Con el interés de agilizar los proyectos de inversión, el gobierno propone que se devuelva el dinero invertido a las empresas que, teniendo un permiso ambiental aprobado, un tribunal lo anule. Asimismo, pretende reducir el ir y venir en el trámite ante la autoridad ambiental, con un "régimen especial" que reduzca el número de adendas.
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