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La megarreforma ha sido aprobada en lo fundamental en el Congreso, más allá de lo que pueda suceder con aspectos específicos como el informe de la comisión mixta y en el Tribunal Constitucional. Su aprobación representa un giro radical respecto del curso que tomó Chile con el segundo gobierno de Bachelet, lo que es motivo de optimismo para empresarios e inversionistas, un sentimiento que la ciudadanía no comparte aún. De hecho, quienes aprueban, rechazan o no tienen una opinión formada sobre la megarreforma representan proporciones muy similares (Criteria). Pero el gobierno debiera poner especial atención a las diferencias entre el ánimo económico de los empresarios y de la ciudadanía (medidos por el Indicador Mensual de Confianza Empresarial -IMCE- y el Índice de Percepción de la Economía -IPEC- que capta el ánimo de las personas), índices que tienden a moverse juntos en el largo plazo, pero cuyo distanciamiento hacia el lado de los empresarios ha antecedido episodios de malestar social en gobiernos de derecha.

Las últimas mediciones disponibles (Banco Central) muestran a la ciudadanía en 32 puntos y a los empresarios en 46 aproximadamente, una distancia de 14 puntos, muy por sobre el promedio de 9 en las últimas dos décadas y del promedio de 5 entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, desde que era evidente un triunfo de la entonces oposición hasta su primer mes en La Moneda. Este dato tiene una implicancia social y política que el gobierno debe tomarse en serio ya que, sostenida en el tiempo, la brecha entre empresarios optimistas y ciudadanos pesimistas abrirá una nueva oportunidad a los discursos populistas, polarizadores y anti elites, en que el “chorreo 2.0” sería un discurso lamentablemente efectivo.

La historia reciente ofrece advertencias. Por ejemplo, la brecha entre el IMCE (empresas) y el IPEC (consumidores) se amplió en los meses previos a las movilizaciones estudiantiles de abril de 2011, volvió a hacerlo de manera sostenida a lo largo de 2019, antes del estallido de octubre, y alcanzó su punto más alto en dos décadas en vísperas de la elección de la Convención Constitucional. No es un oráculo, pero sí una señal de que se pueden estar incubando sentimientos de injusticia fácilmente manipulables.

La futura promulgación de la megarreforma es una inyección de optimismo para los empresarios e inversionistas, pero no todavía para la ciudadanía en general. El desafío del gobierno es que el ánimo positivo llegue a ambas audiencias. Como esto no lo logrará una ley y los efectos de la inversión en la economía real pueden tardar, necesita generar expectativas en la ciudadanía a través de políticas públicas que sientan cercanas. Lo que tiene a mano para estos efectos es la reforma laboral que planean impulsar próximamente. Esta tampoco será necesariamente popular pero, encadenada a la megarreforma, podría permitir una narrativa de cambio profundo, que baje a la ciudadanía los beneficios de la inversión que las nuevas leyes debieran fomentar.

Por Rafael Sousa, Socio en ICC Crisis, Profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP