El Ciudadano
El nuevo reglamento exige tres días de oficina obligatorios y prohíbe cuidar a los hijos o hacer labores del hogar durante la jornada en casa.
La Subsecretaría de Energía publicó una nueva normativa para el trabajo a distancia que, lejos de facilitar la vida familiar, establece un control estricto que afecta directamente a las funcionarias con hijos. Aunque el documento dice que las tareas de cuidado son una «prioridad» para elegir quién se queda en casa, en la práctica se imponen condiciones que harían al beneficio una carga difícil de llevar.
El primer gran obstáculo es el sistema de selección, pues el Ministerio deja claro que tener hijos menores de 14 años no asegura el derecho a teletrabajar, sino que es solo un factor que el jefe debe «ponderar». Esto significa que la decisión final queda bajo el criterio de la jefatura de turno, quien puede rechazar la solicitud si considera que el cargo es «estratégico» o requiere presencia física.
En conversación exclusiva con El Ciudadano, un funcionario del interior del ministerio —quien solicita reserva de su identidad— denuncia que el espíritu de la normativa cambió drásticamente respecto a años anteriores. «Había un protocolo anterior que establecía la posibilidad de que todos los funcionarios pudiesen postular y luego seleccionar de acuerdo a puntaje. Ahora esto fue borrado por la nueva resolución», asegura, añadiendo que el sistema actual está diseñado para que en el ejercicio no se pueda acceder al beneficio.
Para quienes logran el permiso, el esquema «3×2» obliga a ir tres días a la oficina y solo dos a casa, pero prohíbe que esos dos días sean seguidos o que caigan lunes y viernes. Para las personas que necesitan organizar los traslados escolares o el cuidado de sus hijos, esta fragmentación de la semana laboral impide una planificación real y efectiva del tiempo familiar.
La crítica más fuerte recae en que el reglamento exige que los funcionarios estén 100% dedicados a la pantalla, ya que queda prohibido realizar «labores domésticas o de transporte de terceros» durante el horario de conexión. Incluso, el seguro de accidentes no cubrirá a los funcionarios beneficiados si se lesionan por obligaciones domésticas, considerándolo una falta a sus deberes. Sobre este punto, el trabajador anónimo denuncia una restricción masiva de los cargos aptos, ya que «ahora eligieron solamente 37 perfiles teletrabajables, dejaron afuera a todas las regiones».
Otro golpe para las trabajadoras es la exclusión de quienes reciben el beneficio de sala cuna o jardín infantil del Ministerio, porque el protocolo impide que una madre use el teletrabajo si ya tiene estas ayudas. Esta falta de flexibilidad ignora que, muchas veces, el teletrabajo es la única forma de complementar el cuidado cuando los horarios de los jardines no coinciden con las largas jornadas laborales.
Al respecto, el denunciante señala un sinsentido en la asignación de puntajes, explicando que «si tengo el beneficio de jardín no puedo optar, pero si no lo tengo, tampoco obtengo puntaje porque las bases dicen que solo se da para niños mayores de dos años. Mediante la ley no podremos tener teletrabajo». Según el funcionario, esto contradice el discurso del Gobierno sobre potenciar a la familia y la ley de conciliación.
El reglamento también impone una carga de vigilancia, ya que los trabajadores deberán enviar informes detallados cada mes y, si no están disponibles para una videollamada inmediata, pueden perder el beneficio. Además, si el jefe lo decide por una «emergencia», los trabajadores deben presentarse en la oficina, ya que la «continuidad del servicio» manda sobre el cuidado. Esta situación se da en un contexto de «constante persecución de la nueva autoridad” que ya viene con el temor del 10% de trabajadores que fueron desvinculados a principio de abril, lo que genera angustia y afecta la dignidad funcionaria.
Finalmente, este permiso es totalmente revocable y se puede cancelar por «razones de buen servicio» debidamente justificadas por la autoridad. Con esto, el Ministerio de Energía mantiene a las funcionarias y funcionarios en una situación de incertidumbre constante. Lo que se presenta como una ayuda para conciliar la vida laboral y familiar, termina siendo un sistema de vigilancia hacia las personas que trabajan y cuidan al mismo tiempo.
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