La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que sancionó a AES Andes S.A. con una multa de 50.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a $3.480.550.000, por incumplimientos a la normativa eléctrica detectados tras el mega apagón ocurrido el 25 de febrero de 2025.

El evento dejó sin suministro eléctrico al 98,5% de la población del país durante varias horas y dio origen a una investigación administrativa para determinar responsabilidades.

Según detalló la SEC, durante la aplicación del Plan de Recuperación de Servicio se registraron indisponibilidades en los sistemas de supervisión y control de instalaciones pertenecientes a la empresa, lo que dificultó la ejecución oportuna de los mecanismos diseñados para restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

La indagatoria estableció que algunas instalaciones no contaban con sistemas de respaldo plenamente operativos, situación atribuida a deficiencias en los planes de mantenimiento. Estas falencias afectaron la disponibilidad de sistemas auxiliares y de comunicaciones esenciales en un periodo crítico, contribuyendo a retrasos en la normalización del servicio.

Investigación en curso

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, señaló que esta multa forma parte de la misma investigación iniciada tras el apagón y que el objetivo es establecer con claridad las responsabilidades y enviar una señal a la industria respecto de la necesidad de mantener las instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad, especialmente los sistemas de respaldo y control en contextos de contingencia.

Esta nueva sanción se suma a otras ya aplicadas en el marco del proceso, entre ellas multas contra Interchile, Transelec, Alfa Transmisora, CGE Transmisión, Engie Energía Chile y a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional. Con ello, el monto total de multas aplicadas en esta investigación supera los $33.400 millones.

La autoridad añadió que la investigación continúa y no se descarta la aplicación de nuevas sanciones, en la medida que se determinen responsabilidades adicionales tras el análisis técnico y jurídico de los antecedentes recopilados.