El Ciudadano
La decisión del Gobierno de expropiar parte de la megatoma del Cerro Centinela, en San Antonio, volvió a instalar el debate sobre la crisis habitacional en nuestro país. La medida fue anunciada a inicios de diciembre, a pocos días de cumplirse el plazo del fallo judicial que ordena el desalojo del asentamiento.
Esta semana, la Contraloría General de la República tomó razón del decreto que autoriza la destinación de recursos para la expropiación, lo que permitió avanzar en el proceso administrativamente y habilitar el uso de fondos públicos para avanzar en la medida.
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) detallaron que la expropiación considera cerca de 100 hectáreas de un predio privado de 215, donde residen más de 4.000 familias, en uno de los campamentos más grandes del país.
De acuerdo con el Decreto Exento N°88, el Estado desembolsaría alrededor de $11 mil millones, equivalentes a un valor cercano a 0,23 UF por metro cuadrado, recursos que provendrían de proyectos habitacionales del Serviu que no fueron ejecutados.
El Minvu ha insistido en que se trata de una situación excepcional. Además, señalaron que, durante seis meses se intentó sin éxito un acuerdo de compraventa con los propietarios, y el inminente desalojo, sumado a la falta de terrenos alternativos con factibilidad sanitaria, obligó al Estado a intervenir para evitar una crisis social y humanitaria.
El Gobierno también ha defendido la legalidad del proceso, señalando que una sentencia de desalojo no elimina la facultad expropiatoria del Estado. En esa línea, aseguraron que la medida no busca eludir el fallo judicial, sino facilitar la implementación de un plan habitacional que contribuya a su cumplimiento.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que el Ejecutivo avanzará en el desalojo conforme a lo ordenado por la justicia, pero con resguardos por la magnitud del campamento, que supera las 10 mil personas, con el objetivo de dejar el proceso encaminado antes del término del actual gobierno.
Pese a ello, distintos análisis advierten que el costo final podría ser mayor. Según Ex-Ante, los $11 mil millones corresponderían al piso del proceso y podrían escalar hasta entre $20 mil millones y $30 mil millones en caso de judicialización, además de sumar elevados costos de urbanización y subsidios.
Desde el sector privado, la Cámara Chilena de la Construcción cuestionó la decisión, calificándola como tardía y riesgosa para el respeto al derecho de propiedad. A esto se suman advertencias técnicas sobre el precedente que podría sentar en otros macro-campamentos del país.
Así, el caso de San Antonio se consolida como un punto de inflexión. Para el Gobierno, una respuesta excepcional frente a una emergencia habitacional; para sus críticos, una señal compleja en términos de costos, incentivos y efectos a largo plazo.
Debate en el Senado
El tema fue abordado esta semana en la Comisión de Vivienda del Senado, sesión a la que no asistieron ni el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ni el titular de Vivienda, Carlos Montes. En su representación expusieron autoridades técnicas del Minvu, el Serviu y abogados del proceso.
Gloria Maira, delegada del ministro para la megatoma de San Antonio, entregó un detallado catastro del asentamiento, señalando que el campamento comenzó a poblarse en 2019 y se consolidó tras la pandemia. Según el registro cerrado en agosto de 2024, el predio alberga a 4.136 familias, equivalentes a 10.251 personas, distribuidas en cinco polígonos.
Maira destacó que más del 65% de la población pertenece al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, cifra que alcanza el 80% si se considera hasta el 60%. Además, desmintió versiones que indicaban una alta presencia de personas con segunda vivienda o subsidios previos, asegurando que estos casos no superan el 10% y el 3%, respectivamente.
Desde el Minvu explicaron que, tras la sentencia de desalojo ratificada por la Corte Suprema, se evaluaron alternativas considerando que el terreno no cuenta con factibilidad sanitaria ni urbana. En ese contexto, se promovió la organización de las familias en 40 cooperativas, que agrupan a más de 3.700 hogares y que seguirán siendo parte del desarrollo del plan habitacional.
El senador David Sandoval planteó que el caso del cerro Centinela es solo la expresión más visible de un problema estructural, recordando que en Chile existen 1.428 campamentos con más de 120 mil familias. Cuestionó la eficiencia del sistema y la baja ejecución de recursos destinados a asentamientos precarios, subrayando que la crisis no puede abordarse solo caso a caso.
Desde el punto de vista técnico y jurídico, la abogada María Francisca González explicó que antes de optar por la expropiación se conformó una comisión técnica con el municipio y los propietarios, pero el proceso fracasó por diferencias de precio y exigencias consideradas inviables por el ministerio. Añadió que la tasación de 0,22 UF por metro cuadrado fue realizada por una empresa privada especializada y que, ya iniciado el proceso, una comisión de peritos independientes fijó una indemnización provisional cercana a 0,25 UF por m².
Por su parte, la directora regional del Serviu, Nerina Paz, sostuvo que la expropiación es una herramienta ya utilizada en otros casos y que estos procesos suelen extenderse más allá de un período de gobierno. Detalló que el procedimiento avanza ahora hacia la etapa judicial, con la consignación de recursos y la posterior toma de posesión del terreno por parte del Estado.
Durante la sesión, senadores como Carlos Kuschel y Yasna Provoste expresaron preocupación por el origen de los recursos utilizados para la expropiación y su eventual impacto en proyectos habitacionales de otras regiones, cuestionando además la baja ejecución del programa de Asentamientos Precarios.
Desde el Ejecutivo se respondió que los fondos provienen de recursos que no se ejecutarían este año y que su reasignación no implica la cancelación de proyectos, sino su postergación.
Asimismo, se informó que ya se firmó un convenio de largo plazo entre el Minvu, el Serviu, la Seremi y las cooperativas, proyectando un plan habitacional que tomará entre ocho y diez años, comenzando por la macrourbanización y el loteo del terreno.
Así, el caso de San Antonio se consolida como un punto de inflexión en la política habitacional: para el Gobierno, una respuesta necesaria frente a una emergencia social; para sus críticos, una señal compleja en términos de costos, gestión y efectos de largo plazo.
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