El Ciudadano
Bajo un operativo desplegado para contener a los manifestantes que se congregaron frente al Congreso bajo la consigna “La Ley de Glaciares No Se Toca”, la Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción a la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. La medida, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y resistida por organizaciones ambientalistas, expertos en recursos hídricos y la mayoría de los bloques opositores, representa un retroceso ambiental y un giro en la política de protección de los reservorios de agua dulce del país austral.
El resultado de la votación, que se extendió más allá de la medianoche, fue de 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, por lo que la normativa que redefine el alcance de las zonas periglaciares para permitir el avance de proyectos mineros logró ser aprobada.
Adiós a las «reservas estratégicas»
El cambio fundamental introducido por la nueva legislación modifica el corazón de la ley original, que fue aprobada en 2010 y considerada pionera en Latinoamérica, Hasta ahora, la norma protegía a todos los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, la generación de energía y la investigación científica”, prohibiendo cualquier actividad minera o industrial o el vertido de contaminantes que pudiera dañarlos.
Con la reforma, esa protección se reduce drásticamente: solo quedarán bajo tutela aquellos glaciares que acrediten un “aporte hídrico relevante y comprobable” a las cuencas, según consignó Página/12.
En la práctica, esta modificación deja fuera del amparo legal a una enorme cantidad de formaciones de hielo menores, glaciares de escombro y zonas periglaciales que cumplen un rol crucial en la regulación del agua subterránea y el equilibrio climático. De esta forma, se levanta la veda para que proyectos mineros, especialmente de la industria metalífera a cielo abierto como el litio y el cobre, puedan avanzar sobre estos territorios.
Los bloques opositores y las ONG ambientalistas rechazaron la iniciativa, advirtiendo que deja sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas esenciales para la biodiversidad, el equilibrio climático y el consumo humano.
Aacusaciones de «farsa», «saqueo» y lobby minero
El debate en el recinto fue tenso y estuvo marcado por las denuncias de presiones externas. El primero en tomar la palabra fue el diputado libertario y presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, José Paluc, quien defendió el trámite previo del proyecto.
En una intervención breve y sin entrar en detalles técnicos, Paluc se enfocó en justificar la audiencia pública realizada días atrás, a la que calificó como un hito democrático.
Sin embargo, esta visión fue inmediatamente desmentida por la oposición. La diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, calificó el proceso como una simulación y puso el foco en las presiones del sector extractivista.
Destacó que la ley vigente no presenta vacíos legales, fue ratificada en su constitucionalidad por la Corte Suprema y que la modificación responde a intereses de las empresas mineras.
“Para tomar decisiones se basarán más en criterios políticos que en criterios científico«, afirmó, al tiempo que desmintió que la normativa actual sea antiminera.
«La Cámara Argentina de Minería reconoce el crecimiento exponencial», recordó.
«Milei fue elegido por las corporaciones para un saqueo rápido»
Uno de los momentos más álgidos llegó con la intervención de la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien no solo atacó el contenido de la ley, sino que apuntó directamente contra el modelo económico del gobierno libertario.
“El oficialismo busca aprobar la iniciativa para lograr un saqueo rápido. Desde el Frente de Izquierda tenemos memoria, los pueblos tienen memoria y se van a acordar de la entrega infame de este modelo. Milei tiene claro que fue elegido por las corporaciones para un saqueo rápido”, aseveró.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, buscó desarmar la narrativa oficialista que presenta al peronismo como un obstáculo para el desarrollo. Martínez recordó que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el que sancionó la ley original en 2010, pero aclaró que esa norma nunca fue un freno a la actividad minera responsable.
“Estamos a favor de la protección de los glaciares y las áreas periglaciares. La ley de 2010 permitió el desarrollo minero. Hay que salir de falsas antinomias, el peronismo hizo más que nadie para que el desarrollo productivo vaya de la mano con la protección ambiental, dijo-
Por su parte, la diputada Lucía Cámpora fue más allá y calificó la audiencia pública de “bochornosa” y vinculó la reforma con las exigencias de organismos internacionales de crédito. Cámpora señaló que el verdadero trasfondo de la medida responde a un plan del Fondo Monetario Internacional (FMI) «que plantea una triple flexibilización: laboral, ambiental y económica”.
Uno de los votos más significativos de la oposición fue el del experimentado diputado Miguel Ángel Pichetto, del bloque Encuentro Federal, quien calificó la ley imopulsada por Milei cono «un retroceso«,
«No hay ningún elemento nuevo (…) se abre un camino peligroso para el pueblo argentino«, advirtió.
«Ley de entrega del agua y las megaminerías»
La crítica desoladora provino del diputado santacruceño Juan Carlos Molina, quien es sacerdote. Molina rebautizó simbólicamente la iniciativa y pintó un panorama sombrío de lo que viene para las provincias con menos recursos.
“Esta ley debería llamarse ‘ley de entrega del agua’ y ‘ley de las megaminerías’. La norma promoverá una competencia entre las provincias para ver quién entrega primero sus glaciares, en busca de recursos económicos”, aseveró, citado por Página/12.
Con el resultado de la votación, el gobierno de La Libertad Avanza logró consolidar una alianza fáctica con el provincialismo minero y los sectores del PRO y la UCR más alineados con los intereses de las grandes corporaciones extractivistas, dejando en evidencia que la protección de los recursos hídricos no figura dentro de la agenda de Milei.
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