La migración irregular fue uno de los temas centrales del período electoral de 2025 y, como era de esperar, tras las propuestas planteadas en campaña por el Presidente Kast, el nuevo gobierno, a más de un mes de su instalación, ha comenzado a implementar diversas medidas en esta materia. Además del plan “Escudo Fronterizo”, que incluye la construcción de barreras físicas en la frontera, se han anunciado acciones para reforzar la fiscalización y sancionar a quienes contraten a migrantes en situación irregular.
En este contexto, vale la pena considerar tres elementos clave para el diseño de una política migratoria efectiva.
Primero, la migración irregular no es sinónimo de migrante indocumentado. Una persona puede ingresar por pasos no habilitados, pero también puede quedar en situación irregular por vencer su visa o por ejercer un trabajo remunerado sin autorización.
El enfoque fronterizo aborda principalmente las entradas, pero no la situación de quienes ya están en el país. Por ello, modernizar la fiscalización laboral es un avance con beneficios más amplios, en la medida en que permite ordenar el funcionamiento del mercado laboral y reducir espacios de informalidad.
Sin embargo, mientras la informalidad y el trabajo por cuenta propia permitan desarrollar actividades remuneradas fuera de la regulación, el esfuerzo será insuficiente. Esto perpetúa condiciones precarias que no benefician ni a migrantes ni a nacionales, y dificulta la construcción de trayectorias laborales más estables. En este escenario, una fiscalización bien definidas y el fomento de la formalidad deben formar parte del conjunto de herramientas disponibles.
Segundo, es positivo que se comience a pensar en acciones dentro del país y no solo en la frontera. Sin perder el foco en las preocupaciones del período electoral, una gran mayoría de los migrantes en Chile, alrededor de un 82% el 2023, según datos del INE, está en situación regular: ha cumplido, pese a procesos lentos y diversos obstáculos, con los requisitos para obtener y renovar sus visas.
Para ellos, el proceso se facilita, pero no termina. La inserción social y laboral requiere una institucionalidad que garantice acceso oportuno a trámites de visado, reconocimiento de credenciales educacionales y protección contractual. También exige reducir tiempos de espera y dar mayor certeza a los procesos migratorios, aspectos que hoy siguen siendo una fuente relevante de fricción.
Reducir estas barreras es de beneficio mutuo: mejora las condiciones de los migrantes, fortalece su contribución al país y facilita su inserción en empleos formales. Además, constituye un incentivo concreto para la formalización y el cumplimiento de las reglas.
Tercero, el control fronterizo no debe reemplazar, sino complementar, una política migratoria clara que incluya visados y procedimientos ágiles. Procesos más expeditos reducen los incentivos a la irregularidad y eliminan trabas innecesarias, especialmente cuando permiten responder de mejor manera a la demanda laboral.
Un sistema de visados que considere las necesidades de distintos sectores y regiones, y que permita atraer a migrantes con voluntad de integrarse, actúa en la misma dirección. Esto no solo ordena los flujos migratorios, sino que también contribuye a una mejor asignación de capacidades en la economía.
Este es un buen momento para modernizar herramientas y procesos, en beneficio directo de migrantes, sus familias, incluidos quienes nacieron en Chile, y del país que los recibe.
Reducir la migración irregular no se resuelve solo en la frontera, sino también en la capacidad del país de fortalecer su institucionalidad, promover la formalidad y alinear los incentivos para una integración efectiva.
Por José Tessada, profesor asociado, Facultad de Economía y Administración UC, y Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo, Centro de Políticas Migratorias
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