El Ciudadano
El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, eliminó el respaldo estatal que garantizaba los pasajes gratuitos de larga distancia para personas con discapacidad, trasplantados, pacientes en lista de espera y niños con cáncer.
A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, la administración del denominado «libertario» derogó el régimen de compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de micros desde 2018 para cubrir el costo de esos boletos obligatorios por ley. Bajo el argumento de la “simplificación normativa”, el mandatario de ultraderecha trasladó toda la carga financiera a los privados.
La medida se ampara en el Decreto 883/2024, que desreguló el transporte automotor interjurisdiccional y estableció la “libertad tarifaria” para que las compañías fijen precios y recorridos sin intervención estatal.
Según el argumento planteado por Milei esa desregulación “superó” la causa estructural que justificaba el subsidio. Aunque en la normativa se plantea que el derecho a la gratuidad “permanece plenamente vigente y exigible” frente a las empresas, en las terminales de ómnibus la historia es otra: el sector empresarial, asfixiado por la falta de pago estatal,» ya comenzó a retacear los cupos y a poner trabas para la entrega de esos pasajes«, consignó El Destape.
Durante el gobierno de Milei precio del boleto mínimo de colectivo se ha multiplicado hasta 16 veces
Esta cuestionada medida no se registra de la noche a la mañana, ya desde que el «libertario» asumió la Presidencia de Argentina en diciembre de 2023, el boleto mínimo de colectivo se ha multiplicado hasta dieciséis veces, con incrementos que alcanzaron el 1545% en algunas jurisdicciones.
Mientras las tarifas del transporte volaron por encima de cualquier índice de precios, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió un 43% de su poder adquisitivo real.
El resultado es que los hogares de menores ingresos destinan actualmente el 17,3% de su salario solo para movilizarse, cuando a finales de 2023 apenas destinaban el 2,6%. En ese contexto, eliminar las compensaciones a los pasajes gratuitos equivale a dejar a miles de familias sin posibilidad real de trasladarse para realizar tratamientos médicos o trámites esenciales, reportó El Destape.
Pero lo más grave es que la resolución ignora un antecedente judicial reciente. En noviembre de 2024, ante la negativa de varias empresas de entregar pasajes gratuitos argumentando la desregulación, el Juzgado Federal número 11 dictó un fallo tajante: ordenó mantener la gratuidad y exigió explícitamente al Estado que continuara abonando las compensaciones económicas a los transportistas.
La Justicia fue clara al señalar que el Poder Ejecutivo debía buscar los mecanismos para cumplir con la normativa vigente. Sin embargo, la administración libertaria decidió avanzar igual, en un nuevo gesto de desprecio hacia los sectores más vulnerables.
Bajo la lógica del mandatario de ultraderecha, los operadores privados deberán “internalizar dentro de su estructura de costos” las obligaciones legales. Bajo este planteamiento, Milei transfiere responsabilidades del Estado a manos privadas, en un escenario de crisis económica. El resultado es previsible: las empresas, sin el respaldo estatal, reducirán cupos e impondrán obstáculos para que personas con discapacidad, niños con cáncer y familias puedan trasladarse.
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