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Originalmente el gobierno pretendía asegurar una estabilidad tributaria de 25 años a los inversionistas con iniciativas de un mínimo de 50 millones de dólares. Esto era considerado por la izquierda -que ya tenía la decisión tomada de ir al TC- como un plazo muy largo y con un monto muy bajo. En respuesta, los senadores PPD propusieron una fórmula escalonada y, a cambio, desistían de apoyar una impugnación constitucional.