Si alguien quiere invertir, la razón para hacerlo va a ser porque existe la confianza entre el inversionista y el entorno, lo cual configura un contrato psicológico fundamental para promover crecimiento. En este contexto, se ha identificado a la permisología como una gran barrera para poder promover la inversión y el nuevo gobierno, que ha puesto en la agenda el profundizar en las soluciones de los primeros 100 días, marca probablemente un buen punto de partida.
La primera etapa se espera provenga en mejoras administrativas y de gestión en donde, dentro de otras medidas, catalogar tempranamente a los proyectos en cuatro categorías (estratégicos, Estudio de Impacto Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental y permiso simple) permitiría agrupar eficientemente los recursos, equipos y criterios acorde con la naturaleza del proyecto en evaluación, particularmente en la parte preprocedimental de la categoría de grandes proyectos.
A nivel quirúrgico también se puede avanzar mucho con la precisión de ciertas definiciones clave que posteriormente se judicializan o son sujetos de una alta discrecionalidad, como definir temprana y sectorialmente la zona de influencia; diferenciar impacto significativo o impacto crítico de aquello que no lo es; o precisar conceptos tan amplios como alteración, reemplazándolos por otros bien definidos y delimitados. Ahora bien, para diferenciar entre destrabar un proyecto o promover las bases de un ciclo virtuoso de crecimiento, se va a requerir de tres cursos de acción institucional paralela.
Lo primero, reducir espacios de discrecionalidad mediante fortalecimiento normativo y tipologías que reduzcan consultas repetitivas y focalicen las evaluaciones hacia donde se justifica un mayor análisis. En materia de aire, agua, suelo y otros como biodiversidad y circularidad, es posible modernizar la normativa bajo estándares homologables a distintas regiones, a objeto de que los proyectos pequeños cuyas variables sensibles son estandarizables reduzcan automáticamente el tiempo de evaluación.
Segundo, se requiere que la información e institucionalidad sean confiables. Para esto, se requiere que los datos, levantamiento y fiscalización se construyan a partir de estándares de representatividad y confiabilidad adecuados que reduzcan la discrecionalidad y minimicen la judicialización. En esta línea, destacan los convenios que permiten que las iniciativas en desarrollo por parte de Sofofa con Finlandia y Fundación Chile en materia de aire y emisiones o convenios con la Universidad de Harvard en materia de salud, que ayuden no solamente a aclarar diferencias ambientales, sino a construir capacidades en materias de alta complejidad y sensibilidad ambiental.
El tercer punto de mejora tiene que ver con ser prácticos para promover una hoja de ruta ambiental que sea accesible y de alta relevancia, como por ejemplo contar con objetivos estratégicos de alcanzar el cumplimiento de las normativas primarias y secundarias, permitiendo que muchas zonas salgan de su condición de saturación. Si agregamos que Chile promueva primeramente su contribución a la transición energética global mediante productos y servicios que van a ser protagonistas en alcanzarla elevando el nivel de protección de nuestros parques naturales públicos y privados existentes (en desmedro de un aumento de restricciones en lugares definidos al desarrollo de la vocación productiva), se podría no solamente avanzar en un camino de protección ambiental, sino articular un camino de referencia ambiental que nos permita volver a creer.
El camino que abra la instalación del nuevo gobierno, aplicando medidas administrativas y de gestión, será muy relevante para destrabar importantes y necesarios proyectos en una primera etapa, pero su consolidación requerirá del fortalecimiento de una institucionalidad ambiental que garantice el flujo adecuado de proyectos, información confiable y objetivos razonables que permitan abrir un nuevo ciclo de confianza de largo plazo.
El autor de la columna es consejero de la Sofofa
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