“Me piden devolver 12.000 euros y ahora también endeudan a mi hijo”: el periplo de una afectada por los “cobros indebidos” del Ingreso Mínimo Vital

“Me piden devolver 12.000 euros y ahora también endeudan a mi hijo”: el periplo de una afectada por los “cobros indebidos” del Ingreso Mínimo Vital

A Cristina Martín le concedieron esta prestación de oficio en junio de 2020 y, al cabo de un año y medio, la Seguridad Social le reclamó devolver la ayuda. Ella asegura que el error lo ha cometido la Administración

La llegada del correo se ha convertido en una pesadilla para Cristina Martín. No tiene nada en contra de quien despacha las cartas, pero teme las nuevas notificaciones que le puedan llegar de la Seguridad Social, ya que le exige devolver algo más de 12.000 euros por “cobros indebidos” del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación que el Gobierno puso en marcha para prevenir el riesgo de pobreza. Como madre de dos hijos, divorciada y sin empleo, Cristina cumplía los requisitos para cobrar esta ayuda, por lo que la recibió durante casi un año y medio, desde junio de 2020 hasta octubre de 2021, cuando, para su sorpresa, la Administración le reclamó esa deuda, una suma que no puede pagar.

Antes de recibir el IMV, Cristina percibía una prestación de 600 euros al año por tener dos hijos a su cargo, pero en junio de 2020 y sin que ella lo solicitara, la Seguridad Social le envió una carta donde le informaban que a partir de esa fecha le correspondía cobrar esa nueva ayuda, que ascendía a 740 euros mensuales, lo cual alivió su precaria situación económica. Pero unos meses después llegó esa otra notificación donde le reclamaban todo lo que había percibido durante 14 meses: un total de 12.700 euros.

“Nunca he ocultado nada. Son ellos quienes me conceden esa ayuda sin haberla pedido, así que doy por hecho que ellos corroboraron todos los datos con Hacienda y que la prestación me corresponde por estar desempleada, tener hijos y pagar un alquiler. Pero en realidad me estaban timando, porque de repente me exigieron pagar una deuda”, dice indignada a Infobae España. La situación fue tan inesperada para Cristina que incluso imaginó que se trataba de una estafa, porque “nunca la han llamado para ver su expediente” y la Administración solo se ha comunicado a través de cartas. De ahí que haya desarrollado “una especie de fobia a recibir el correo”, además de problemas de ansiedad y depresión, explica al otro lado del teléfono.

Denuncia ante la Justicia

Al no poder pagar esa suma y considerar que se trata de un error de la propia Administración por cruzar indebidamente los datos, la mujer decidió denunciar su caso ante la Justicia. El juicio tuvo lugar el pasado mes de febrero y aún está esperando una sentencia que confía sea absolutoria, ya que existe jurisprudencia al respecto: la doctrina Cakarevic dicta que si el error proviene de la Administración y el beneficiario no actuó de mala fe, no se le puede exigir la devolución de la ayuda. Además, añade, en mitad del juicio la responsable de la Seguridad Social cambió la cantidad de la deuda, rebajándola en 1.000 euros debido a un complemento de monoparentalidad que nunca antes tuvieron en cuenta, por lo se quedaba en unos 11.700 euros.

Por consejo de su abogada, Cristina solicitó un aplazamiento de la deuda, pero la Tesorería General de la Seguridad Social solo le concedió un fraccionamiento que ha empezado a cobrar este mismo mes de febrero, pese a que aún no hay sentencia. Debe pagar 60 cuotas de 211 euros al mes.

“La Tesorería ni siquiera ha calculado bien la cuota, porque han hecho el cálculo sobre los 12.700 euros iniciales, sin tener en cuenta la rebaja de los 1.000 euros”, lamenta. Por ello, cuando el banco le pasó a finales de febrero el primer recibo de 211 euros, Cristina decidió devolverlo. “No me ha quedado más remedio que fraccionar la deuda porque si no me embargaban la cuenta, pero tienen que corregir esa cantidad, porque ya no procede, es menor”, defiende.

Cristina asegura que actualmente solo dispone de los 600 euros mensuales que su exmarido le paga de pensión alimenticia por su dos hijos, “dinero que cobra en mano” y que utiliza para garantizar el bienestar de sus hijos, “no para ella”, por lo que su cuenta actualmente “está vacía”.

La deuda la asumen todos los miembros de la unidad familiar

Lejos de terminar ahí su periplo, para su sorpresa el pasado mes de marzo el banco pasó el recibo de la deuda a la cuenta de su hijo mayor, que ahora tiene 21 años y estudia en la Universidad gracias a una beca. Cristina, que solo figura como persona autorizada y no como titular en esa cuenta, jamás pensó que la Administración “pudiera convertir a su hijo en deudor pasivo”. Sin embargo, lamenta, así ha sucedido.

Esta situación se produce debido a que la deuda generada por el Ingreso Mínimo Vital se considera de todos los miembros de la unidad de convivencia. “No solo convierten a los críos en deudores, sino que encima les convierten en deudores pasivos, porque no tienen ningún derecho a reclamar. La deuda es de los tres, pero la única que ha tenido opción en estos años a defenderse y hacer reclamaciones soy yo. A mi hijo ni siquiera le han hecho una notificación”, concluye.

Los afectados aseguran que las resoluciones son “injustas”

El caso de Cristina y su hijo son solo una muestra de la realidad que viven otras muchas personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital a las que la Seguridad Social les ha reclamado “cobros indebidos”. De hecho, desde la plataforma de afectados por el IMV han denunciado en numerosas ocasiones las “injustas resoluciones” que, a su juicio, se están aplicando y critican la “falta de coordinación de las diferentes administraciones y los cálculos inadecuados de los ingresos económicos”, además de la lentitud de los procesos y el silencio administrativo.

En junio del año pasado, muchas de estas personas afectadas, a través de la ONG Movimiento Internacional ATD-Cuarto Mundo, denunciaron a España ante al Comité Europeo de Derechos Sociales al considerar que la Ley de Ingreso Mínimo Vital, la que regula esta renta básica de subsistencia, no cumple con la Carta Social Europea, “que es el máximo exponente de los derechos sociales básicos en los países adscritos al Consejo de Europa”.

Cabe recordar que fue en junio de 2020 cuando el Gobierno puso en marcha esta prestación como medida social frente a la pandemia, con el objetivo de prevenir la pobreza y la exclusión social, y a lo largo de estos años -hasta marzo de este 2025- ha llegado a un total de 703.479 hogares en los que viven 2.145.006 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con una cuantía media de 508 euros al mes por hogar. Sin embargo, los requerimientos para devolver el IMV prestación solo han agudizado los problemas que ya venían arrastrando muchas de estas personas en situación de vulnerabilidad, tal y como ha recordado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha llegado a reclamar que esos hogares sin recursos no tengan que devolver la prestación cuando se haya percibido de forma indebida y siempre que quede acreditada la buena fe de los beneficiarios o el error sea de la Administración.

La Seguridad Social ya ha reclamado deudas del IMV por valor de 500 millones de euros desde su puesta en marcha y hasta el pasado mes de julio.