funcionarios dejan de cumplir tareas que pueden realizar civiles u otras instituciones. En esa línea se ubica la contratación de 1.000 civiles para comisarías, el mejoramiento del llamado al servicio de carabineros en retiro mediante la Ley N° 21.602, y el traspaso de funciones a entidades coadyuvantes, especialmente municipalidades y seguridad privada. También es clave coordinar la presencia de otras instituciones con presencia territorial, como Directemar, PDI, Impuestos Internos, Aduanas, SAG, Senda y MTT, que pueden contribuir a que la presencia de seguridad no dependa exclusivamente de Carabineros.

En cuarto lugar, es importante optimizar la dotación disponible. Durante el año de trabajo del Ministerio de Seguridad Pública se alcanzaron a concluir importantes estudios sobre optimización de la dotación policial que, luego de revisar estimaciones de carga policial, concluyeron que la dotación actual de Carabineros podría ser optimizada: (i) aumentando la dotación civil en las comisarías (este año debería terminar de contratarse los 1.000 civiles que comprometió el Presidente Boric); (ii) redistribuyendo contingente entre comisarías con igual demanda pero dotaciones diversas, o bien, mismas dotaciones pero diferente demanda de servicios policiales; (iii) aumentando la contratación de exfuncionarios como llamados al servicio; y, (iv) traspaso de funciones a entidades coadyuvantes gracias a nueva legislación (seguridad municipal y privada).

Todos estos esfuerzos han sido y deben seguir siendo liderados por el Ministerio de Seguridad Pública, en tanto coordinador de las políticas públicas en seguridad. La seguridad requiere más policías disponibles, mejor formados, mejor distribuidos y apoyados por otros servicios públicos, la seguridad municipal y la seguridad privada. Y en este esfuerzo nadie sobra, pues la presencia del Estado en seguridad no es exclusivamente un deber de Carabineros o la PDI, otras instituciones coadyuvantes como las municipalidades, la Directemar, la Seguridad Privada, junto al resto de los servicios públicos con presencia en el territorio como Impuestos Internos, Aduanas, el SAG, Senda, MTT, pueden y deben estar presentes allí donde las vecinos y vecinas de Chile piden “más carabineros”, para que actuando en coordinación, el sistema de seguridad siga reduciendo los índices de criminalidad y también los índices de temor, pues donde hay más Estado presente, la seguridad de las personas también aumenta.

Por Rafael Collado González, ex Subsecretario de Seguridad Pública,

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