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La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó este sábado el inicio formal del procedimiento para desalojar la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, luego de validar el plan operativo presentado por la Delegación Presidencial Regional.

El tribunal —mediante resolución de la Sala de Cuenta— determinó que, considerando el decreto de expropiación ya vigente y el documento operativo ingresado por el Ejecutivo, el proceso puede comenzar «en los términos planteados por la Delegación Presidencial». La medida afecta únicamente al terreno que no forma parte de las 115 hectáreas declaradas para expropiación, superficie que alberga a cooperativas de vivienda y organizaciones formales.

El plan del Gobierno estima que unas 2.200 familias serán desalojadas, al no estar contempladas en el polígono protegido por la expropiación. Se trata del mayor desalojo masivo autorizado en más de una década.

Aun así, no hay fecha.
Y es precisamente ese vacío el que abre la interpretación política.

El factor electoral: la operación Centinela como herencia incómoda

En sectores del oficialismo y de la oposición se instaló una lectura compartida —aunque por razones distintas—: La Moneda está preparando un operativo que probablemente no ejecutará, pero que quedará listo para ser aplicado por el próximo gobierno.

¿Por qué?
Las razones políticas y temporales convergen:

1. Un desalojo de esta magnitud tendría un costo social y comunicacional altísimo.
   Abarcaría a miles de familias vulnerables, muchas de ellas con niños, migrantes y adultos mayores. Las imágenes de Fuerzas Especiales entrando a un asentamiento de tal tamaño son, para cualquier administración, un riesgo reputacional enorme.
2. El gobierno actual evita asumir el costo directo, pero cumple con “ordenar” el proceso.
   Validar el plan ante la Corte, completar los informes y establecer la operatividad permite mostrar gestión frente a presiones judiciales, empresariales y municipales, sin ejecutar la parte más conflictiva.
3. La proximidad de la elección presidencial.
   Con José Antonio Kast como favorito en las encuestas, se abre la posibilidad de que sea una futura administración de derecha la que deba enfrentar la ejecución material del desalojo. En ese escenario, el gobierno actual quedaría como quien “dejó el trabajo hecho” y la responsabilidad política se trasladaría al sucesor.
4. Para el Ejecutivo, el cálculo es claro: cualquier estallido social asociado al desalojo es preferible que ocurra bajo otro mandato.

El operativo —ya autorizado, listo y sellado judicialmente— se convierte así en una bomba de tiempo programada para detonar cuando otro ocupe La Moneda.

2.200 familias al borde de la incertidumbre

Más allá del juego político, el conflicto humano es enorme.
Las familias del sector fuera del área de expropiación enfrentan un escenario incierto: ya no se discute si habrá desalojo, sino cuándo y cómo.

Tres elementos claves del impacto social:

• Ausencia de alternativas habitacionales inmediatas.
  No existe, a la fecha, un plan público que garantice reubicación, subsidios transitorios o medidas de mitigación.
• Heterogeneidad de los ocupantes.
  No todas las familias pertenecen a cooperativas: muchas llegaron por necesidad extrema y quedaron fuera de cualquier proceso formal de postulación.
• Potencial de conflicto elevado.
  Organizaciones locales ya han advertido que resistirán cualquier intento de desalojo sin alternativas dignas.

La propiedad privada como argumento jurídico y la presión empresarial

El terreno que será desalojado pertenece a la inmobiliaria San Antonio S.A., que mantiene litigios y gestiones desde hace años para recuperar la superficie tomada. Su presión judicial ha encontrado respaldo en los tribunales, lo que explica la celeridad con que la Corte aprobó el plan operativo.

Pero la decisión también abre un flanco para el debate público:
¿Por qué el Estado expropia 115 hectáreas y deja fuera a más de dos mil familias sabiendo que serán expulsadas?

La respuesta oficial es técnica.
La lectura política es otra.

El escenario que podría enfrentar Kast si llega a La Moneda

Si José Antonio Kast asume en marzo de 2026, recibirá un expediente listo, autorizado, respaldado por tribunales y con presión empresarial para ejecutar el desalojo.

Tres escenarios probables para un gobierno de derecha:

1. Ejecutar el desalojo rápidamente.
   Para reforzar la señal de control territorial y orden público.
   Riesgo: crisis humanitaria y protestas nacionales.
2. Intentar renegociar el plan operativo.
   Pero enfrentaría recursos judiciales, presiones políticas y un precedente ya establecido por la Corte.
3. Postergar indefinidamente.
   Lo que transformaría a la megatoma en un símbolo de la incapacidad estatal para gestionar el territorio.

En cualquiera de las tres alternativas, Kast estaría atrapado en un dilema costoso.
Y La Moneda lo sabe.

Conclusión: una jugada de largo aliento

El desalojo del cerro Centinela no es solo un trámite judicial ni un operativo de orden público:
es una pieza estratégica en el tablero electoral.

El gobierno actual avanza en todas las etapas técnicas necesarias, cumple con las exigencias judiciales y ordena la carpeta administrativa. Pero evita fijar fecha, dejando el acto material —y su inevitable costo político— en manos de quien gane el próximo domingo y en La Moneda dan por descontado que será Kast.

La megatoma, convertida en símbolo de la crisis habitacional y de la incapacidad del Estado para anticipar ocupaciones masivas, será también un herencia incendiaria para la próxima administración.

Una bomba de tiempo lista para estallar.
Y ahora, con autorización de la Corte, con la mecha ya encendida.

La entrada Megatoma de San Antonio: ¿Desalojo técnico o maniobra política para dejar una bomba de tiempo al próximo gobierno? se publicó primero en El Periodista.