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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno le exigirá a Estados Unidos (EE.UU,) la entrega de cualquier activo o bienes decomisados al crimen organizado y en especial a los narcotraficantes. La mandataria fue contundente al señalar que, independientemente de la magnitud de los recursos incautados en territorio estadounidense, el destino de esos fondos debe ser México, toda vez que «el principal daño se ejerció aquí».

«Para que quede muy claro, todo lo que sea benéfico para el pueblo de México, esa es nuestra función y nuestra tarea. Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes, porque el principal daño se ejerció aquí y lo que se determina en el marco de las leyes de colaboración», expuso.

Este planteamiento surge en el contexto del caso de Ismael «El Mayo» Zambada,uno reconocido capo y cofundador del Cártel de Sinaloa. La administración mexicana ha aclarado que no posee una cifra exacta de los bienes que Washington pretende confiscar, sino que se basa en una proyección oficial.

Al respecto, la mandataria explicó que los 15 mil millones de dólares que maneja el Departamento de Justicia estadounidense representan una «estimación del daño» causado por Zambada durante décadas de actividad ilícita, y no un inventario real de propiedades o cuentas bancarias ya localizadas.

«Es una estimación del Departamento de Justicia del daño que pudo haber provocado el Mayo Zambada durante todo el periodo que ejerció como delincuente, que fue parte del tráfico de drogas”, dijo, en declaraciones recogidas por La Jornada.

Recuperación de activos y bienes incautados a narcotraficantes mexicanos

El gobierno mexicano ha diseñado una ruta de acción clara para hacer efectiva esta demanda. Sheinbaum adelantó que en los próximos días el gabinete de seguridad y la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, ofrecerán detalles técnicos sobre el significado de ese cálculo millonario, despejando cualquier confusión sobre si dichos recursos están ya bajo custodia de la justicia estadounidense.

La política de exigencia se extiende más allá de los grandes cárteles y alcanza a funcionarios corruptos. Como ejemplo de esta estrategia, la presidenta destacó la reciente recuperación de 500 mil dólares vinculados al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, quien ejerció este cargo durante el sexenio de Felipe Calderón y fue condenado en Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Omar Reyes, gestionó esta devolución, y los fondos ya están en manos del Estado mexicano para ser destinados a un fin particular que será anunciado próximamente.

Recursos para el pueblo

El mensaje central de la administración es que cualquier activo incautado debe transformarse en beneficio directo para la ciudadanía. La presidenta subrayó que la función del gobierno es velar por el interés público, y en ese sentido, la petición formal de entrega se hará «en el marco de las leyes de colaboración» internacional. Esta postura no solo busca una reparación simbólica, sino material, al reclamar que los recursos generados por actividades ilícitas en México regresen para reparar el tejido social afectado por la violencia y la corrupción.

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