El Gobierno argentino comprometió el 10 por ciento de los fondos que logró de la privatización de empresas públicas a la adquisición de armamento y a equipar el sistema de defensa, informó el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, a un día de que el país conmemorara el 50º aniversario del golpe de Estado que dio origen a la dictadura (1976-1983).
«El 10 por ciento de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones serán destinados a compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional», anunció este miércoles el jefe del Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
Con esta decisión, el Gobierno pretende reacondicionar a las Fuerzas Armadas con lo recaudado en privatizaciones, venta de terrenos y otros activos del Estado.
Tras reafirmar «la condena (…) al golpe (…) y a la violencia ejercida desde el Estado durante la última dictadura», el jefe de Gabinete señaló que «para cerrar ese capítulo», el país debe «revisar la forma en la que se ha abordado los años 70 y su legado».
La actual gestión defiende que desde la asunción del Gobierno peronista de Néstor Kirchner (2003-2007), hubo una «construcción sesgada y revanchista que ha dificultado cerrar la herida nacional».
Según el Gobierno que preside Javier Milei, «desde el retorno de la democracia, fue política de Estado desfinanciar el instrumento militar para neutralizar a las Fuerzas Armadas como actor político y asegurar la estabilidad democrática».
Si bien «esto pudo estar justificado en las primeras décadas», a 50 años del golpe de Estado, «el resultado son fuerzas mal pagas e insuficientemente equipadas para hacer frente a los desafíos del presente», según Adorni.
«Las Fuerzas Armadas ya han demostrado ser democráticas», por lo que «es hora de reconstruir el instrumento militar y colocarlas en el lugar en que cualquier nación madura y seria tiene», manifestó el jefe de Gabinete.
Por ello, «sin renunciar al equilibrio fiscal», el Gobierno se comprometió a una «sostenida reconstrucción del instrumento militar», reafirmó el funcionario.
«Es de interés nacional y tiene que estar más allá de cualquier ideología», añadió el jefe de Gabinete.
La decisión del Gobierno de asignar el 10 por ciento de la venta de bienes públicos a las Fuerzas Armadas puede entrar en conflicto con la Ley de Administración Financiera, que estipula que los recursos con un destino específico deben establecerse por ley.
Con el Presupuesto 2026 que presentó y que sancionó el Congreso, el Gobierno actual retiró las asignaciones automáticas que tenía el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado en 2020 para reacondicionar el sistema militar.
La vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, denunció al exministro de Defensa y actual diputado Luis Petri por desfinanciar la obra social de las Fuerzas Armadas, que brinda cobertura de salud y farmacéutica a sus agentes.
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