En momentos decisivos para la iniciativa, el Partido Comunista reiteró su rechazo. “Cuando veamos una suerte de otra cara de la moneda, que es algo como una reforma laboral, el retroceso será increíble”, advirtió el dirigente del PC.
“El Siglo”. Valparaíso. 14/7/2026. El Partido Comunista, incluidas sus bancadas legislativas en el Senado y la Cámara Baja, persistió este día en rechazar el megaproyecto financiero y tributario impulsado por el gobierno y que tiene un claro sello de beneficio a las grandes empresas y grupos financieros.
Legisladoras y legisladores del PC reiteraron que la iniciativa de la administración de José Antonio Kast es una reforma tributaria encubierta y que el gobierno pretende legislar en contra los intereses de la gran mayoría de la población, y antepone la protección de los intereses de los empresarios y las familias más ricas de este país.
Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, expresó este día que el gobierno insiste en su megaproyecto financiero y tributario “a pesar de las reiteradas encuestas (negativas) que la ciudadanía tiene en desconfianza, en distancia, respecto a qué cosas va a resguardar el gobierno”, con este tipo de iniciativas.
El dirigente recordó que su partido y sus bancadas legislativas en el Senado y la Cámara Baja “cuestionamos esto desde su origen, e incluso intentamos que no se pudiera discutir, rechazamos la idea de legislar, y ahora viene este paso” de aprobación o no en la Cámara Alta.
Carmona enfatizó que “aquí no hay una sola medida que vaya a beneficiar en igualdad de condiciones al conjunto de la población, ni menos a los trabajadores”.
Añadió que “cuando veamos una suerte de otra cara de la moneda, que es algo como una reforma laboral, el retroceso será increíble”, en referencia a medidas que está tomando el gobierno como instalar las 52 horas de trabajo semanal, que las y los trabajadores ahorren para pagar sus indemnizaciones, y que se flexibilicen las razones para despidos.
En una declaración del PC de hace unos días, indicó que “este proyecto es malo para Chile y las familias. No garantiza que se creen más empleos, pone en riesgo el financiamiento de políticas sociales como la PGU, les quita recursos a los municipios, obligando a los alcaldes a disminuir transporte en zonas rurales, horarios de funcionamiento de CESFAM, recuperación de espacios públicos, luminarias, entre otros”.
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