El Ciudadano
Mientras la transnacional canadiense Aclara intensifica sus pasos para consolidar sus cuestionadas operaciones mineras en Chile, su división estadounidense acaba de asegurar un beneficio tributario de gran calado en el estado de Luisiana. El gobernador republicano de Luisianam Jeff Landry, reconocido por su cercanía al entorno político de Donald Trump, firmó un contrato que concede una exención del 80% en impuestos prediales para la futura planta de separación de tierras raras pesadas que la empresa planea instalar en el Puerto Vinton.
Este respaldo financiero representa un alivio de aproximadamente 20,8 millones de dólares durante los primeros cinco años de operación, con la opción de extender el beneficio por un lustro adicional.
Según reportó Resumen.Cl., el movimiento de Aclara en suelo norteamericano no es fortuito, ya que desde mediados de octubre de 2025, la empresa ya había iniciado gestiones directas con el gobernador Landry para explorar áreas de colaboración, gestiones que hoy se materializan en esta millonaria exención fiscal.
La figura del mandatario estatal resulta clave para entender el éxito de la gestión, pues su perfil trasciende lo administrativo: es un veterano militar, ex oficial de policía y un firme militante del Partido Republicano, designado recientemente como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia durante la administración Trump. Esta vinculación política de alto nivel otorga a Aclara una ventana de acceso privilegiado a los círculos de poder que definen la política energética y minera del mandatario estadounidense.
Mientras en el sur del continente la minera busca expandir sus frentes en Chile, con el cuestionado proyecto minero de tierras raras que busca instalar en los cerros de Penco-Lirquén, ,en el norte del continente su estrategia corporativa se enfoca en construir una cadena de valor integrada que conecte los depósitos de materia prima con la capacidad de procesamiento industrial.
La exención del 80% de los impuestos prediales ad valorem es un espaldarazo sustancial que reduce drásticamente la carga operativa inicial de la planta de Puerto Vinton, permitiendo a la compañía redirigir esos recursos hacia el desarrollo tecnológico y la expansión de su capacidad instalada.
La aprobación de este contrato fiscal por parte de un gobernador del círculo trumpista no solo representa un ahorro tangible, sino que envía una señal estratégica sobre el posicionamiento de Aclara en el mercado global de tierras raras.
El monto exento, que alcanza los 20,8 millones de dólares, permitirá a la empresa estabilizar su flujo de caja en la etapa más vulnerable del proyecto. La renovación por cinco años adicionales, podría aumentar el beneficio fiscal.
Kast abre las puertas al extractivismo y aprueba tierras raras pese a década de oposición territorial
Mientras tanto, en nuestro país el Gobierno de José Antonio Kast dio luz verde al extractivismo en la Región de Biobío tras aprobar durante el pasado 8 de junio el controvertido proyecto de extracción de tierras raras que Aclara Resources busca instalar en los cerros de Penco-Lirquén, pese a una década de oposición por parte de comunidades y organizaciones del territorio, debido a la amenaza contaminante que representa para la biodiversidad, el medio ambiente y los cuerpos de agua..
En medio de manifestaciones ciudadanas, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región del Biobío respaldó de forma unánime la iniciativa de la minera canadiense que contempla una intervención de más de 170 hectáreas en áreas ecológica y socialmente sensibles, además de ubicarse en zonas de regulación hídrica críticas que forman parte del sistema de drenaje natural que alimenta el Estero Penco.
Tras este respaldo, la Comisión de Evaluación Ambiental procederá a dictar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y una vez publicada dicha resolución se abrirá un plazo de30 días hábiles administrativos para la imposición de los recursos legales en contra.
Las organizaciones sociales y defensoras del medio ambiente dejaron en claro que continuarán desplegando acciones institucionales y jurídicas para impedir la instalación de la minera en el territorio
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