El Ciudadano
Ministro Barros califica de «riesgo para el país» el Convenio 169 de la OIT y la Ley Lafkenche y pide «deshacerse» de ellos
El ministro de Defensa, Fernando Barros, planteó en una entrevista con DF MAS que Chile debería «deshacerse» del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Ley Lafkenche, argumentando que estas normativas representan «un riesgo para el país» al establecer diferencias de trato entre los ciudadanos. El secretario de Estado aseguró que dichas disposiciones tensionan el principio de igualdad y reviven debates ya zanjados.
Bajo una evidente aberración jurídica, sesgo y discriminación, el ministro afirmó que «Chile es uninacional y el concepto de la plurinacionalidad, que fue rechazado mayoritariamente, no ha pasado como riesgo porque está presente en un factor de división entre los chilenos en el Convenio 169, que nace de la OIT«, señaló Barros, criticando que el tratado genera que «los chilenos no somos todos iguales, no somos una nación». En la misma línea, apuntó contra legislaciones locales que, a su juicio, siguen esta misma matriz.
«Para mí, el Convenio 169, la Ley Lafkenche y una serie de otras disposiciones legales que salen de esa visión de conflicto entre las personas son un riesgo para el país«, enfatizó Barros, advirtiendo que los tratos diferenciados por origen étnico representan una preocupación directa y tangible en materia de Defensa. Al abordar la viabilidad de abandonar el tratado internacional, el titular de la cartera sostuvo que «sí, es factible, hay formas de salirse«.
Alvarado descarta cambios al Convenio 169
Las declaraciones del ministro Barros generaron una rápida reacción desde diversos sectores políticos, incluyendo desde el propio Ejecutivo.
El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, aseguró en Mesa Central de Canal 13 que el gobierno respeta íntegramente el convenio vigente y descartó que exista intención de modificar la posición de Chile al respecto. «Es un convenio que tiene Chile suscrito hace muchos años, que fue validado en el Parlamento en el año 2008-2009«, explicó Alvarado.
El biministro agregó que él mismo había votado a favor de la incorporación de Chile al convenio y recalcó que actualmente se encuentra plenamente vigente. Ante la pregunta directa sobre si estaba dentro de los planes del Gobierno abandonar el acuerdo, Alvarado fue enfático: «no vamos a innovar en la materia«. Con esto, el ministro del Interior marcó distancia de la propuesta de su par de Defensa.
El escándalo del documento secreto con EE.UU. y el peligro para la soberanía de Chile
La polémica por los dichos de Barros y la aberración jurídica planteada, sucede tras la controversia generada por un documento secreto de cooperación policial y militar con Estados Unidos que el ministro de Defensa suscribió a 24 horas de haber asumido el cargo.
El texto fue firmado por Barros y el subsecretario interino del Departamento de Guerra, Joseph Humire, y fue publicado por el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, en su cuenta de X.
«El asunto no es menor porque de acuerdo al texto, habría colaboración de las policías chilenas y las Fuerzas Armadas de Chile con entidades policiales, militares y de Inteligencia de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico, el terrorismo y amenazas compartidas por los dos países. El documento firmado por el titular de Defensa era desconocido en el país«, destacó El Siglo.
En el documento se señala «ampliar la colaboración multilateral y bilateral para fortalecer la seguridad en el hemisferio occidental» y la cooperación «en materia de seguridad fronteriza, la lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico, la protección de infraestructuras críticas, y otras esferas que se determinen mutuamente«.
El contenido del acuerdo abre interrogantes sobre sus alcances concretos: no especifica quiénes serían los «narcoterroristas», cuáles serían las amenazas a intereses comunes ni qué implica defender infraestructura crítica en Chile que le interese a Estados Unidos. La falta de información pública sobre estos aspectos adquiere especial importancia considerando que el documento no se limita a expresar una voluntad general de cooperación, sino que propone ampliar la coordinación bilateral y multilateral en distintas áreas de seguridad.
¿Qué es el Convenio 169 de la OIT y la Ley Lafkenche?
El Convenio 169 de la OIT, adoptado en 1989, es el tratado internacional que establece el piso mínimo de derechos fundamentales y colectivos para los pueblos indígenas y tribales.
Al ser jurídicamente vinculante, los Estados que lo ratifican están obligados a cumplir estas normas y no pueden aplicar leyes que debiliten los derechos aquí establecidos. Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT el 15 de septiembre de 2008 y entró oficialmente en vigencia el 15 de septiembre de 2009.
Dicho tratado, ratificado por la mayoría de países democráticos con población indígena, busca mayor igualdad entre componentes de la sociedad, que históricamente han sido excluidos, negados y despojados de sus derechos, como consecuencia de la colonización o neocolonización.
El Convenio 169 de la OIT en ninguna de sus partes promueve el separatismo dentro de un Estado. Dentro de sus normas establece ciertas directrices básicas: Consulta indígena, mediante procedimientos apropiados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles. También garantiza la participación, reconociendo su derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo y a involucrarse en las decisiones que impactan sus vidas. En materia de no discriminación, exige adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones y bienes de estos pueblos frente a prácticas discriminatorias. Sobre tierras, reconoce los derechos de propiedad y posesión sobre los territorios que tradicionalmente ocupan, incluyendo el uso de los recursos naturales presentes en ellos. En el ámbito de cultura y educación, obliga a los Estados a respetar la integridad de sus valores, prácticas, idiomas y religiones, así como a garantizar programas educativos acordes a sus necesidades. Por último, establece el acceso a servicios de salud adecuados y medidas para garantizar condiciones de trabajo justas, superando la explotación laboral histórica.
Por su parte, la Ley N° 20.249, conocida como Ley Lafkenche, reconoce y protege los derechos de uso consuetudinario de los pueblos originarios sobre el borde costero y el mar, creando los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) , que son porciones de mar y costa entregadas en administración a comunidades indígenas, sin ser propiedad ni concesiones exclusivas, y con un espíritu inclusivo que busca la participación de todos los actores costeros, luego de años de tramitación, muchas de las cuales han sido rechazado por criterios políticos por parte de autoridades.
Ambas normativas son blanco de una campaña de desinformación por parte de ciertos sectores que buscan su desmantelamiento.
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