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Al cierre de junio, Gendarmería tenía 66.867 personas bajo custodia en el subsistema cerrado. Un año antes eran 63.276. En 12 meses el sistema sumó 3.500 personas sobre una capacidad diseñada para 42 mil. Cada vez que se anuncia una cifra así, se comunica como si fuera un resultado. No lo es. Es una carga.

Hay dos cosas que conviene decir con claridad. Primero, aumentar la población penal no resuelve el problema del delito. El grueso del crecimiento no está compuesto por quienes dirigen organizaciones criminales, sino por las posiciones más reemplazables de los mercados ilegales: el que vende, el que transporta, la mujer condenada por microtráfico. Entre 2022 y 2024 la población femenina creció más de 50%, casi toda por esa vía. Sacar a esas personas de circulación no desarticula nada. La posición se repone en días, muchas veces antes de que termine el juicio. Lo que sí golpea a una organización criminal es perseguir su dinero: investigación patrimonial, inteligencia financiera, cooperación entre instituciones. Eso no se resuelve con celdas, y no ha avanzado a la velocidad con que se ha encarcelado.

Segundo, seguir sumando personas en prisión preventiva es la forma más eficiente de fabricar carreras criminales. En junio había más de 22 mil imputados en régimen cerrado. Según la Defensoría Penal Pública, cerca de la mitad de quienes reciben esta medida no termina condenada a pena efectiva. Son personas que el propio sistema determina después que no requerían prisión, y que entretanto pasan meses en el lugar donde se aprende el oficio.

La evidencia sobre efectos entre pares es más acotada de lo que suele afirmarse, pero apunta exactamente ahí: los hallazgos más sólidos muestran que la convivencia carcelaria refuerza trayectorias en quienes ya tienen alguna experiencia previa en el mismo tipo de delito. Con la ocupación por sobre el 150%, no hay manera de separar a nadie de nadie. Alguien que entra imputado por un delito menor comparte módulo con reincidentes persistentes y con integrantes de organizaciones que reclutan adentro. No es una hipótesis: el 21,2% de las extorsiones registradas desde recintos penitenciarios entre 2015 y 2024 se concentra en un solo penal, Santiago 1, y el expediente de la Operación Tokio mostró a imputados dirigiendo cobros extorsivos desde su celda.

Esa persona sale peor de lo que entró. Nada de esto es un argumento contra la cárcel. Hay quienes deben estar presos y hay delitos que exigen control estricto y regímenes de máxima seguridad. Es un argumento contra la idea de que el número de presos sea, por sí mismo, la medida de que el Estado está cumpliendo su tarea.

Si algo debiera cambiar antes que la infraestructura, es esto: que ningún proyecto de ley penal siga aprobándose con informe financiero y sin informe de impacto penitenciario. Hoy se legisla sobre las penas y se construye sobre el resultado, sin conectar nunca las dos decisiones. Mientras eso siga así, el próximo umbral llegará antes de lo previsto. Y llegará igual.

Por Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile.