El Ciudadano
El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) manifestó su enérgico repudio a la red criminal descubierta esta semana, y que traficaba ilegalmente productos del mar con la participación activa de funcionarios públicos del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), efectivos de Carabineros de Chile y trabajadores de la Municipalidad de Valdivia.
La denominada «Operación Nereida» resultó en más de 54 detenidos, entre ellos el exdirector regional subrogante de Sernapesca en Los Ríos, Guillermo Quiroz —quien aparecía en medios informando sobre fiscalizaciones contra el comercio ilegal de recursos hidrobiológicos—, junto a funcionarios activos de Carabineros que proporcionaban información privilegiada sobre operativos y puntos de control.
La organización involucró también a transportistas y comercializadores que operaban como parte activa de la cadena criminal. Habría movido cerca de $9.000 millones de pesos traficando merluza austral, congrio dorado, pejerreyes y locos, recursos sobreexplotados en la zona austral. Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, cohecho, lavado de activos, falsificación de documentos e infracciones a la Ley de Pesca.
«Esta red no es solo una banda de comerciantes inescrupulosos: es crimen organizado que infiltró al Estado. Por años hemos denunciado que la pesca ilegal no destruye solamente los recursos marinos y el trabajo de las familias de pescadores artesanales; también corrompe las instituciones que deben protegerlos. Hoy tenemos la confirmación más brutal de ello», declaró Hernán Cortés, presidente de Condepp.
«Resulta absolutamente contradictorio que la derecha política haya insistido durante años en la necesidad de combatir la pesca ilegal, para que esta misma semana 24 senadores de ese sector voten en contra de levantar el secreto bancario frente a las sospechas de la Unidad de Análisis Financiero», afirmó también el dirigente.
«No se puede proclamar la lucha contra la pesca ilegal y al mismo tiempo bloquear las herramientas que permiten seguir el dinero. Esa contradicción no es menor: es política», agregó.
Propuestas
Para el presidente de Condepp, esta red «tiene todas las características del crimen organizado: estructura jerárquica, distribución de roles, corrupción de funcionarios, uso de personas jurídicas para blanquear operaciones, y una cadena logística que conecta Calbuco con Los Ríos a través de rutas nocturnas protegidas por quienes debían fiscalizarlas. Debe perseguirse como crimen organizado. Caiga quien caiga».
«El pescador artesanal trabaja con cuota, con veda, con esfuerzo y con sacrificio. No puede competir con una red que tiene a los propios fiscalizadores en su nómina. Condepp exige que este caso sea el punto de inflexión que Chile necesita para tomarse en serio el combate al crimen organizado en el sector pesquero», recalcó Cortés.
Desde el Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero proponen concretamente:
• Al Ministerio Público: Investigar a fondo a todas las personas naturales y jurídicas involucradas y calificar los hechos como crimen organizado.
• Al Gobierno: Fortalecer con urgencia los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios de Sernapesca y de los organismos de inteligencia financiera y policial.
• Al Congreso: Aprobar las herramientas legales necesarias —incluido el levantamiento del secreto bancario para la UAF— para perseguir el dinero del crimen organizado.
Seguiremos informando.
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